CHILPANCINGO.- En febrero de 2020, México fue noticia mundial. Un grupo de niños tomó las armas para enfrentar a la delincuencia que operaba en la Montaña de Guerrero. Estos menores pertenecen a las comunidades de Chilapa, Acotapaxtlán y Ayahualtempa, sumidas en la pobreza y la inseguridad. Eran alrededor de 30 y sus edades rozaban entre los 6 y los 11 años.
La inacción del gobierno forzó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a armar con fusiles a estos niños para combatir al crimen organizado que opera en sus comunidades. Los infantes fueron uniformados para ser identificados como parte de las autodefensas. En imágenes que dieron la vuelta al mundo se les puede ver con paliacates que cubren parte de sus rostros, playeras verde olivo, gorras negras, pantalón de mezclilla y un arma de fuego.
Bernardino Luna, consejero e integrante de la Policía Comunitaria, dijo que la preparación desde la infancia es crucial para defenderse.
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“Nosotros los preparamos porque en cualquier momento, como estamos rodeados de este grupo delictivo, nos pueden agarrar, secuestrarnos, desaparecernos, asesinarnos y los niños no van a saber defenderse; entonces, eso también es la mentalidad de que nosotros tratamos de enseñar a los niños, no es como dice el presidente de la República que estamos preparando sicarios, sólo se les está enseñando a manejar las armas para defenderse, y aparte de eso se les enseña también a trabajar el campo”.
Algunos de estos niños son huérfanos, no tienen quien los cuide, su familia fue asesinada por delincuentes que operan en la impunidad. Cambiaron sus juguetes, como cochecitos, por un rifle por una pistola. Según los fundadores de las autodefensas, los menores tenían que apoyar en las tareas de seguridad, pues a pesar de que han pedido ayuda a las autoridades, no les han hecho caso. El gobierno federal se comprometió a darles becas y construirles escuelas y centros de salud. A tres años no hay nada.
“El gobierno no nos ha cumplido. Le pedimos ayuda contra los grupos y no la ha prestado. Le pedimos maestros de secundaria, porque no podemos salir del pueblo, y no han llegado. Nuestra tarea es cultivar el campo, si no quiere que nos armemos, que nos dé seguridad”, dijo Bernardino Luna.
El fenómeno de los niños armados estalló cuando en enero de 2020, el grupo delincuencial Los Ardillos asesinó de manera brutal a 10 músicos indígenas en Chilapa. La Fiscalía de Guerrero informó que 6 sicarios interceptaron a los músicos en el camino de Mexcalzingo-Tlayelpan, los bajaron y los asesinaron con cuchillos. Luego prendieron fuego a los cadáveres.
El caso de los niños que dejaron los soldados de juguete y optaron por serlo en la vida real resonó en una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es una causa justa, pero no justifica el uso de menores, no con más violencia”, dijo el mandatario.
Afirmó que la Guardia Nacional ya estaba actuando, que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial y la calificó como un error haberlo alentado porque la seguridad pública corresponde garantizarla al Estado.
“Y no es un asunto fácil, en esa zona ha habido muchos asesinatos, asesinatos de dirigentes, ahí han asesinado compañeros que yo conocí desde hace muchos años en esa región, luchadores sociales. Y estamos trabajando, pero no es así, no es con violencia, mucho menos enfrentando o utilizando a los niños”.
NIÑOS AUTODEFENSAS EN LA GUERRA CONTRA EL NARCO
Juan Martín Pérez García es defensor de derechos humanos, especialmente de los derechos de la infancia y poblaciones callejeras. Es psicólogo egresado de la UNAM y actualmente es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Él ha mostrado y expresado su preocupación ante esta situación.
En entrevista con La Silla Rota, menciona que este fenómeno es producto de la militarización que ha registrado el país en los últimos tres sexenios.
“Precisamente esto fue advertido desde el inicio de que (Felipe) Calderón, en 2006, sacó a los militares a la calle y declaró la guerra a los cárteles. También esto se dio con (Enrique) Peña Nieto y aunque fue promesa de campaña del señor (Andrés Manuel) López Obrador, pues traicionó propiamente sus palabras y militarizó más el país y, obviamente, pues se han extendido los efectos”.
“Entonces, cuando digo que es resultado es porque precisamente esta militarización ha llevado a que los grupos criminales también desaten el control territorial, el armarse o tener ejércitos privados, y los crímenes de alto impacto como una manera de demostrar el poder y el control territorial”, explica.
Pérez García menciona que después de que sucedió la masacre de los músicos en la Montaña de Guerrero, lo primero que se hizo en la comunidad de Chilapa fue presentar a las viudas armadas. Fue en ese momento en que también presentaron a los niños, aunque esa ocasión no estaban armados, solo tenían un palo de madera simulando ser una escopeta. Ese fue el objetivo para llamar la atención a nivel nacional e internacional, la comunidad pidió ayuda de esta manera, sin embargo, nunca recibieron ningún apoyo.
Es en febrero de 2020 cuando se presentan por primera vez a niños armados, uno de ellos, incluso, hace un disparo simbólico al cielo. A partir de ese momento, el considera el especialista, se “violan sus derechos humanos (de los niños) y los usos y costumbres de una comunidad nunca puede estar por encima de los derechos humanos”.
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Juan Martín Pérez no tiene el registro de que estos niños hayan participado en algún ataque armado o, incluso, que alguno de ellos haya muerto.
“Ninguna acción de combate y de eso tenemos no solamente la verificación con la información de las organizaciones, también con las CRAC, pero sin el compromiso de que no van a ser expuestos los niños a ninguna acción armada. Sigue siendo claramente un performance. Por supuesto que, pese a eso, no es justificable de ninguna manera y las agresiones hasta donde tenemos registro en esa zona han sido contra personas adultas, hombres fundamentalmente”, dice el defensor de derechos de los niños.
LOS ARDILLOS, EL GRUPO QUE CONTROLA LA MONTAÑA
Se tiene registro que el grupo criminal de Los Ardillos existe desde hace casi 20 años en la región. Esta célula armada fue integrada por la familia del expolicía rural Celso Ortega Rosas, mejor conocido como “La Ardilla”. Dentro de ellos también estaban, por lo menos, tres de sus siete hijos.
Los Ardillos alcanzaron gran nivel de poder al grado que se colocaron dentro de los grupos que controlaban el trasiego de droga desde la montaña de Guerrero a estados del centro y la frontera norte del país.
Esta logística no pudo haberse hecho solamente con este grupo local, por lo que se presume que hicieron alianzas con otras células criminales, una de ellas el cártel de los Beltrán Leyva. Según reportes de inteligencia, Los Ardillos compraron policías, autoridades municipales y otros actores políticos relevantes en Guerrero.
Según los pobladores de Chilapa, en 2015, unas 30 personas desaparecieron entre el 9 y 14 de mayo de ese año. Las notas periodísticas y testigos señalan que alrededor de 300 ardillos perpetraron un ataque en el poblado y se llevaron a quienes los habían identificado. Cabe destacar que este poblado sirve de paso para ir a los cultivos de amapola que se siembra en las montañas.
Se tiene conocimiento que Los Ardillos combatieron a los Los Rojos, quienes también fueron acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las pugnas eran por querer tener el control de la venta y producción de droga, cobro de piso, la piratería y el secuestro.
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En 2008, Celso Ortega Rosas, fundador de Los Ardillos, fue apresado. Tres años después fue liberado, pero en ese mismo año fue asesinado. Este crimen pareció no importar mucho, toda vez que en 2014, Los Ardillos, tomaron más fuerza en sus actividades delictivas.
Apenas en febrero de 2023, la secretaría de la Marina detuvo en Puebla a José B., miembro de Los Ardillos. Dicha persona era un objetivo prioritario del gobierno federal. Fue aprehendido a bordo de un Mercedes Benz C350 sobre la carretera Puebla-Tehuacán, en compañía de una mujer.
ARMAS POR LIBROS
A mediados de marzo de 2023, 60 niños indígenas de la comunidad Ayahualtempa, 3 docentes y el director de la telesecundaria Independencia de México, hicieron una marcha en esa comunidad guerrerense para denunciar que el presidente Andrés Manuel López Obrador había incumplido su palabra. A tres años de la aparición de los 30 niños armados, nunca llegaron becas, ni se construyeron escuelas, ni centros de salud. Es decir, no cumplió el dejar las armas a cambio de un libro.
Señalaron que en estos tres años ya todo estaba listo para desarmar a los niños, incluso la comunidad había donado un predio para la construcción de una escuela telesecundaria. Sin embargo, en el lugar se toman clases, pero al aire libre, porque no se ha construido nada. Además, carecen de lo más esencial, como un pizarrón. Los niños siguen sin estudiar.
Pérez García considera que uno de los reclamos centrales que debieron haber sido atendidos por las autoridades federales era la construcción de la escuela, ya que los niños no pueden estudiar por los episodios violentos que generaban Los Ardillos.
“Por lo que vimos en esta manifestación del 16 de marzo, nos vuelven a dejar un poco el retrato de la crisis institucional de derechos humanos que tiene el estado mexicano, porque ya no tiene la capacidad y, agregaría, ni la voluntad de proteger la vida y la integridad de sus habitantes”, critica.
Los infantes y docentes continúan sin lo necesario para poder seguir aprendiendo mientras el gobierno estatal y federal continúan atendiendo otros asuntos y dejan descobijados a los niños y jóvenes que lo único que quieren es aprender y dejar que la inseguridad y la violencia la atiendan las fuerzas del orden.
MACROCRIMINALIDAD, LOS TENTÁCULOS EN EL GOBIERNO
Durante la entrevista, Pérez García expone el concepto “redes de macrocriminalidad”, en las que están implicados grupos delictivos, funcionarios del gobierno estatal y federal e, incluso, gente del mundo empresarial que lava dinero o financia operaciones criminales para generar fortuna ilícita. “Estas redes de macrocriminalidad tiene capturadas a las instituciones”.
El especialista menciona que la triada de impunidad, corrupción y debilitamiento de las instituciones hacen que estas redes de macrocriminalidad se articulen y convivan de manera armónica, porque se tiene un interés en común, lo cual es la obtención de dinero ilegal.
“(…) entonces tiene esa función en grupos criminales que operan en el territorio, venden drogas, extorsionan y que pagan una protección a los militares, a la policía federal (actualmente Guardia Nacional), los que sean, y a su vez le pagan el ministerio público, le pagan a los jueces y los gobiernos municipales. Ya capturados hace bastante tiempo por estos grupos criminales, deciden quién es el secretario de seguridad pública municipal, que es a su vez el que tiene o elige entre comillas, a la policía, que la gran mayoría de los casos son los propios sicarios. Y esto es un tema que ya pasa en todo el territorio nacional, pero todo esto es lo que tiene de por medio: dinero”, explica.
Todo este conjunto de actividades de corrupción, impunidad, acuerdos, dedazos y otras prácticas delictivas hacen que la figura del estado mexicano se fracture y pierda las funciones esenciales, lo que desemboca en una violación de derechos.
RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, URGE TIPIFICARLO COMO DELITO
En febrero pasado, diputadas del Congreso de Guerrero se reunieron con integrantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para analizar la posibilidad de tipificar como delito el reclutamiento de niños y jóvenes en la delincuencia; sin embargo, el tema se mantiene en la congeladora.
“El 4 de marzo de 2011, el comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió recomendaciones al estado mexicano y una específicamente fue la tipificación de este delito, porque ahora es impune y si se necesita tipificar esto es urgente, el tipificarlo no significa que cambie la realidad, significa que institucionalmente se tendría que destinar acciones de Estado”, recuerda Pérez García.
Subraya que otorgar una beca o un apoyo social a la población más necesitada no soluciona el problema de la inseguridad y la violencia, ya que esto solo sirve “para conseguir votos, pero no para resolver los temas de reclutamiento”.
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Las comunidades en Guerrero continúan a su merced, siguen siendo acechadas por grupos delincuenciales, la violencia continúa y, sin embargo, no se han tomado acciones concretas, únicamente se han quedado en promesas. Los niños armados siguen siendo algo preocupante, ya que ellos se encuentran en un proceso de crecimiento y, según el especialista, desde el marco psicológico están asociando las armas con algo bueno y positivo.
“El reclamo legítimo y justo de estos niños en contra del presidente es porque expresamente, como lo hace siempre, se compromete a todo y como lo hace siempre miente y no cumple, pero es legítimo ese reclamo, pero hay que entender que el estado mexicano no es un señor en el Palacio que miente sistemáticamente, el estado mexicano son instituciones”, critica el experto.