TUXTLA GUTIÉRREZ.- Por defender a compañeros que fueron retenidos en una comunidad del municipio de Altamirano en 2022, alrededor de 200 trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número III fueron cesados de sus puestos por la secretaría de Salud de Chiapas y, hasta la fecha, continúan en la incertidumbre.
Mauricio Jiménez Ruiz, trabajador de esa dependencia desde 2011 y quien en la actualidad se desempeña en el área de Recursos Humanos, recordó que el problema comenzó a raíz de un paro laboral, el 27 de septiembre del año pasado, por parte del Sindicato de la Sección 50, ante la retención de 3 compañeros en la comunidad Amparo Aguatinta, municipio de Altamirano.
Por ello, dijo, acudieron en su apoyo, pues las autoridades los habían ignorado, pese a que los retenidos eran forzados a hacer labores comunitarias.
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Lo más lamentable, reveló, es que dos días después de que se sumaran al paro, les comenzaron a aplicar descuentos vía nómina, “sin importarles que cuando hay una falta, tenemos cinco días para justificarla, periodo que no nos dieron”.
Una vez que el paro culminó, el 24 de noviembre, subrayó que la mayoría de empleados se reintegraron a sus áreas laborales, pero al menos 250 compañeros fueron cesados. Incluso, a los mismos, se les debe parte de sus aguinaldos y quincenas “caídas”.
“Sólo 60 quedamos activos, terminamos el contrato, nos pagaron todo, pero a los demás no les dieron nada, ninguna indemnización, ni gratificación”, apuntó.
Sin embargo, contó, la incertidumbre se mantiene porque hasta la fecha no se sabe si en verdad están cesados o desde qué fechas, es decir no han recibido una notificación. El problema es mayor porque algunos de ellos hicieron préstamos bancarios o ante el ISSSTE, pero no lo pueden resolver porque requieren de una hoja de cese para comprobar que, efectivamente, no están en labores, puntualizó.
UNA “TOMADA DE PELO”
El pasado 22 de diciembre, los afectados acudieron a una mesa de negociación con el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, quien les prometió que el 9 de enero de este año podrían retornar a sus trabajos.
Sin embargo, dijeron que sus puestos ya estaban ocupados por otras personas, y sólo el 40 por ciento de quienes fueron “despedidos” pudieron retornar.
Lo más lamentable, expusieron, es que esto les ha generado consecuencias a muchos de ellos, pues hay gente con discapacidades o con enfermedades, como cáncer u otros problemas, “además de que afectan a sus familias, pues no las pueden proveer”.
Por su parte, Daniela Renata Fernández Solís, médico de profesión adscrita al Centro de Salud de Amparo Aguatinta, recordó que sus compañeros fueron retenidos en esa ocasión por compartir un “meme” que no le gustó a la comunidad.
De hecho, mencionó que los mantuvieron 15 días en la cárcel, con limitaciones de comida y agua, “los pusieron a lavar los baños de la cárcel y del parque, a barrer calles, a sembrar arbolitos y luego los obligaban a desenterrarlos, a sacar piedras… puro trabajo forzado”.
Tras advertir que por ello se unieron al paro de septiembre, la trabajadora aseveró que, además, las familias de los retenidos pagaron 80 mil pesos a los comuneros para que los liberaran.
Señaló al director y a la administradora de la clínica de ese lugar de actuar de una forma displicente, al asegurarles que no apoyarían a los compañeros.
“Lo más curioso de esto es que, hasta la fecha, los talones de cheque aún aparecen a nombre de todos los que estamos cesados, es decir los sueldos se siguen pagando, pero no recibimos nada”, denunció.
UNA ORGANIZACIÓN LOS COBIJÓ
Daniela Fernández lamentó que, en estos momentos, ella y otros compañeros sean víctimas de hostigamiento y amenazas de las autoridades, cuando lo único que solicitan es regresar a trabajar.
Ante este panorama y luego de que la misma Secretaría de Salud de Chiapas les advirtiera que no tenían derecho a pertenecer al sindicato, expuso que buscaron el apoyo de una organización social y campesina, el Mocri-CNPA-MN.
“La misma Ley federal (del Trabajo) nos dice que sí tenemos derecho a sindicalizarnos una vez cumplidos los seis meses laborales, pero ahora nos dicen que, por pertenecer a esa agrupación, menos que nos atienden y nos reinstalen”.
Aclaró que, si otros compañeros no continuaron con sus denuncias, fue porque recibieron amenazas directas como el negarles una recontratación. “A mí, a otros cuatro compañeros, nos dicen que pagaremos las consecuencias de todo esto”.
Según ella, la situación en la comunidad Amparo Aguatinta era hostil, debido a que sus autoridades y pobladores los amenazaron más fuerte, lo que orilló a varios a dejar ese lugar. “Creemos que esa acción fue planeada con el jefe jurisdiccional Carlos Aragón”.
Los declarantes comentaron que lo único que solicitan es que les paguen lo que les deben y los reinstalen en sus puestos, debido a que sólo desean trabajar.
Además, argumentaron que si también decidieron unirse al Mocri-CNPA-MN fue porque en la región que comprende la Jurisdicción III se vive un ambiente tenso por la presencia del crimen organizado, sobre todo en municipios como Frontera Comalapa, Comitán y La Trinitaria.
Refirieron que, sin embargo, ellos continuarán en la lucha hasta que se les haga justicia. “Porque hay otra cosa, quienes siguen en sus puestos, no han recibido pagos, porque los contratos se los hicieron firmar sin leerlos, lo que es muy grave”.