TUXTLA GUTIÉRREZ.- La hipótesis de que la muerte fue por ahogamiento y no por broncoaspiración por consumo de alimentos; un testigo clave que convalece en el hospital luego de ser atropellado, al parecer, de forma intencional, y el posible tráfico de influencias, son algunos de los elementos que se tienen sobre el caso de Damián Estrada Moreno, niño de 3 años y 7 meses que perdió la vida, hace 30 días, en una guardería de esta ciudad.
Este martes por la tarde, familiares y amigos acudieron a las afueras de ese Instituto Educativo denominado “Piguin & Babe”, ubicado sobre la 8ª Norte, entre 13ª y 14ª Poniente, para dejar veladoras, carteles y calcomanías con mensajes para exigir justicia, así como brindar entrevistas a los medios de comunicación.
Mauricio Damián Estrada de la Vega, padre del menor, está convencido de que, en primer lugar, el dictamen del Servicio Médico Forense (Semefo) fue manipulado, por lo que, para él, “(esa instancia) sigue sosteniendo una mentira”.
PRUEBAS IMPORTANTES DEL CASO
El día del deceso, recuerda, la directora de la guardería, Brunett “N” llevó a Damián a una clínica cercana para que lo atendieran de emergencia, pero el médico que lo recibió aseguró que ya estaba muerto e, incluso, permanecía mojado.
Sin embargo, el caso se enrareció aún más: la misma encargada del inmueble le solicitó a su trabajador, tres días después de la tragedia, vaciar la alberca que utilizan para las terapias de los niños especiales y donde presuntamente Damián falleció ahogado. Pero éste se negó al ver la magnitud del problema.
Días después (el pasado 15 de febrero; no se sabe dónde), se enteran de que ese empleado fue atropellado y que su estado de salud era de gravedad, debido a que presentaba golpes importantes en el cuerpo, cuenta Rigoberto Moreno, abuelo de Damián.
Él advierte que se enteró de este evento porque recibió un mensaje a su teléfono celular, de manera anónimo, en el que le advertían que esa persona se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tras enterarse de ello, manifiesta que se trasladó al nosocomio, además de hablarle al fiscal del Ministerio Público, de nombre Francis, quien ordenó tomarle la declaración a ese trabajador lesionado, quien confesó lo ya expuesto.
Otra declaración que abona mucho en el caso, es la declaración del maestro Alberto Zavala, quien sacó de la alberca a Damián, como quedó establecido ante la autoridad competente.
IRREGULARIDADES
Aunque hasta el momento no hay detenidos, el caso ?radicado en la carpeta de investigación número 0198-101-0205-2023? está a punto de ser judicializado.
Hace días, Luis García Moreno, secretario del Instituto de Protección Civil en el estado, declaró que se descartaba la posibilidad de un ahogamiento, y que lo más factible era la broncoaspiración.
“¿Cómo es posible, si aún no tenía acceso a la carpeta de investigación?; entonces, ¿cómo sabía lo que Semefo dictaminó?”, se cuestiona Mauricio, quien lamenta que ningún trabajador de esa guardería se haya acercado a ellos.
De lo que está seguro, dice, es que no otorgarán ningún perdón, y que irán hasta las últimas consecuencias. “Que los responsables vayan a prisión, tienen que rendir cuentas, y principalmente la gente de la SEP, porque cómo es posible que esta guardería operara, y con un RVOE, un documento muy relevante”.
Federico Alberto Montes de Oca Aguilar, abogado de la familia afectada, menciona que el caso es complejo, aunque reconoció que la Fiscalía ha avanzado.
Entiende, acepta, que esa instancia aún no tenga los fundamentos legales para la detención (de los responsables); “ahorita, necesita integrar bien la carpeta de investigación con todos los datos de prueba, a efecto de no dar resultados fallidos en la primera audiencia de vinculación”.
Si el dictamen pericial de necropsia “no encaja” con todos los datos de prueba, advierte que, sin duda, se solicitaría la exhumación del cuerpo para efectuar una nueva revisión en el Semefo.
En el tema de las cámaras interiores de seguridad de la guardería, el asesor legal comenta que ya solicitó la información que éstas tengan, “me dicen que no se las han regresado, no me dicen de dónde, pero mañana (este miércoles) acudiré a la Fiscalía para que me expliquen todo a detalle”.
Para él, refiere, lo que no está bien es que en el dictamen de la necropsia se maneja broncoaspiración por alimentos, cuando él mismo vio cómo el menor estaba empapado.
“Quieren manejar el caso como un homicidio culposo, pero acá hubo negligencia, falta de cuidado, de capacitación de los empleados de la empresa”. Incluso, puso en entredicho la labor de Protección Civil, en primer lugar, porque la alberca carecía de medidas de seguridad, sobre todo porque en ese establecimiento se atendía a infantes con alguna discapacidad.
Jorge Sánchez, asesor legal y presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la región Sureste de México, advierte a La Silla Rota otra prueba importante: en este caso habría tráfico de influencias para que los principales responsables continúen libres y, lo peor, que la guardería operara pese a que no contara con todos los requisitos establecidos.
Según él, hay dos nombres que pudieron “interceder” a favor de los responsables de la guardería: una exfuncionaria de la Secretaría de Salud, de nombre Brunett “O” (madre de la directora de la guardería) y Roxana “N. O”, vinculada al Partido del Trabajo (PT) y que, en la actualidad, está inmersa en la Secretaría Técnica de Palacio de Gobierno de Chiapas.
“Ese instituto educativo trabajó con permiso apócrifo, porque además esa guardería contaba con documentos, pero de Veracruz, lo cual no puede ser posible”.
Rigoberto Moreno, de nueva cuenta, externa que no es posible que este tipo de establecimientos operen al margen de la ley y, sobre todo, sean negligentes hasta el grado de cometer errores que llevaron a la muerte de su nieto.
“Hay mucho dolor, a mi hija le costó 20 años quedar embarazada, y en este instituto, donde estuvo 15 días, se lo entregan muerto, por culpa de gente estúpida”.