TUXTLA GUTIÉRREZ. - Los hermanos Juan Pablo y Sadday Fernández Alvarado viajaban de regreso a su pueblo, Tapilula, luego de hacer unos trámites en capital del estado de Chiapas el pasado 30 de enero, sin embargo, en un retén policías del municipio de Pantepec los detuvieron, luego los torturaron y encarcelaron.
El enojo de los agentes, cuenta un familiar, se originó porque los jóvenes de 32 y 24 años de edad comprobaron, con documentos en mano, que todo estaba en orden y que no había motivo para no dejarlos seguir su camino.
“Querían dinero los policías, pero mis sobrinos no tenían por qué darles”.
De hecho, los uniformados los bajaron a golpes de la moto, los esposaron y luego los aventaron a la patrulla; por este hecho, Sadday está a punto de perder la visión del ojo izquierdo, por lo que permanece hospitalizado en Villahermosa, Tabasco.
Además, a ambos los intentaban acusar de robo, “cuando ellos viajaron a Tuxtla para ver los trámites de titulación de Sadday”. Los hermanos estuvieron encerrados desde la noche del 30 de enero hasta el 1 de febrero; según el informante, supieron de ellos porque hicieron una búsqueda en la región.
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Lo más lamentable, dice, es que hay cuatro policías inmiscuidos en la agresión, “y uno de mis sobrinos escuchó que el comandante le habló al alcalde de Pantepec, y solo le respondió: ‘Déjenlos encerrados otro rato’”.
De acuerdo con el denunciante, la situación se complicó porque el ministerio público de Pichucalco, una localidad cercana, les advirtió que la demanda se debería interponer en Reforma, “pero con la ayuda de abogados, la denuncia se metió en Pichucalco; la querían hacer cansada”. Incluso, la queja ya llegó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Además de la agresión recibida, a los hermanos les robaron teléfonos celulares, una cartera, una laptop y sus documentos. “El miedo que tenemos es que Sadday pierda la vista, además tiene lesiones en el cráneo”, cuenta el informante, quien pide el anonimato por temor a represalias.
Con base en la información proporcionada, vía transparencia, a La Silla Rota, la CEDH afirma que, de 2015 a 2022 registró alrededor de 898 quejas o denuncias en contra de policías municipales de todo el estado por tratos crueles, tortura, abuso de autoridad, robo y secuestro. De esa cifra, según ese organismo autónomo, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula encabezan la lista con 147 y 201 quejas, de forma respectiva; los años más “grises” para la capital de Chiapas fueron el 2016 y 2019, con 28 casos cada uno, mientras que en la ciudad tapachulteca fueron el 2018 y 2019 con 51 y 60, respectivamente.
Cacería en Tuxtla
Alfonso Hernández, reportero de TV Azteca, tomó un taxi que, se supone, lo llevaría a su casa; sin embargo, en el trayecto, el chofer desvió la ruta, lo que le causó nervios y por ello el pasajero lo comenzó a cuestionar. Sin embargo, el comunicador fue bajado del taxi, pues ya era esperado por elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez en una zona cercana al Libramiento Sur de la misma capital, quienes lo hincaron y le exigieron que mantuviera la cabeza agachada.
Como él intentó verles los rostros, recibió una cachetada; luego, los oficiales le dijeron que no dijera nada y que, si lo hacía, lo llevarían a la prisión preventiva por posesión de drogas.
“Vi que se trataba de la patrulla de la Policía Municipal y había tres oficiales; quien me cacheteó fue el taxista, y todavía me dijo: ‘¡qué volteas a ver!’ Su vehículo es un Tsuru ya viejo, no tenía tapones, los rines están negros”.
Tras recibir el golpe, uno de los agentes se acercó y lo despojó de sus pertenencias: teléfono celular y cartera (con dinero y documentos). Aunque un jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal le habló para preguntarle algunos datos y ahondar en las investigaciones, Alfonso ya acudió a interponer su denuncia a la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Me prometió que no les iba a temblar la mano, que ya habían dado de baja a otros elementos por situaciones similares, y cosas así”.
Según la FGE, de enero de 2012 a diciembre de 2022 se abrieron 31 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en contra de policías municipales por cometer diferentes abusos, entre secuestros, extorsiones, tortura, abuso de autoridad, entre otros.
La respuesta, vertida tras la solicitud de información 070136723000032, arrojó además que Tonalá y Tuxtla Gutiérrez encabezan la lista con 11 y 10 casos, de forma respectiva. Además, la FGE detalló que, en el mismo lapso, se han abierto 42 averiguaciones previas o carpetas de investigación en contra de policías estatales, por ídem delitos. El año con más casos, advierte, fue el 2019 con una decena.
En cuanto a los autos de formal prisión o vinculaciones en contra de policías municipales y estatales, la dependencia informó que han emitido 12, de las cuales la mayor parte se registró en el 2021 con cuatro casos.
Policías evidenciados
Pero los abusos de policías municipales en contra de ciudadanos no es un asunto nuevo. El pasado 29 de enero, circuló un video en donde se observa cómo un elemento de la Policía Municipal de Tuxtla golpea a un detenido adentro de la patrulla marcada con la matrícula PCC-137.
Durante el hecho, mismo que ocurrió frente al salón de fiestas “Country Royal” de la capital, se escucha cuando la persona aprehendida exclama: “¡Me duele!”
Mientras eso ocurre, otra persona, en un vehículo rojo, se acerca a los oficiales para tratar de calmar la situación, pero uno de los policías no se detiene en golpear al individuo.
Al siguiente día, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal condenó los hechos registrados, y advirtió el inicio de una investigación interna para esclarecer la situación, “a través del procedimiento administrativo disciplinario SSPYTM/CSPCHJ/PA/02/2023.
De acuerdo con la solicitud de información 070124223000017 hecha por La Silla Rota, el Poder Judicial del Estado de Chiapas-Consejo de la Judicatura advirtió que el 10 de diciembre de 2020 se registró una sentencia firme (condenatoria o absolutoria) en contra de cinco agentes, todos varones, de la Policía Municipal de Huixtla, por el delito de tortura.
A esa dependencia se le preguntó información inherente al tema desde enero de 2012 a diciembre de 2020.