MÉRIDA.- “Me moví del lugar donde vivía y vine hasta aquí, a Mérida, para empezar de cero. Ahora estoy iniciando otra vez, reconstruyendo mi vida. Recuperando el tiempo perdido con mis hijas. En la cárcel conocí personas buenas que me ayudaron, pero que me hayan encerrado por defenderme no fue justo”. Ella es Aracely, una mujer que en septiembre de 2021 fue absuelta en un caso de legítima defensa en Yucatán. Luchó por salvar su vida y la de su hijo contra su agresor.
Aracely es una mujer maya. Tenía 36 años de edad aquella noche del 25 de abril de 2020 –en los inicios de la pandemia por covid- cuando su expareja, Manuel, entró a su casa para atacarla. Ella cocinaba el mondongo que vendería al día siguiente en el municipio de Halachó. Así se ganaba la vida para mantener a su hijo de 8 años.
“Hay casos en los que violan a niñas pequeñas y las mamás se defienden ¿Quién va a la cárcel? la mamá. Yo lo veo similar, porque defendí a mi hijo, a mi vida, además yo no vivía con él y no tenía que ir a buscarme y atacarme en mi casa”, narra Aracely entre lágrimas.
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Las primeras audiencias de Aracely fueron en el juzgado del municipio de Kanasín. La vincularon a proceso por el delito de homicidio en razón de parentesco y la enviaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) para mujeres de Mérida, donde permaneció encarcelada durante 1 año y 3 meses.
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La historia de Aracely no es la única en Yucatán, pero sí refleja un caso severo de las secuelas de la violencia de género y familiar.
Cabe destacar que para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, México suscribió acuerdos internacionales que contemplan como un derecho la vida libre de violencia, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la “Convención de Belém do Pará”, así como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, “CEDAW”.
La ruta de violencia que sufrió Aracely
Aracely sostuvo una relación sentimental con Manuel durante cuatro años. Terminaban y regresaban intermitentemente. En muchas ocasiones intentó terminarlo y alejarse. No lo consiguió. Él siempre la “chantajeaba” con suicidarse, con dañar a las hijas e hijos de ella o con asesinarla.
No solo la golpeaba constantemente, también ejerció violencia económica y psicológica contra ella. Manuel justificaba sus agresiones por sus adicciones. Le decía que “perdía el control de sí mismo”.
“Estuve viviendo violencia familiar, golpes, insultos, situaciones económicas, no me daba dinero y todo el tiempo se drogaba y me golpeaba”, cuenta.
Aracely siempre trabajó para sacar adelante a su familia. Tiene dos hijas -ya adultas- y un niño pequeño. Vendía comida y a veces tomaba empleos temporales en bailes populares.
En una de las ocasiones que terminó con Manuel, Aracely se mudó al municipio de Kanasín. Sin embargo, él la seguía y regresaban. Los vecinos fueron testigos de la violencia sistemática que ejercía.
“En Kanasín vivimos un tiempo, un día llegó drogado, rompió la televisión, apedreó todo y me metió en problemas con los vecinos. Su mamá, yo le pedía ayuda, que hablara con él y lo calmara, pero nadie me hacía caso, todo el tiempo lo protegían. Llegaba a discutir, me aventaba la comida, no podía contradecirlo”, se lamenta.
En más de una ocasión, Aracely pidió apoyo de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Existen reportes de los llamados de auxilio de la mujer. También buscó apoyo en la familia de Manuel para que la ayudaran a detener la violencia, pero tampoco tuvo respuesta.
La mujer denuncia que su exsuegra protegía a su hijo a tal grado que le construyó un cuarto para que se pudiera drogar, pero después de dos días lo enviaba de regreso a casa de Aracely.
Aracely se defendió
La noche del 25 de abril de 2020, Manuel ingresó a casa de Aracely, en Halachó, sin permiso. La relación sentimental había terminado desde hacía cuatro meses. Aun así, él fue a buscarla. Había consumido drogas y alcohol, pese a que en Yucatán, por la pandemia, no estaba permitida la venta de bebidas alcohólicas.
La amenazó de muerte y empezó a autolesionarse con un cuchillo. Se infligió cortes en su rostro, brazos y dorso. Se abalanzó sobre ella, quién metió sus manos para defenderse y resultó herida. Logró salvarse porque una hamaca que estaba colgada en medio de la casa lo hizo caer, momento que aprovechó para quitarle el cuchillo.
Oficialmente Manuel murió de 22 puñaladas, la mayoría se las hizo él mismo.
En una primera instancia, las lesiones de las manos de Aracely no fueron consideradas como pruebas.
“A mí me culparon de 22 puñaladas, pero no fue así, yo no se las hice. Yo me defendí, yo no le di las puñadas que dijeron. Él tenía el cuchillo primero y él se empezó a picar hasta la cara, brazos, todos y a mí me hizo una cortada en la mano”, comentó en entrevista.
“Yo tenía golpes en la cabeza y en el cuerpo, a mí nunca me revisaron los doctores cuando ingresé a la fiscalía. Lo único que me hicieron fue el antidoping, salió cero, me checaron golpes, la cortada de la mano según la checó el doctor, pero no lo metieron (en el expediente) porque jamás salió en todo el juicio”, lamenta.
Defensa con perspectiva de género
Inicialmente, el caso de Aracely fue difundido como “nota roja”. Sin embargo, tuvo la fortuna que, por sus características, personas de la sociedad civil la ayudara. Consiguió un defensor particular que no cobró por sus servicios.
En entrevista, David Araba Dorantes Cabrera, abogado de Aracely, explicó que la parte fundamental de la defensa fueron los peritajes de psicología. Lograron probar que vivió una alta escala de violencia de género. No se le podía exigir otra conducta más que salvaguardar su vida y la de su hijo.
El Tribunal Superior de Justicia falló en ese mismo sentido y absolvió a Aracely del delito de homicidio.
“La parte fundamental de la defensa fue la psicología que determina que en la escala de violencia vivía uno de los extremos más fuertes. Lo tomó en cuenta el tribunal, aunque la fiscalía general del estado, por su parte, planteó que había un exceso de legítima defensa”, explica David.
El Código Penal del Estado de Yucatán, en su artículo 21, contempla las causas de la exclusión del delito, es decir, cuando una persona no puede ser responsable del acto que comete. Aracely cometió legítima defensa, establecida en la fracción II del mismo artículo.
“Lo que determinó el tribunal es que no se le puede exigir una conducta distinta a la persona y por tanto no es punible, es un excluyente que establece el código del estado. La señora no tenía otra cosa que hacer que preservar su vida”, asegura Dorantes.
En Yucatán, según datos de la Fiscalía General del Estado publicados en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta octubre de 2023 se registraron 120 denuncias por violencia familiar, pero 0 por delitos relacionados con violencia de género. El número de feminicidios, es decir, crímenes de género por el simple hecho de ser mujeres, es de 8.