Chihuahua.- Este año, por primera vez, Alicia, Efrén y Rosario (nombres ficticios) salieron de Santa Tulita, su tierra, para trabajar como jornaleras a otro municipio de Chihuahua. Habían luchado todo el año para resistir y evitar su desplazamiento, pero fracasaron. Desde 2021, en Santa Tulita ha arreciado la violencia.
Santa Tulita está en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el llamado Triángulo Dorado, la sierra entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, región donde ha bajado el precio de la producción de amapola en los últimos 5 años y, como consecuencia, la tala ilegal ha cobrado fuerza.
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A partir de 2021, el desplazamiento forzado se ha incrementado en la zona por la incursión de otro cartel que pelea el territorio al grupo local, de Sinaloa, situación arrojó fuera de su tierra a pueblos completos.
Una investigación de Patricia Mayorga, para Raíchali, revela que, ante la imparable ola de desplazamientos de comunidades completas en el municipio de Guadalupe y Calvo, organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales, acompañadas por Brigadas Internacionales por la Paz (PBI), han realizado dos caravanas humanitarias, una en agosto y otra en noviembre.
El fin de semana pasado, familias ódami completas dejaron sus tierras para salvar su vida, luego de que 6 personas fueron privadas de la libertad, de las que sólo han aparecido dos.
Las caravanas han tenido como destino Santa Tulita, una ranchería que está en medio de la comunidad de Mala Noche, a unas 15 horas en vehículo de la capital de Chihuahua. A dicha comunidad pertenecen también las rancherías de Puerto de Ánimas, El Riyito y Puerto El Riyito.
Son una comunidad que se resiste a romperse, que ha buscado la manera de conservar su vida en paz para continuar cuidando el bosque que da vida a las zonas rurales ya las urbanas, que impide la tala inmoderada porque los árboles atraen el agua. Sin ellos, la sierra y Chihuahua se quedarán sin vida.
Durante las caravanas realizadas por autoridades y organizaciones se documentó la situación de las familias desplazadas. En las caravanas participaron alrededor de 250 personas, unas 70 eran niñas y niños.
Desplazamiento forzado
Desde enero de este año, tanto organizaciones como las personas de Santa Tulita y de otras comunidades de Guadalupe y Calvo han denunciado la inseguridad y violencia, así como la tala ilegal del bosque en este territorio y la presencia permanente de personas armadas que recorren los caminos, la escucha frecuente de detonaciones de armas de fuego y el desplazamiento forzado de familiares y jóvenes que se ven amenazados de ser reclutados por grupos de la delincuencia organizada.
En febrero acudió el Ejército a la comunidad, pero los talamontes se escondieron y cuando la autoridad se retiró la tala continuó durante al menos 5 meses más, denunciaron las organizaciones.
En el documento establecen que desde junio se dio el desplazamiento forzado de 58 personas de la comunidad de La Sierrita, a dos horas de Santa Tulita.
“Sabemos que, a partir de estos hechos, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a la comunidad e hicieron presencia por media hora. Tenemos conocimiento de que un destacamento de militares estuvo durante 15 días del mes de julio en Santa Tulita, tiempo en el que las familias estuvieron tranquilas y en paz”.
“También de que la secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas llevó en el mes de julio despensas y semilla. Debido a la violencia en esta zona, la brigada médica de la secretaría de Salud dejó de ir por tres meses y que efectivamente días antes de la jornada estuvieron consultando solo 4 horas, por lo que muchas personas no alcanzaron a ser atendidas”, señalaron las organizaciones de la caravana.
La exigencia entonces fue la garantía de seguridad para las familias, asistencia médica de calidad y con pertinencia cultural; alimentos mientras resuelven la emergencia alimentaria; la instalación de un sistema de agua potable en Puerto de Animas y las localidades que lo requieran y financiamiento para proyectos productivos y otras alternativas de sostenibilidad.