Este jueves, las organizaciones sociales y defensoras, Artículo 19 para México y Centroamérica, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) reportaron la desaparición de tres periodistas de Taxco, Guerrero.
A través de su cuenta de ‘X’, las organizaciones confirmaron la privación de la libertad de los periodistas por parte de sujetos armados: Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica, y Vespertino de Chilpancingo, el pasado 19 de noviembre; así como de Silvia Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez del medio digital RedSiete, el 22 de noviembre.
"Hemos confirmado la privación de la libertad de tres periodistas por parte de sujetos armados en Taxco, Guerrero", informó CIMAC.
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Exigen la aparición con vida de los tres periodistas
Al respecto, ambas organizaciones emitieron un comunicado urgente exhortando a las autoridades federales y estatales a coordinarse de manera urgente y expedita para localizar con vida a los periodistas de Taxco que se encuentran desaparecidos.
“Las organizaciones instan a las autoridades federales y estatales a coordinarse de manera urgente y expedita para encontrar a estos periodistas con vida. Las organizaciones sociales CIMAC y Artículo 19”
Además, hicieron un llamado a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a coordinarse junto con la Fiscalía General del Estado de Guerrero para abrir investigaciones de oficio, aplicando el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión.
También solicitaron que el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se comuniquen con las y los familiares de los periodistas para activar medidas de protección urgentes que garanticen su seguridad.
Los periodistas privados de su libertad son:
- Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica y Vespertino de Chilpancingo, quien fue privado de su libertad el pasado 19 de noviembre.
- Silvia Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez, del medio digital RedSiete, secuestrados este 22 de noviembre.
Los secuestros
Testimonios entregados a ARTICLE 19 revelan que la madrugada del 19 de noviembre un grupo de al menos 5 personas armadas ingresaron al domicilio de Marco Antonio, quien se encontraba con su familia.
Tras un ingreso forzado, el comando armado privó de la libertad a Marco Antonio Toledo, a su esposa, Guadalupe Denova y a su hijo, Alberto Toledo. El grupo armado revisó el domicilio del periodista, destruyeron el módem de la vivienda y sustrajeron tanto los celulares de las víctimas como dos equipos de cómputo.
De acuerdo con información recabada por ARTICLE 19, Marco Antonio realiza cobertura de temas tanto políticos como de la situación de seguridad a nivel local y estatal. Al menos dos testimonios indicaron a la organización que el periodista había sido víctima de amenazas y hostigamientos en años anteriores.
Por su parte, Silvia Nayssa y Alberto son una pareja de periodistas que lideran el medio digital RedSiete. Según algunos testigos, la noche del 22 de noviembre un grupo armado los interceptó y privó de su libertad cerca de Plaza Taxco, en la Colonia Centro, sitio donde se encuentran sus oficinas.
Guerrero es la quinta entidad federativa con más ataques contra periodistas
En este contexto, Artículo 19 y CIMAC señalaron que el estado de Guerrero se mantiene como la quinta entidad federativa con más ataques contra periodistas y medios de comunicación, y es el segundo estado más letal contra la prensa, con 17 casos de periodistas asesinados.
Por su parte, el Instituto Internacional de Prensa (IPI) recientemente también denunció que los Estados están fracasando en su deber y compromiso de proteger la seguridad de los periodistas y de poner fin a la impunidad en los casos de violencia contra ellos.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO) citados por el IPI, en los últimos 30 años, 1,600 periodistas han sido asesinados, y solo un 10% de los responsables ha sido llevado ante la justicia. Los niveles de impunidad siguen siendo inaceptablemente altos, a pesar del aumento de los ataques y las amenazas contra los medios de comunicación.
El IPI instó Estados a cumplir de manera urgente sus compromisos y obligaciones de proteger la seguridad de los periodistas, incluso en zonas de conflicto. Los datos revelan la preocupante incapacidad de los Estados para garantizar la investigación y el enjuiciamiento adecuados de los delitos cometidos contra periodistas.