OAXACA.- En San Miguel Albarradas localidad indígena del estado de Oaxaca, denunciar un delito ante la Fiscalía General del Estado o interponer una denuncia por abuso ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), está prohibido. A quienes realicen esto, serán acreedores de una multa o cárcel a quienes no acatan la medida impuesta.
Un documento sellado y firmado por las y los regidores señala que: “Se sancionará a todas personas o persona que salten a la autoridad municipal en turno y presenten su caso ante otra instancia (municipio, derechos humanos, fiscalía, etc) con una multa económica por la cantidad de 5 mil pesos más los gastos que se generen de dar respuesta”.
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Esta situación ha generado graves violaciones a derechos humanos, pues quienes en algún momento incurrieron en actos que, a juicio de la autoridad municipal son violatorios a sus acuerdos, fueron encarcelados.
Un video publicado en la página de Facebook Soy de Albarradas Oaxaca, muestra la imagen de una mujer de la localidad indígena quien fue encarcelada por no haber informado en el momento a la autoridad de la agencia que fueran a comer a la casa de la señorita América (una figura representativa de las festividades patrias) el pasado 16 de septiembre.
Por esta “falta” la mujer identificada como Josefina Martínez Ramírez fue multada con 2 mil pesos, pero al no contar con el dinero para pagar la encarcelaron el pasado 29 de diciembre.
“Pido ayuda. Mi delito no fue muy grave, mi delito sólo fue que no le avise a la autoridad que fuera a comer a la casa de la América el pasado 16 de septiembre. El director de la escuela habló por el micrófono y dijo: todos los presentes vayamos a casa de la señorita América. Era para ir a tomar unos alimentos que sus papás nos habían preparado.
Entonces yo por estar preocupada que las sillas estaban muy mojadas, me aloqué y las subí en el carro alegórico. No puse atención la verdad si la autoridad iba o no iba. Cuando llegamos a la casa de la señorita América nos dimos cuenta que la autoridad no iba. Regresé y les fui a pedir disculpas”, relata en el video.
De acuerdo con la denuncia realizada en la misma red social, las personas son obligadas bajo amenazas a firmar los acuerdos y callar para no ser sancionados.