INTENTO FEMINICIDIO CONTRA SAXOFONISTA

Pedirá gobernador de Oaxaca revocar prisión domiciliaria a agresor de “Malena”

Salomón Jara Cruz solicitará al Tribunal Superior de Justicia del Estado la revocación de la prisión domiciliaria a Juan Antonio V.C. imputado por tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos

Salomón Jara Cruz solicitará al Tribunal Superior de Justicia del Estado la revocación de la prisión domiciliaria a Juan Antonio V.C. imputado por tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos
María Elena Ríos.Salomón Jara Cruz solicitará al Tribunal Superior de Justicia del Estado la revocación de la prisión domiciliaria a Juan Antonio V.C. imputado por tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena RíosCréditos: ESPECIAL
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OAXACA.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que solicitará al Tribunal Superior de Justicia del Estado la revocación de la prisión domiciliaria concedida por el juez Teódulo Pacheco Pacheco a Juan Antonio V.C. imputado por el delito de tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz.

Además, agregó que solicitó al Poder Judicial de Oaxaca investigar si la actuación del juez estuvo apegada a derecho. “Por justicia debería de mantenerse en prisión el imputado”, expresó.

Durante la mañanera de este lunes, el mandatario estatal indicó que no existen las condiciones materiales y de recursos humanos para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar.

Lo anterior -dijo- se desprende de un diagnóstico realizado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la cual determinó que el domicilio al que pretenden trasladar a V.C no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, además de que el Gobierno del Estado carece del personal necesario para garantizar que el procesado no evada la justicia.

En tanto, al reiterar que no estar de acuerdo con la resolución del juez puntualizó: “solicitaré respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y a la vez el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, que inicie los procedimientos correspondientes para garantizar que la actuación del juez estuvo apegada a derecho, en caso contrario deberá aplicarse las sanciones correspondientes y dejarse sin efecto su resolución”.

En este sentido explicó que a través de la consejería jurídica se solicitó un informe detallado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al juez Teódulo Pacheco sobre sus actuaciones en el caso.

A través de un boletín de prensa agregó que “el mensaje enviado por el Poder Judicial es muy peligroso y alienta la impunidad en una entidad que históricamente ha presentado altos índices de violencia feminicida. En Oaxaca no vamos a tolerar ningún tipo de corrupción, ni jueces por consigna. Es momento de promover una reforma y una transformación profunda del Poder Judicial en nuestro estado”.

Y es que el pasado sábado, tras más de 70 horas de audiencia, el juez de Control Teódulo Pachecho Pacheco determinó cambiar la medida cautelar a favor de Juan Antonio V.C., señalado por el delito de tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos Ortiz.

De esta manera el juez concedió prisión domiciliaria bajo argumento de enfermedad. “Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre”, escribió Ríos Ortiz en su cuenta en Twitter tras conocer la resolución del juez.

María Elena Ríos Ortiz fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 por dos personas que en sus declaraciones de inicio señalaron haber recibido un pago de 20 mil pesos por lanzar ácido a la joven.

Juan Antonio V. C., considerado como el autor intelectual de la saxofonista María Elena Ríos, fue detenido el 6 de abril de 2020. Por este hecho también se encuentra detenido uno de los colaboradores del empresario gasolinero y el presunto autor material del ataque. Continúa prófugo Juan Antonio V.H por quien la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha ofrecido una recompensa.

INMUJERES LLAMA A MANTENERLO EN PRISIÓN

Por su parte, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, hizo un llamado al Poder Judicial a que mantenga en prisión a Juan Antonio V.C. señalado como autor intelectual del ataque con ácido contra María Elena Ríos Ortiz.

La tarde de este domingo a través de un mensaje en Twitter la funcionaria federal apuntó que: “La resolución del Poder Judicial en el caso de Elena Ríos manda un mensaje de injusticia hacia las mujeres que han sufrido violencia. Es momento de que el poder judicial muestre su compromiso hacia las mujeres manteniéndolo en prisión”.

Además, distintas organizaciones y colectivas feministas se pronunciaron en contra de la actuación de Pacheco Pacheco e incluso demandaron investigarlo y destituirlo.

A través de sus redes sociales Brujas del Mar señaló que: “Tan culpables son aquellos que atacaron con ácido a María Elena Ríos para intentar asesinarla, como las autoridades que hoy han puesto en libertad a Juan Antonio Vera Carrizal. El juez Teódulo Pacheco debe ser investigado y destituido por su evidente ineptitud y corrupción”.

De su lado la presidenta de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género del Congreso del Estado de Oaxaca, Mariana Benítez Tiburcio indicó que el cambio de medida cautelar representa un retroceso a la justicia.

“Se trata de un golpe en la cara de todas las mujeres que día a día luchan por lograr que se castiguen a los agresores y responsables de la ola de violencia feminicida que ha dejado una estela de dolor y sufrimiento para miles de familias”.

Mediante un boletín el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas externó su preocupación por la decisión del juez de control en el cambio de la medida cautelar a favor de Juan Antonio V.C. al señalar que alienta la situación de vulnerabilidad y latente riesgo en el que se encuentra María Elena Ríos y su familia.

En este sentido exhortó a que, “a través de los mecanismos procesales de la misma legislación, se impulse una revisión exhaustiva de la decisión dada a conocer en el presente caso, lo anterior en apego al mandato constitucional que obliga a todas las autoridades a proteger el derecho a defender derechos humanos y cumplir de igual manera con las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos”.

 

 

 

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