TONALÁ.- Después de cinco días internados en el reclusorio de Puente Grande, recuperaron su libertad los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
Sin embargo fueron vinculados a proceso por el delito de despojo y aprovechamiento de aguas, por lo que seguirán su juicio presentándose a firmar al juzgado cada mes.
Los tres estudiantes son señalados del delito de despojo de inmuebles y aguas, luego de acampar en un predio que perteneció al municipio de Guadalajara y fue desincorporado en 2008 para que en esa área verde se construya un complejo inmobiliario.
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Javier Armenta, ex dirigente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEU), Ivan Ilich Cisneros y Jose Rojas, durmieron durante cinco días en el reclusorio preventivo de Puente Grande, luego de que el Juez Décimo Penal, Felipe de Jesus Rivera Gallegos, decretó prisión preventiva oficiosa durante tres días, luego de que los alumnos solicitaron ampliar el término constitucional a 144 horas.
Durante este martes tras seis horas de audiencia y dos recesos, el juzgador consideró que había elementos suficientes para instaurar un juicio en su contra pero como no hubo ningún indicio de que se utilizaron armas durante la ocupación de un predio, por lo que les dictó medidas cautelares para que sigan su proceso en libertad; además, dio un plazo de cuatro meses a la Fiscalía del Estado para la investigación complementaria.
A la salida de la sala, los implicados lanzaron consignas de “Resistencia” y fueron acompañados por el rector general de la máxima casa de estudios de la universidad, Ricardo Viullanueva Lomeli, quien adelantó que apelarán la vinculación a proceso ya que los alumnos defendieron un parque por la construcción del complejo habitacional de Iconia que se tiene proyectado dos mil departamentos en la barranca de Huentitán, al norte de Guadalajara.
“Claro tendremos que apelar porque la vinculación a proceso no es correcta pero hoy nuestro objetivo uno era de su libertad y se logró creo que la medida será formar cada mes y seguir con las medidas cautelares seguirlas y apelarlas”.
Villanueva Lomeli, agradeció la intervención de la presidencia de la república al enviar a personal en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Esa es la única confianza que tengo la que me da el gobierno federal la esperanza que yo tengo es que el presidente de la República es un luchador social que si entiende el valor de la calle él se construyó y que a diferencia de un luchador social a un delincuente es que el luchador social rompe la norma por una causa pública y un delincuente por un beneficio personal”.
Mientras que Javier Armenta Araiza, al recuperar su libertad dijo que durante este tiempo que estuvo privado de su libertad se dio cuenta de muchas injusticias.
“Creo que es muy impactante estar en un espacio así hubo muchas personas con diferentes historias lo que si se es qué hay muchas personas en la cárcel de manera injusta no tengo duda, unas con razón y otras también están por ser perseguidas políticamente y están en la cárcel, también estoy muy agradecido y no nos libero el estado nos liberó la gente que luchó en la calle y alzó la voz”.
Mientras que para Andrés Medina Garzón uno de los abogados del complejo ICONIA, explicaron que la decisión del Juez, en dejarlos en prisión preventiva oficiosa, nunca fue solicitada por ellos o por el representante social y este tipo de delitos no se tiene que llevar a cabo desde la cárcel.
“Nosotros no lo pedimos, se decretó de manera oficiosa la prisión preventiva en la primera audiencia, este es un delito de despojo, y el bien jurídico es la posesión no es la propiedad, las empresas morales ofendidas fueron privadas de la posesión fueron despojadas del inmueble y es por eso que fueron vinculados a proceso los tres imputados, y se requiere que se siga con la investigación o con una sentencia se lleve a cabo la reparación del daño o en su defecto estamos abiertos a llevar a cabo un acuerdo reparatorio o terminar de una forma anticipada, pero no tenemos ningún intereses que los jóvenes siguieran en prisión”.
Desde 2008, el ayuntamiento de Guadalajara emitió un decreto para que los terrenos pasarán a manos de las empresas operadora Hotelera de Salamanca y Hotel Ribera de Luxe.
(djh)