MORELIA.- Este jueves se cumplen 14 años de que los estallidos de dos granadas de fragmentación dejaron el centro histórico de la ciudad de Morelia, ocho personas muertas y 113 más lesionadas.
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En pleno Grito de Independencia, ese 15 de septiembre del año 2008, se registraba el primer atentado terrorista en la historia de México.
El presidente de la República era el michoacano Felipe Calderón Hinojosa, del PAN; el gobernador en turno, Leonel Godoy Rangel, del PRD y el alcalde de Morelia, el priísta, Fausto Vallejo Figueroa.
Las granadas fueron detonadas por dos sujetos que, con base en el expediente, trabajaban al servicio del grupo criminal Los Zetas, que en ese entonces se pelaban la plaza con La Familia Michoacana.
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió a la Fiscalía General de la República reabrir el caso y se dé con los verdaderos responsables.
COINCIDENCIAS
Al igual que en el caso de los llamados “granadazos”, en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”, hubo manipulación de evidencias, participó el Ejército Mexicano y funcionarios cercanos a los presidentes de la República, en turno.
También hubo fabricación de pruebas y supuestos testigos protegidos, que con el paso del tiempo han resultado ser falsos, para cada caso correspondiente.
Ello, sin dejar a un lado, que el Estado Mexicano ocultó, hasta los sótanos de procuración de justicia y judiciales, los expedientes en ambos casos.
Las premisas de “verdades históricas”, las dieron a conocer, sin pensar que abogados de las familias de las víctimas, algún día iban a dar a conocer, a detalle, lo ocurrido.
Aunque en el caso de los 43 normalistas todavía están desaparecidos y según el gobierno de México, según el gobierno de México, ya hay responsables en la cárcel.
Pero eso pasó en el caso de los atentados terroristas y después de tiempo, las pruebas echaron abajo las aseveraciones del gobierno federal y de la entonces PGR.
En ambos casos, Michoacán y Guerrero, Eran gobernados por mandatarios emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD): Leonel Godoy Rangel y Ángel Aguirre Rivero, señalados por tener familiares u operadores relacionados al crimen organizado.
Godoy Rangel y Felipe Calderón, se declaraban la guerra públicamente; entre Aguirre Rivero y Peña Nieto, la relación era poco cordial.
Los dos ahora exgobernadores, iniciaron sus carreras político-públicas, cobijados bajo el manto del Partido Revolucionario Institucional.
Leonel Godoy cambió su camiseta al PRD y siguió a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano hasta el Gobierno de la Ciudad de México, donde estuvo con mandatarios posteriores.
Ángel Aguirre se le reveló al PRI, cuando le negaron ser su candidato a la gubernatura y fue que se hizo aspirante y gobernador de Guerrero, por el PRD.
EL 27 BATALLÓN, QUE UNIÓ A MICHOACÁN Y A GUERRERO
Las dos granadas de fragmentación utilizadas por Los Zetas, para perpetrar los atentados terroristas, salieron del 27 Batallón del Ejército Mexicano, con sede en Iguala, Guerrero, como consta en el expediente de la causa penal 254/2008.V.
En el expediente quedó probado, que las dos granadas de fragmentación que detonaron los criminales en Morelia pertenecen a un lote de 100 artefactos explosivos.
De este caso, solo identificaron que quien había sacado las granadas de fragmentación de la sede militar, fue un cabo que operaba para sus mandos, pero nunca lo detuvieron.
La ahora Fiscalía General de la República, anunció que un juez federal, le concedió 20 órdenes de aprehensión contra 20 militares de ese mismo Batallón de Infantería, por haber participado de alguna manera en la desaparición de los jóvenes normalistas.
A pesar de que hay 20 órdenes de aprehensión giradas, solo ha sido capturado el capitán José Martínez Crespo, el pasado 13 de noviembre del 2021.
LOS ALTOS MANDOS
Los expedientes, señalan que en los dos hechos históricos para el país, tuvieron que ver, de alguna u otra forma en la fabricación de hechos, para encubrir a criminales y zafar de la presión social, a sus jefes supremos de las fuerzas armadas (presidentes).
En el expediente de la causa penal 254/2008.V, relacionada a los granadazos, se evidencia la relación con el crimen organizado del general Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces asesor de seguridad de Felipe Calderón.
Los documentos señalan a Acosta Chaparro como quien dirigió la operación para detener a tres personas y hacerlas pasar como quienes lanzaron las granadas.
El expediente indica que, de acuerdo bitácoras de vuelo y testigos, entre ellos los pilotos de un avión en el que fueron trasladados los chivos expiatorios, Acosta Chaparro se puso de acuerdo con el crimen organizado, para armar todo ese operativo y presentar responsables, debido a la presión social.
Los informes, documentos y declaraciones, refieren que, al caérsele la entrega en San Luis Potosí, de tres personas más, que no accedieron a inculparse. Acosta Chaparro cambia su vuelo a Morelia, de Morelia a Apatzingán y ahí, quien le entrega a los tres hombres que iban a presentar como detenidos, fue Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, luego de haberlos golpeado y amenazado de asesinar a su familia.
Tras siete años de litigio, el abogado de uno de los implicados, demostró la inocencia de los tres y dejó al descubierto, la manera en la que operó Mario Arturo Acosta.
Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en Estados Unidos el 15 de octubre del 2021, acusado de tener nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador intervino en Washington para que le retiraran los cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
Lo anterior, a pesar que Cienfuegos Zepeda negó desde lo ocurrido en la normal de Ayotzinapa, que integrantes del 27 Batallón hayan participado en la operación criminal.
“Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, declaró en ese entonces, como secretario de la Defensa Nacional.
El pasado 18 de agosto, el informe de la “Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia” de la Secretaría de Gobernación, revela la participación de los militares, a su cargo.
Mario Arturo Acosta Chaparro y Salvador Cienfuegos Zepeda, fueron exonerados respaldados por el Estado Mexicano, a pesar de que había pruebas suficientes en su contra.
Acosta sufrió un atentado en mayo del 2010 y dos años después asesinado a tiros en la Ciudad de México. Cienfuegos, goza de libertad y se pasea entre la élite política.
¿CÓMO CAMBIARON LAS COSAS EN MORELIA?
Hasta antes de este acto terrorista, las fiestas patrias eran en Morelia unas de las celebraciones más grandes de los ciudadanos.
La verbena popular iniciaba desde varios días antes y, para las cuales se cerraban las vialidades del centro histórico adornado de verde, blanco y rojo, acorde al festejo.
Las calles se llenaban de comida, antojitos y venta de artículos alusivos a la época septembrina; además de música que amenizaba el recorrido de los visitantes dispuestos con emoción a gritar un “Viva México” la noche de cada 15 de septiembre.
Así era todo, hasta que ese grito fue sustituido por un alarido que arrancó de los asistentes, el estruendo de dos granadas de fragmentación en diferentes puntos.
A pesar de la magnitud de este hecho sin precedentes, actualmente no hay un solo responsable en la cárcel, ya sentenciado y comprobada con justicia su culpabilidad.
Del total de sobrevivientes, 53 de ellos todavía sufren las consecuencias de cargar en sus cuerpos las esquirlas de las granadas de fragmentación y con ello, los costos económicos y deudas para atenderse esas heridas de guerra, como se les conoce.
José Ángel López y seis integrantes más de su familia, alcanzados por el estruendo y junto con su esposa Rita Alvarado han gastado más de medio millón en atención médica, aunado a empeñar su casa por 100 mil pesos, para cubrir una cirugía.
“Hasta ahorita no quedamos bien, pero pues estamos echándole ganas ya que no quedamos bien. Lo que se pide ahorita es que nos cambien la pensión vitalicia, los medicamentos y becas para los niños y atención médica”.
Como cada año, cercana la conmemoración, todos los gobernadores se acercan a las víctimas y hablan sobre el tema. El resto del tiempo, son invisibles los sobrevivientes.
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