TIJUANA.- El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró al juez de control que lo citó por el caso Next Energy que de insistir en llamarlo a comparecer, este 15 de agosto, tanto el juzgador como la fiscalía estatal incurrirían en el delito contra la administración de la justicia, porque él sigue siendo senador y tiene fuero.
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Bonilla Valdez es acusado por la actual administración estatal de haber incurrido en los delitos de corrupción y colusión de servidores públicos al firmar un contrato con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que generaría una afectación de 12 mil millones de pesos a la hacienda pública.
En el oficio, con sello de recibido por el Poder Judicial, el ex mandatario morenista aseguró que “el suscrito sigue gozando de fuero”, y por lo tanto pidió que “se deje sin efectos la audiencia inicial de formulación de imputación”.
Bonilla argumentó que, aunque la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos su reincorporación a la cámara alta, existe una resolución pendiente (producto de un recurso interpuesto por él mismo) y, por lo tanto, sigue ejerciendo sus funciones legislativas.
“Hecho que ha sido corroborado por la propia presidenta de la cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero”, dijo el exgobernador al juez de control.
El documento oficial, fechado el pasado 7 de julio, fue filtrado a la prensa este lunes y este miércoles se pronunció al respecto la Fiscalía General Estatal (FGE), quien investiga a Bonilla Valdez y a algunos integrantes de lo que fue su administración por el contrato otorgado a Next Energy para construir una planta fotovoltaica en La Rumorosa que daría energía eléctrica al acueducto que alimenta a la zona costa de Baja California.
Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general, dijo sin nombrar directamente a Jaime Bonilla que cualquier protección legal en particular, el fuero en este caso, debe ser comprobada por quien la argumenta.
“Los hechos que se investigan continuarán vigentes y esa protección también concluirá en algún momento”, subrayó.
Los actuales senadores concluyen su periodo en agosto de 2024 y en ese momento dejan de contar con fuero constitucional, en tanto que la actual administración que es quien hace las acusaciones contra Bonilla, termina su periodo el 31 de octubre de 2027. De ahí la advertencia soterrada del fiscal.
Dijo que será el Poder Judicial quien interprete la posible negativa de cualquiera de los ex funcionarios de asistir a la audiencia de este mes en la que está programado que conozcan los delitos que les imputan.
Además, reiteró que existe la posibilidad de girar órdenes de aprehensión para quienes no atiendan voluntariamente el citatorio.
En su oficio, el ex gobernador Jaime Bonilla también informó al juez de control sobre su domicilio para atender requerimientos luego de que el mes pasado el Poder Judicial no pudo notificarlo para esta misma audiencia porque la dirección que tenía para ello no correspondía a la vivienda del ex gobernador.
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