El tiempo ideal para que un fiscal, federal o estatal, permanezca en el cargo es de nueve años, porque hace posible una permanencia transexenal y evita su utilización con fines políticos o personales, consideró José Ramón Cossío Díaz, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también subrayó la necesaria intervención del Poder Legislativo para establecer mecanismos de rendición de cuentas sin afectar la autonomía de las fiscalías.
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En este sentido, y dado que está propuesta tuviera cauce, señaló que la ciudadanía ganaría porque ya no podrían utilizarlos a estas figuras como armas de un presidente o gobernador. “Éste me parece que es el elemento central de la autonomía”, destacó en entrevista.
Recordó que la impartición y procuración de justicia provenían de los monarcas quienes contaban con todos los elementos para la persecución de delitos y al pasar de los años llegaron los procuradores de justicia, mismos que fueron adquiriendo autonomía con el objetivo de evitar la venganza privada cuando un individuo sufría un agravio e impulsar la actuación de la autoridad en su nombre para evitar más violencia en una sociedad violenta, además de disminuirle potencia a un gobernante de cualquier nivel con la constante tentación de ser juez y parte.
Cossío Díaz coincidió con la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Cámara de Senadores, en que son necesarios ahora mecanismos para que los fiscales autónomos tengan una adecuada supervisión con la factible intervención de organismos democráticos o consejos de la sociedad civil, pero sin entorpecerlos ni regresar a los tiempos en que el titular del poder ejecutivo ejercía esta delicada función, la cual sigue siendo intervenida cuando opinan abiertamente sobre ciertos casos como lo hace recurrentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, conducta que se debe a una costumbre histórica con aspectos culturales y de poder en un país presidencialista con gobernadores predispuestos a tener mando ilimitado.
“No hemos logrado en el imaginario, ni ellos ni la ciudadanía, deslindar al presidente y los gobernadores de los fiscales; consecuentemente estamos en una situación donde pareciera que los errores del fiscal se le deben atribuir al presidente o que el presidente o gobernador debe decirles a los fiscales lo que tienen que hacer”, apuntó.
LA PROPUESTA DE NUEVE AÑOS
Respecto a la duración de un novenio para quien ocupe el puesto de fiscal general abundó que “lo importante es la posibilidad de desplegar un programa de trabajo, que se introduzca en la sociedad civil y se pueda regular sin que se tengan órganos potentes de control y que puedan rendir informes ante el propio Congreso de la Unión, probablemente que el Senado de la República participe en su designación.
En lo que respecta a las fiscalías estatales consideró que es ideal también el periodo de nueve años, rendir cuentas ante los congresos de los estados y constituir una comisión permanente de supervisión de las actividades de la procuración de justicia.
Respecto a que estos mecanismos de control por parte de los legisladores podrían abrir la puerta para que reaparezcan los “fiscales carnales”, subrayó que el problema no es tanto quien propone sino a partir de qué propone y reconoció que en los requisitos para este puesto tan importante son muy generales y por lo tanto se necesitan más requerimientos para componer las listas conjuntamente a la participación de organismos tanto gubernamentales como de la sociedad civil que funcionen como escrutadores y revisen perfiles antes de conformar la terna y realizar procesos deliberativos en comisiones y en el pleno.
Una vez designado un fiscal, Cossío Díaz estableció que se necesita un mecanismo que funcione como una comisión especializada con la capacidad de citar trimestralmente o semestralmente para informe y se le cuestione si incurre en malas actuaciones o acciones perversas.
“Cuando lo diseñaron les pareció buena idea generar autonomía, pero no repararon en generar todo el piso institucional que debe acompañar estas funciones”.
LA INICIATIVA ORIGINAL
En marzo de este año la senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa que busca reformar las fracciones IX del artículo 116 y X del apartado A del artículo 122.
La iniciativa de Sánchez Cordero busca homologar los siguientes puntos en todas las fiscalías del país:
- El poder legislativo local propondrá al gobierno del estado local una lista de aspirantes a titular del Ministerio Público. El Ejecutivo local elegirá una terna y ésta deberá ser aprobada por mayoría calificada.
- El cargo de Titular de la Fiscalía será ocupado por cuatro años con opción a reelección por una única vez a consideración del Congreso estatal (Actualmente un Fiscal puede permanecer 9 años en el puesto y en algunos estados, como Colima, pueden estar hasta 12 años).
- El gobernador del estado podrá remover al fiscal en casos graves, como el caso de Jorge Winckler en Veracruz.
- Profesionalización de la carrera ministerial en términos de formación, capacitación y permanencia en cargos de servidores públicos que trabajen en centros de impartición de justicia.
- Propiciar se legisle localmente en materia de una autonomía presupuestal de las fiscalías.
Respecto a este último punto, el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, ha resaltado la importancia de la autonomía presupuestal, ya que actualmente no existen fondos estatales para la procuración de justicia y el presupuesto que llega a las fiscalías sigue manejado por el Ejecutivo.
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