SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. - Juan entró a su casa ebrio y drogado una noche del 22 de noviembre de 2019, sacó su machete y amenazó a su esposa con matarla. Sin embargo, Maricela López tomó un leño que tenía a la mano y le pegó un par de veces, hasta dejarlo tirado en el patio, sin vida. Pese a que ese acto fue en defensa propia, la mujer indígena tseltal, originaria de la comunidad La Florida, municipio de Rincón Chamula, en Chiapas, nunca se imaginó que su libertad se acabaría en ese mismo día.
Sin una orden de aprehensión, un policía municipal llegó a su vivienda y la detuvo. Durante esta acción, ella sufrió malos tratos, como dejarla sin alimentos y sin otros derechos de los que era merecedora.
Además, el día en que Juan intentó machetearla frente a sus dos pequeños hijos (uno de 8 y otro de 5), Maricela estaba embarazada, por lo que la situación se puso más tensa.
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Mujer recibe sentencia de 25 años
El calvario continuó, pues desde ese año la mujer está encerrada en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas, y para colmo, la juez Dora Luz López Méndez le dictó, el pasado 27 de abril, una sentencia de 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado en agravio de quien no sólo fue su marido, sino su "verdugo", pues desde tiempo atrás este último ejercía violencia física, verbal, sicológica y hasta económica en su contra.
De hecho, la mujer, quien no hablaba el español cuando la detuvieron e incluso no supo cómo defenderse en un principio porque no tuvo a la mano un traductor de su lengua, el tseltal, ya había denunciado en su comunidad que ella y sus dos hijos eran víctimas de violencia familiar.
"Hasta que llegó el momento de defenderse, porque Juan la intentó matar porque Maricela no le dio de comer lo que le pedía, pero resulta que el hombre no le había dejado dinero para nada", recuerda Marcela Fernández Camacho, abogada de la imputada e integrante de la Colectiva Cereza.
Esta agrupación se ha dedicado, desde hace tiempo, a darle seguimiento y respaldo a casos de mujeres en condición de cárcel y violencia feminicida en todas las regiones de la entidad chiapaneca.
En ese sentido, acusó que el Estado ha fracasado en prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra el sector femenino, como lo que sucede con Maricela, cuyo tercer hijo nació y se mantiene en prisión con ella.
Lo más lamentable, advierte, es que las autoridades de justicia no hayan retomado las pruebas de la violencia que la mujer vivió, ni las aportaciones de un vecino que fue testigo de cómo ella vivió un "infierno" al lado de Juan.
Esperanzas en una apelación
Por ello, este lunes, ella y otras mujeres, integrantes de diferentes colectivos no sólo de Chiapas sino de otras entidades, acudieron al Palacio de Justicia de la zona Altos porque se celebraría una audiencia de vista luego de que la Colectiva Cereza presentara un recurso de apelación por la sentencia dictada por la juez.
"Todo esto se da en el marco de un Estado y de un país plagado de alertas de género, que han tenido que implementar un mecanismo para aplicar la recomendación 43/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para paliar este fracaso de la autoridad para paliar esta violencia contra las mujeres", rememora.
Sin duda, a Maricela, quien no sabe leer ni escribir y además vive en extrema pobreza en su poblado, la vida no le jugó de la mejor manera, pues, para mantener a su familia, tenía que trabajar en el campo, de sol a sol, además de vivir con una pareja alcohólica y drogadicta.
"Maricela es una mujer muy fuerte y, a pesar de todo lo que le han hecho, sí tiene mucha fe en la justicia", asegura la abogada defensora, quien espera de igual forma que el Tribunal del Poder Judicial del Estado revoque la sentencia y le dé la libertad absolutoria, es decir sin un expediente manchado.
El otro problema que se vive, dice, es que los otros dos hijos de la imputada sufren por no tener a su madre.
"La Fiscalía, lo que siempre hace, es inventar un relato, porque no es el único caso que hemos llevado de este tipo. Porque no es como lo dicen, 'que Maricela agarró un palo, se volvió loca y lo mató', sino que se debió analizar el contexto, hacerlo con perspectiva de género, basado en la interculturalidad, de derechos humanos, pero nada de eso ocurrió", declara.
Sin embargo, las deficiencias han supurado durante todo el proceso, pues antes de que expertas en leyes de la Colectiva Cereza tomaran el caso, hubo un abogado de oficio que no desarrolló su labor de forma adecuada, lo que empeoró el panorama para Maricela, hoy de 28 años de edad.
Por su parte, Costy Aguilar, mujer nahua e integrante de la Colectiva Las Chidas, afirma que como Maricela, miles de hombres y mujeres indígenas no han tenido la oportunidad de tener un intérprete para defenderse, "y sólo vemos a un Estado fallido, y a una sociedad machista que enjuicia a mujeres que sólo buscan defender su vida".
En su estado, Guerrero, ha habido casos de mujeres que han sido enjuiciadas por denunciar violencia por parte de sus parejas, o sujetos que forman parte de su núcleo familiar.
Mientras tanto, a las afueras del Palacio de Justicia de los Altos, se escuchan frases de apoyo a Maricela como: "Escucha, hermana, aquí está tu manada" o "Maricela, querida, yo también me defendería".
(djh)