CUERNAVACA.- Desde el 28 de noviembre de 2007, Brenda Quevedo Cruz está privada de su libertad, acusada con pruebas falsas de haber participado en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, supuesto hijo biológico de Isabel Miranda y José Enrique del Socorro Wallace. Una víctima que, en el estricto sentido de la palabra, nunca existió.
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El 8 de junio de 2011, policías federales detuvieron a Verónica Razo en Ciudad de México. La torturaron en una patrulla y abusaron sexualmente de ella, maltrato que se repitió en las instalaciones de la corporación. Los agentes detuvieron a la vez a su hermano, Erick, a quien también torturaron.
Resultado de la golpiza, Verónica Razo estuvo ingresada en el hospital tres días. Luego la mandaron a prisión, donde ya estaba su hermano. Los dos han estado presos por más de diez años. En mayo, compañeros de Terán lograron la liberación del hermano, absuelto de todos los cargos. Ella sigue en prisión.
Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del IFDP, advirtió que la prisión preventiva en México no es la excepción sino la regla, que se traduce en una violación a los derechos humanos
“Estamos con una gran misión de lograr la liberación de estas mujeres de Juana Hilda, Verónica, Brenda, y todas las mujeres que se encuentran en esta situación tan injusta y que llevan seis, ocho, hasta 15 años privadas de libertad sin sentencia. Prácticamente la mitad de la población penitenciaria del país se encuentra en prisión preventiva y esta es una injusticia que cambiar”.
En México, una de cada 2 mujeres privadas de libertad está en prisión preventiva. En el CEFERESO 16, el 86% de las mujeres privadas de libertad llevan más de 1 año a la espera de una sentencia.
LOS SIN SENTENCIA
De acuerdo con el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad e internadas en una penitenciaría en el país, cuatro de cada 10 (42.1%) no contó con una sentencia en 2021. En el caso de los hombres, el porcentaje fue de 41.5%; para las mujeres, 52.9%.
De los hombres privados de la libertad e internados sin sentencia, 12.6 % han esperado 24 meses o más para obtenerla. En el caso de las mujeres, este porcentaje fue de 14.2%, revelan los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al cierre de 2021, en los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad e internada se conformó por 220 mil 420 personas, cifra 4.4% superior a la reportada un año antes. De estas, 94.4 % eran hombres y 5.6 %, mujeres.
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