VILLAFLORES.- Graciela estaba en su casa, sin ropa y a punto de bañarse cuando elementos de la Policía Especializada descendieron de tres camionetas negras. A ella la hincaron, la encañonaron y le pegaron en el pecho y la espalda; además, uno de los policías la tocó indebidamente y la insultó.
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Los minutos de esa tarde del 28 de julio de 2021 se convirtieron en una pesadilla. Los uniformados buscaban a su hijo, Luis Carlos Domínguez Gordillo, de oficio albañil y con la primaria trunca, a quien según le achacaban el delito de homicidio calificado en contra de otro vecino de Villaflores, municipio ubicado a unos 90 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Griselda Guadalupe Martínez Vázquez abre las puertas de su casa a La Silla Rota para contar el calvario que vivió durante casi un año, desde la detención, desaparición y tortura de su hijo hasta su encarcelamiento por un par de delitos que no cometió.
El día de la detención, uno de los agentes de la fiscalía chiapaneca utilizó su “escopeta” para romper la reja de protección de la entrada principal del domicilio.
Le pregunté qué deseaba y el hombre me dijo que le entregara a una persona, que era mala, así me dijo. ‘¡Usted abra, pinche vieja!’, y tuve que abrir… a Luis lo golpearon y, a patadas y cachazos, lo subieron a una de las camionetas.
Graciela denuncia que, no solo los vejaron a los dos, sino que los “especializados” les robaron joyas, dinero y otras pertenencias.
Los insultos no cesaban. “¡Pinche vieja culera, cállese!”, le insistía uno de los agentes. Pese a que sentía miedo, ella identifica a la perfección a varios de los agresores debido a que su madre, doña Concepción, les ofrecía alimentos en su negocio, casi todos los días en este mismo poblado, cuya principal actividad es la producción de maíz.
Ella es conocida en Villaflores, les daba de comer a todos los judiciales, pero como me alejé algunos años de mi madre, por problemas familiares, por eso esos judiciales no sabían que ella era mi mamá, hasta que un día me topé a uno de ellos, el que me apuntó en el pecho (el día de la captura de Luis)
DESAPARECIDO POR CASI UN DÍA
El infierno continuó no solo para la familia, sino para Luis Carlos, quien fue desaparecido por alrededor de 24 horas. En ese lapso, cuenta Andrés Domínguez Velasco, a su hijo lo torturaron: lo golpearon y le envolvieron la cabeza para que no supiera a dónde era trasladado.
Una vez que lo mantuvieron cautivo, los uniformados le encajaron agujas gruesas en los pies, lo que le provocó una lesión grave. “Le hicieron un hoyo”.
Andrés narra que, desesperado, comenzó una búsqueda por comandancias de la región, entre otros sitios, hasta que le avisaron que Luis estaba detenido en la FGE de Tuxtla.
Lo torturaron para que se culpara de un homicidio; de hecho, mientras cateaban la casa, le exigían a mi esposa e hijo que sacaran la droga y las armas, lo que era mentira
LSR intentó hablar con Luis Carlos, pero precisamente el día que se hizo esta entrevista, por la madrugada, viajó a otro municipio de Chiapas, donde comenzará de nuevo, en una obra.
Además, según sus padres, no quiso quedarse a la entrevista porque quiere olvidarse un poco de la situación que, por algunas noches, no lo ha dejado dormir, pues cree que se lo podrían llevar de nuevo.
DOS DELITOS FABRICADOS
La lucha se complicó debido a que, en un principio, al joven obrero lo acusaban de un delito contra la salud; al no comprobarle nada, obtuvo su libertad el 9 de diciembre pasado. La fiscalía acusaba al joven de vender estupefacientes en una esquina de la colonia donde vive.
No obstante, luego lo vincularon por el asesinato de un joven, en un hecho que se registró cerca de la comunidad Pancho Villa, el 31 de agosto de 2021. Eso significó su reaprehensión.
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Pero la justicia chiapaneca no solo dañó la integridad física y moral de Luis. Con él, también pagó Alexander Pérez, originario de la colonia Santa Catarina, de la misma localidad villaflorense, a quien la FGE señalaba como uno de los cómplices del crimen y, por ello, lo detuvo días después en Mapastepec, en la zona costera chiapaneca.
De acuerdo con Graciela, él también fue golpeado con brutalidad, con la intención de que confesara que era el autor material del asesinato y que Luis era su cómplice. Empero, ellos ni se conocían.
Les pidieron, a mi hijo y al otro chavo, que confesaran que pertenecían al Cártel de Guadalajara (en referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación)”, cuenta Andrés
Incluso, comenta que hubo dos supuestos testigos de ese asesinato, pero después se supo que nunca existieron.
Ante la serie de dificultades y de “trabas” legales, intervino el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), cuyos abogados -con pruebas recabadas- lograron que Luis Carlos saliera del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 8, ubicado en el mismo Villaflores, con libertad absolutoria.
CEDH LE DIO LA ESPALDA
Graciela se queja que, antes de lograr la libertad de su hijo, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde le pidieron que dejara sus datos y otros detalles, pero pasó el tiempo y nunca hubo respuesta a su denuncia.
Pero con ellos (abogados del Frayba), unidos con nosotros, tocamos puertas, porque las autoridades querían hacer pasar a mi hijo como a una persona sucia
De hecho, durante el proceso hay dos agentes de la Policía Especializada que están identificados: Eduardo Marín Farrera y Ronay Palacios Morales, quienes se valieron de todo, como la fabricación de pruebas para mantener a Luis encarcelado. Y no solo eso, la familia de la víctima comenzó a hostigar y amenazar a su papá y mamá.
Pese a que la “pesadilla” terminó, los gastos generados durante el proceso fueron demasiados, por lo que la familia sigue en un predicamento.
Como requieren de dinero para pagar deudas y subsistir, su hijo menor, Waldo, viajó a Tijuana para emplearse y apoyarlos. “Y ahora mi Luis se tuvo que ir, quiere apoyarnos, quiere empezar una vida normal, pues antes era peón, ahora ya es albañil”.
RECONOCIMIENTO A VÍCTIMAS
En entrevista, Jorge Luis López López, abogado del “Frayba”, externa que, de ahora en adelante, se buscará que el Estado reconozca que Luis y su madre fueron víctimas.
“Doña Griselda fue víctima de tortura sexual”, apunta, para luego especificar que la FGE efectuó una investigación a modo para que, dos personas inocentes, fueran sentenciadas de manera injusta.
Por ello, detalla, el siguiente paso será que la CEDH tome la denuncia y se haga el registro ante la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, por medio del Registro Estatal de Víctimas.
La Fiscalía inventó testimonios, inventó identidades para presentarlas en audiencia y que el juez les diera valor, pero sabemos que esos testimonios son inventados
Otro detalle grave, puntualiza, es que esa instancia presentó, como datos de prueba, supuestos peritajes científicos, desde la necropsia de ley hasta la criminalística de campo, elementos que carecieron de veracidad para inculpar a Luis Carlos y a Alexander Pérez.
De acuerdo con el “Frayba”, una situación que le llama la atención es que, en todos los casos que le llegan de esa región, la FGE los investiga por homicidio calificado, más fabricación de testigos y pruebas.
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