TIJUANA. - El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y algunos ex funcionarios más, tendrán que presentarse ante un juez el próximo 15 de agosto para ser imputados formalmente a causa del fallido proyecto para construir una planta fotovoltaica en Mexicali.
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La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que el citatorio ya fue girado este martes e insistió en que no se trata de una venganza en contra de su antecesor, emanado como ella, del partido Morena.
{"quote":"“¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues recurriendo a todas las instancias legales a nuestro alcance para proteger el desfalco, el quebranto, el atraco más grande que se le iba a hacer a los bajacalifornianos”, mencionó."}
De acuerdo con el gobierno estatal, las finanzas estatales podrían haber perdido 12 mil millones de pesos por el contrato que ya fue cancelado en acuerdo con la compañía.
(Foto: Archivo)
La licitación para construir la planta generadora de energía eléctrica que alimentaría el acueducto que abastece a la zona costa del estado atravesando La Rumorosa fue ganada por la empresa Next Energy, pero el gobierno federal nunca le dio los permisos.
"NO PODEMOS PERMITIR UN DESCALABRO DE ESA MAGNITUD"
De acuerdo con Juan José Pon, consejero jurídico del gobierno de Baja California, además de la denuncia penal fueron interpuestos amparos y se acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“No podemos permitir un descalabro de esta magnitud. Simplemente la planta fotovoltaica no fue creada, no va a ser creada”, señaló.
La titular del gobierno bajacaliforniano reiteró que el acuerdo autorizado en el gobierno de Bonilla Valdez comprometía el presupuesto de Baja California porque el contrato establecía que debía pagar cada mes se construyera o no la planta.
“Se materializó el acto con el descuento de 123 millones de pesos de nuestras participaciones federales por una obra que no se iba a llevar a cabo (...) durante el proceso de transición no recibimos ninguna documentación sobre este proyecto”, destacó Ávila Olmeda.
El fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, afirmó que en la denuncia interpuesta por la actual administración hay “datos de prueba sólidos, suficientes y necesarios de verter ante la autoridad jurisdiccional”.
{"quote":"“No estamos simulando un expediente de investigación, estamos siendo serios con la investigación de los delitos, estamos determinados a que se lleve hasta la instancia correspondiente, hasta el punto necesario para que procure justicia”, afirmó. "}
(djh)