SAN LUIS POTOSÍ.- En julio de 2020, Carlo, un migrante hondureño, fue secuestrado por un grupo delictivo en San Luis Potosí. Lo golpearon durante 10 días y lo despojaron de todas sus pertenencias.
Sus captores pidieron un rescate a su familia, no lo obtuvieron debido a las condiciones de pobreza del centroamericano. Lo dejaron maltrecho, pero vivo.
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Después de sobrevivir, denunció su secuestro y tortura ante la fiscalía de San Luis Potosí, la cual sólo inició una averiguación por robo y lesiones, delitos no graves.
A partir de esto, el abogado Roberto Gómez Maravilla, del Instituto Federal de Defensoría Pública, inició el trámite para regularizar a Carlo por razones humanitarias; sin embargo, en marzo de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) le negó la regularización debido a que no acreditó ser víctima de un delito grave.
Al respecto, su defensor considera que la Ley de Migración es discriminatoria por solicitar a migrantes que sean víctimas de delito grave para poder regularizarlos, por lo que al igual que Carlo, muchos migrantes se enfrentan a la misma situación.
Ante la negativa del INM, Gómez Maravilla interpuso un medio de defensa ante el Juzgado Tercero de Distrito en San Luis Potosí por vulnerar los derechos de igualdad y no discriminación, acceso a la justicia efectiva, contemplados en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 1 de octubre de 2021, el Juzgado otorgó la protección de la justicia federal a Carlo y declaró la inconstitucionalidad de la negativa del INM.
El argumento del juzgador fue que los artículos 133, fracción III de la Ley de Migración; 144 fracción III del Reglamento de la Ley de Migración y 50 numeral 4, inciso a) son discriminatorios por solicitarle a la persona con situación migratoria irregular haber sido víctima de algún delito grave.
“Que el extranjero sea identificado por el Instituto, o por autoridad competente, como víctima o testigo de algún delito grave cometido en territorio nacional”, específica el artículo 133 como uno de los motivos para regularizar la situación migratoria del extranjero.
Pasó más de un año para que Carlo pudiera regularizarse por razones humanitarias. Ahora, tras la intervención del IFDP, ya se encuentra legalmente en el país y ya no corre peligro.
De acuerdo con el último informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), de enero de 2013 a mayo de 2021, 350 mil 357 personas solicitaron asilo en México, pero solamente las autoridades han resuelto 121 mil 344 casos, es decir, hay un rezago del 65.36 por ciento.
De los casos resueltos por las autoridades mexicanas, 79 mil 278 fueron reconocidos como positivos, a 8 mil 559 se les otorgó protección complementaria y a 33 mil 507 personas migrantes se les negó la solicitud, al igual que a Carlo.
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