TULUM.- Yaremi Sarahí Luna trabajaba como educadora en el CADI del DIF municipal. Firmó un contrato con el Ayuntamiento de Tulum, en Quintana Roo en marzo de este año, pero en abril sufrió una amenaza de aborto, por lo que era necesario tomar incapacidad una semana y estar fuera de riesgo. Al notificar a sus jefes lo sucedido, le solicitaron que se presentara al área de Recursos Humanos, donde se enteró que había sido despedida.
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Yaremi es una madre de familia de 28 años, vive en Tulum y, con el esfuerzo de su trabajo sostenía los gastos de su hogar para cuidar a sus dos hijos, una niña de seis años y un pequeño de dos años.
En una jornada laboral normal comenzó a sentirse mal y tener sangrado vaginal, acudió al hospital y fue el médico quien le explicó que su malestar era debido a un embarazo, el cual se había puesto en riesgo.
DENUNCIA ABUSO LABORAL
Su labor como educadora consistía en dar atención a las infancias, similar a una guardería, muchos de los niños y niñas que atendía eran hijos de los trabajadores del gobierno municipal.
(Foto especial)
La víctima de abuso laboral decidió hablar sobre su situación al considerarlo una grave injusticia, conoce sus derechos, por lo que sostiene que las mujeres no deben perder el empleo al estar embarazadas.
La joven explicó que al iniciar esta administración de gobierno representada por el presidente Marciano Dzul de Morena, solicitó empleo y aprovechó sus estudios como educadora hasta conseguir un puesto en el CADI del DIF en marzo de este año. El alta laboral fue firmada por la directora del Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tulum, Marina Acosta Díaz.
“Yo trabajé con la ex presidenta Rumualda Dzul, hermana del que actualmente es presidente. Mi coordinadora me ayudó a acomodarme en este trabajo, porque lo había dejado todo por la pandemia. Surgió la oportunidad, entró este partido y como yo ya tenía estudios de asistente educativo, dije me voy a dar oportunidad de trabajar en el CADI, me llamaron, me presenté en el CADI y comencé a laborar en marzo de este año”, relató Yaremi.
LA AMENAZA DE ABORTO Y EL DESPIDO
El 5 de abril mientras se encontraba trabajando comenzó a sentirse mal y después tuvo sangrado vaginal, ese mismo día consultó con el médico y le informó que estaba embarazada con seis semanas de gestación.
Para Yaremi fue una sorpresa pues tenía un implante subdérmico para prevenir el embarazo y el médico le explicó que sus dolores estaban relacionados con una amenaza de aborto y le pidió que tome reposo por siete días.
La ex trabajadora llevó sus resultados médicos para informarlo a su jefa directa del CADI del DIF, Karina Cobá, quien le informó que la cambiarían de área y le ordenó que acudiera a Recursos Humanos para revisar el proceso.
Al llegar con Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tulum le solicitaron sus documentos de identificación y fue atendido por un empleado que le enseñó dos hojas que contenían cantidades diferentes relacionadas con una renuncia voluntaria.
Al preguntar los motivos del despido solo le respondieron que son “ordenes de allá arriba”, después argumentaron que sería despedida por una presunta acta administrativa por quejas de padres de familia y su trato con las infancias, sin embargo, no le enseñaron ninguna acta administrativa ni documento que acreditara las acusaciones.
“Sé que me están corriendo porque estoy embarazada porque desde que entré en broma, no lo sé, la directora y su auxiliar dijeron que en tres años no me debo embarazar, porque no podemos estar cubriendo incapacidad, no tenemos personal ni nada de eso”, relató Yerami.
La madre de familia ante su necesidad de no perder el empleo se comunicó con la titular del DIF de Tulum, Ileana Canul de Dzul, para contarle su situación y buscar una opción que evitara su despido. La funcionara la atendió y le dijo que la ayudaría comunicándose con la directora del CADI.
Sin embargo, la gestión no funcionó, regresó con Recursos Humanos y le volvieron a presentar documentos que tenían los desgloses de finiquito, además le informaron que los documentos tenían un período de validez para hacerse efectivo y cobrar el dinero.
Entre los argumentos que le dieron empleados de Recursos Humanos del gobierno municipal son que debido a su condición de embarazo tenía que estar en áreas con menos movimiento y un tiempo de descanso no era posible tomarlo ya que el área de CADI necesita personal para operar y que son instrucciones ordenadas por mandos superiores.
Ante la presión de obtener recursos para mantener a su familia, la joven terminó firmando la hoja de finiquito días después, con la esperanza de recibir pronto los recursos. Yaremi actualmente está fuera de riesgo de la amenaza de aborto, tiene tres meses de embarazo y aún está en espera de que el DIF de Tulum la finiquite por el tiempo que estuvo trabajando para la institución.
“¿Qué está pasando con nuestro gobierno, donde están quedando las mujeres?, somos nosotras las que debemos alzar la voz porque si lo permitimos todo esto va a seguir pasando y yo lo hago porque tengo una hija, y quiero que el día de mañana alce la voz de lo que llegue a pasar y no se quede callada, que se defienda”, dijo Yaremi.
La Silla Rota solicitó información del caso a la presidenta del DIF de Tulum, Ileana Canul de Dzul, quien señaló que el motivo del despido es un presunto trato inadecuado a niñas y niños reportado por la Directora del CADI Tulum, Karina Coba. La funcionaria del DIF dijo que se preparará la entrega del dinero de la liquidación a la educadora.
La presidenta del DIF, es esposa del actual presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul quien gobierna por segunda ocasión el municipio, su familia tiene carrera en la política, ya que actualmente su hija Silvia Dzul Sánchez participa como candidata a diputada local por el Distrito 09 con la coalición “Juntos haremos historia” conformada por Morena, PT, PVEM y Fuerza por México. La candidata en sus redes sociales expone sus recorridos en las calles de Playa del Carmen y Tulum con la consigna de proteger a las niñas y mujeres.
Los despidos injustificados fueron parte de las consecuencias durante la pandemia por Covid-19, tan solo en 2021 fueron reportados 4 mil 800 quejas de este tipo en Quintana Roo y en lo que van del primer trimestre de este año han reportado mil 237 despidos injustificados, confirmó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS).
(djh)