MÉRIDA.- Es 2020. Osvaldo Burgos Tzuc es un joven originario de Tixkokob, Yucatán. Estudió durante semanas para ingresar a la escuela de sus sueños, la Universidad Autónoma de Yucatán. Lo logró en su tercer intento. Hizo los pagos necesarios y los trámites, pero en octubre de ese año se enteró que no estaba en la matrícula de la UADY.
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Osvaldo contaba con las pruebas de que realizó la carga al sistema, pero no podía finalizar el proceso. De hecho, tenía acceso a las clases vía Zoom y estaba matriculado como alumno de la UADY. Intentó ejercer su derecho de audiencia para aclarar la situación, pero le fue negado.
El 8 de octubre de ese año, un maestro le informó que no estaba en la lista. El 9 acudió a control escolar en la facultad de Veterinaria. El 12 envió un correo preguntando qué pasó con su situación y al día siguiente le confirmaron que se canceló su inscripción. Fue entonces, que con el apoyo de su asesor legal René Ramírez interpuso un amparo e inició la odisea legal, que finalmente falló a su favor.
Lo que se analizó es que había una presunción del alumno que presentó en tiempo y forma sus documentos. La omisión de la UADY fue no atender diligente y correctamente el procedimiento de notificación al alumno, es decir, unilateralmente no puede privarlo del derecho a la educación, debió avisarle para subsanar la omisión, pues el alumno ya había solicitado audiencia y se la negaron”, comentó el abogado
Osvaldo continuará sus estudios para ser veterinario, pero quedará también la constancia de que la propia UADY vulneró sus derechos al publicar un comunicado el 20 de octubre, luego de que el joven buscará ayuda.
EL VIACRUCIS
Osvaldo interpuso una demanda de amparo en octubre de 2020 a raíz de que fue dado de baja en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, pese a haber aprobado el examen de ingreso y cumplido con los requisitos de inscripción señalados en la convocatoria de la UADY.
En mayo de 2021, ganó la demanda de amparo a la UADY para estudiar en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Y esta semana, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa determinó que la Universidad Autónoma de Yucatán no puede escudarse en su “autonomía” para violentar los derechos de las y los estudiantes.
El tribunal consideró que al eliminar la entrega de documentos de manera presencial durante la pandemia por la covid y dejar como única opción la vía electrónica, transgredió el derecho del joven a recibir educación superior, toda vez que no consideraron las dificultades técnicas que pudieran tener las y los estudiantes.
La autonomía universitaria no puede invocarse como justificación para restringir ese aspecto del derecho fundamental, pues, la autonomía universitaria, en tanto garantía institucional, debe siempre usarse para maximizar, nunca para limitar, el alcance y protección del derecho humano que la dota de sentido”, se lee en el texto del fallo
“No se advierte que las responsables hayan previsto los inconvenientes técnicos que pudieren tener los aspirantes actuales para el envío de la documentación requerida en la época de pandemia que se vive en la actualidad, implementado las medidas y ajustes necesarios, para permitir la accesibilidad de la inscripción a la Institución educativa”, se dictó.
POBREZA Y SALUD
El caso de Osvaldo Burgos evidenció las dificultades de los estudiantes en Yucatán que viven en comunidades alejadas y sin servicios de conectividad. Ocurrió en 2020, año en que inició la emergencia sanitaria, además de que la entidad también resultó impactada por los huracanes Delta y Zeta, así como por la tormenta tropical Gamma. Estos fenómenos naturales afectaron los servicios públicos de la comisaría Euán en Tixkokob, donde vive.
Osvaldo vive con su mamá, quien se dedica al trabajo doméstico, y con su padre en condición de discapacidad, quien cría carneros.
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