TUXTLA GUTIÉRREZ.- En su mente tenía un objetivo claro: trabajar duro, de día y de noche, para formar parte de la Guardia Nacional y ayudar a su madre y hermanos para sacarlos de la pobreza. Sin embargo, el 3 de julio de 2020, Damián Genovés Tercero vio truncado su sueño luego de que integrantes de “La Tropa del Infierno” lo secuestraran en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Murió de un balazo que un militar le dio, por “error”, en la cabeza.
A casi tres años de su asesinato, sus familiares exigen la reparación del daño y que se judicialice el proceso para que una veintena de militares vayan a prisión.
VIAJE SIN RETORNO
En 2020, Damián y Alejandro, en ese entonces de 18 y 16 años de edad, emprendieron decidieron salir de la colonia Álvaro Obregón, en Tapachula, Chiapas, pues la situación económica era complicada debido a que su padre los abandonó desde pequeños y su mamá no se daba abasto para mantenerlos, a ellos y a otro hermanito que padece asma.
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De hecho, una de las metas trazadas por Damián era llegar a Nuevo Laredo para emplearse en alguna actividad y ganar, no solo pesos si no dólares; sin embargo, en su andar por esa zona fueron “levantados” por sicarios de “La Tropa del Infierno”.
De acuerdo con el expediente del caso, a Damián lo subieron a la góndola de una camioneta plateada, atado de pies y manos, junto con otras personas; cuando era trasladado, un grupo de soldados se enfrentaron con los integrantes de “La Tropa del Infierno”. Se desataron los balazos y empezó una persecución. Los militares, pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería Motorizado de esa región abatieron a todos los ocupantes de la camioneta, incluido Damián. Alejandro, su hermano, sigue “desaparecido”.
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Con base en un video que publicó El Universal (tomado por la cámara de un militar que participaba en la persecución y balacera), se puede ver que la camioneta de los criminales fue embestida por una unidad militar. Al menos cinco soldados apuntaban y se acercaban a la unidad. En un momento, Damián mueve brazos y cabeza. “Está vivo, hay uno vivo”, se escucha decir a militares, pero llegó la orden de un mando: “¡mátenlo!”. Así se consumó la primera ejecución extrajudicial del gobierno morenista encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
(insertar video)
LARGO PEREGRINAR
A partir de ese momento comenzó el calvario para la madre y otros parientes de Damián y Alejandro; incluso, tuvieron que efectuar un plantón de casi cuatro meses en la Ciudad de México para presionar al gobierno a atender el caso.
En principio, recuerda Ángel Ibarra Tercero, primo hermano de las víctimas, las autoridades no se querían responsabilizar de los gastos para trasladar el cuerpo de Damián, a pesar de que era su obligación.
Al presidente no le quedó de otra que ordenar al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, hacer las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho. Esta orden se registró en una conferencia de prensa el 24 de agosto de 2020.
Al respecto, la CNDH emitió la recomendación 90/2021, en la que se advierte que los hermanos habían desaparecido el 24 de junio de 2020.
En el mismo documento, quien presentó la queja deja en claro que “es evidente que el personal militar que participó en estos hechos actuó de manera deliberada en la ejecución extrajudicial (de Damián), quien se encontraba inmovilizado, sino que también filtró información, fotografías y videos de los hechos, a través de la página webb (sic) Nuevo Laredo, Frontera al rojo vivo, de que se trataba de un sicario o integrante de un grupo delictivo, para intentar justificar este abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza letal”.
Asimismo, se reporta que en ese operativo participaron cerca de 22 soldados, quienes circulaban en un convoy conformado por cuatro “unidades”.
Dentro de algunas versiones expuestas, uno de los militares involucrados en los hechos relató: “Fuimos agredidos con armas de fuego por personas de la delincuencia organizada […] había muy poca iluminación”.
Otro soldado refirió que fueron agredidos “por unas personas de la delincuencia organizada, es decir, civiles armados; ‘yo repelí la agresión y encendí la cámara que porto en el casco y también dimos seguimiento’”. Otro más señaló: “Solo escuché los disparos y abrí fuego a la camioneta de la que nos estaban agrediendo”.
¿BRUTALIDAD POLICIACA?
De acuerdo con un reporte elaborado por el Observatorio de la Guardia Nacional y Causa en Común, de diciembre de 2018 a abril de 2022, la Sedena, la secretaría de Marina y la Guardia Nacional acumulaban 2,510 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Estas quejas, se advierte, están mayormente relacionadas con casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.
En el mismo documento, Amnistía Internacional señala que “las fuerzas armadas tienen más probabilidad de abusar de los detenidos que la policía federal, estatal o municipal”, pues cerca del 88% de las personas detenidas por la Armada, y el 86% de las detenidas por el Ejército, se han quejado de tortura y otros abusos.
Para Ángel Ibarra Tercero, primo de Damián, es increíble que los elementos involucrados aún sigan activos en sus puestos en Tamaulipas y no reciban el castigo que se merecen, “porque son protegidos por la Sedena”.
Lo que más le duele, acepta, es que su primo tuviera que migrar al norte del país porque en su pueblo no había oportunidades. “Él era el pilar de su casa; por ello, no vamos a descansar, aunque las instituciones nos la quieran hacer cansada”.
TRASPIÉS
De nueva cuenta, Ángel Ibarra, también integrante del Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional (MAO-LN) en Tapachula, lamentó que el proceso penal que han vivido sea tedioso Y “burocrático”, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con las pruebas suficientes para hacer su labor.
“Aquí la interrogante es de quién se espera la orden para aplicar las órdenes de aprehensión en contra de los militares asesinos, ¿de Crescencio Sandoval o del presidente del país?”, se cuestiona en entrevista con La Silla Rota.
Ante la cerrazón de la autoridad han tenido que movilizarse para ser escuchados. “(En el caso de Alejandro, quien aún sigue desaparecido) todo continúa de la misma manera, no hay avances”.
Menciona que otro “ente” que no camina es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de Chiapas, pues tampoco le da celeridad al expediente para la reparación del daño y así brindarle el apoyo económico a la madre de la víctima, cuyos gastos, a partir de la muerte de su hijo, han sido importantes.
LUCHÓN Y ESTUDIOSO
En Álvaro Obregón, Damián dejó una huella importante de lucha: cuando estuvo ahí se dedicó a estudiar la “prepa” y a trabajar. Hacía mandados o cortaba leña para llevar dinero a su casa. Quien le seguía los pasos era Alejandro, estudiante en ese entonces del nivel secundaria. Inclusive, es recordado como un joven que no tenía problemas con nadie y que además le gustaba el deporte.
Entrevistada por LSR, Silvia Tercero Arreola recuerda a su hijo como un joven que tenía una meta fijada: continuar sus estudios como físico matemático y ser parte de la GN.
Previo al viaje que emprenderían hacia Nuevo Laredo, detalla, se dedicaron a juntar dinero para su travesía. “Lo último que me dijo mi hijo es que había metido sus papeles a la Guardia Nacional, pero como no pudo conseguir un documento de antecedes no penales, por la pandemia, fue que se detuvo su proceso”.
Al igual que Ángel, lamenta que, a casi tres años de haberlo perdido, no llegue la justicia y, en cambio, ella esté cada día más enferma. “Desde que me enteré (de su muerte) me enfermé de diabetes”.
Pese a su condición física y a la de su hijo más pequeño, Silvia tiene que salir a las calles para ofrecer antojitos u otros productos para subsistir.
“Mi Damián me decía que, como yo había trabajado, que era como padre y madre, ahora él se pondría a trabajar para apoyarme, ¡pero mire qué pasó!”.
En su oportunidad, Romeo Ibarra Espinosa, tío de las víctimas, critica que, aun cuando la recomendación de la CNDH fue aceptada por el titular de la Sedena y por el fiscal de Tamaulipas, aún no se tienen respuestas precisas.
“Aunque el presidente AMLO diga que se acabó la corrupción e impunidad, ¡pues no!, porque éste es un caso de impunidad, porque no quieren meter a la cárcel a los asesinos… ¡No mataron a un perro!”, se queja.
Le preocupa, dice, que instancias como la CEEAV le dé largas a los asuntos, para que las víctimas se aburran y todo quede en el olvido. “Pero eso no sucederá con nosotros”.
CIFRAS DEJAN MAL PARADAS A POLICÍAS
En la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), entre junio y julio de 2021, se advierte que 85.8% de las personas en prisión (un total de 67,584) mencionó haber sufrido algún tipo de uso de la fuerza durante la detención.
Es decir que el 73% señaló que fue esposada en el momento de su captura, mientras que 60.6% mencionó que la policía o autoridad empleó la fuerza física para someterla.
En el 5.4% de los casos se dijo que las policías o elementos de otras corporaciones les dispararon con pistolas, rifles, entre otros. El 6.2% advirtió que su vida estuvo en riesgo luego de que les provocaran lesiones, y el 1.4% fue herida con arma de fuego.
Entre otros datos, el 64.5% de la población privada de la libertad mencionó haber sufrido algún acto de violencia, realizado o permitido por la policía o autoridad después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público. Asimismo, el 45.8% señaló que fue incomunicada o aislada después de la detención, mientras que 39.2% manifestó recibir amenazas con levantarle cargos falsos.
AGRESIONES SON COMUNES
La ENPOL reveló que, de las personas que estaban privadas de la libertad, el 48.6% aceptó haber sufrido algún tipo de agresión física después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público.
El 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas, señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23% confesó haber sido asfixiada o ahorcada.
En cuanto al porcentaje de población privada de la libertad que sufrió algún acto de agresión física después de la detención hasta antes de llegar al MP, Chiapas aparece entre el lugar número ocho con 53.5%, mientras que Tamaulipas está en el cuarto sitio con 54.8%.
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