SALTILLO.- “Una de las prioridades de mi gobierno es garantizar la salud de las y los coahuilenses”, es una de las frases favoritas del mandatario de Coahuila, Miguel Riquelme. Sin embargo, en los hechos se puede comprobar que su gobierno decidió no gastar más de 3 mil millones de pesos en programas dirigidos a garantizar el acceso a los derechos humanos o solucionar problemas de sectores vulnerables.
Se trata de nueve órganos estatales de Coahuila que suman más de 3 mil millones de pesos en subejercicios, entre 2018 y 2021, de acuerdo con un análisis hecho a sus cuentas públicas por el periodista Christian Luna, de Border Hub.
Estos más de 3 mil millones de pesos son recursos públicos que las dependencias no gastaron y no cumplieron con las metas presupuestadas a inicio del año, según la definición de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.
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Entre las primeras tres instituciones con más subejercicios analizados se encuentra la Comisión de Aguas y Saneamiento, con más de 2 mil millones de pesos en subejercicios; le sigue el DIF Coahuila con 347 millones y en tercer lugar se encuentra la encargada de los Servicios de Salud del Estado de Coahuila con 208 millones de pesos y que gestiona diferentes Centros de Salud.
Entre la lista también se encuentra la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.
Según los estatutos de estas organizaciones, en su definición, están enfocadas a garantizar el acceso a los Derechos Humanos o la reparación del daño al ser violado algún derecho, o a solventar los problemas de las familias con bajos recursos.
Los subejercicios de 2020 de Promotora Rural y el Centro de Justicia para las Mujeres no pudieron ser encontrados, al igual que los subejercicios de 2018 de la Pronif.
Una portavoz de la Auditoría Superior del Estado dijo que “por el momento la dependencia no está interesada en dar alguna declaración” sobre todos los subejercicios, a pesar de estar a cargo de la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos en todas las instituciones del estado.
ADEMÁS, LE DEBE A HACIENDA
Aunque en los últimos años el gobierno federal ha recortado a Coahuila 18 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil millones han sido de este 2022, esto no ha impedido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exija que se regrese el dinero no ejercido.
A lo largo de este año, la Secretaría de Finanzas se vio obligada a reintegrar a la Federación, un total de 6.9 millones de pesos, por recursos no ejercidos durante 2021 de diferentes partidas, como el de Educación Básica y Normal Federalizada, del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades, entre otros.
Esta práctica es habitual, pues el año pasado, Finanzas del Estado regresó 7.9 millones de pesos por fondos y programas que no se lograron ejercer en 2020.
Por 19 programas y obras que cayeron en subejercicio de recursos en 2013, 2015, 2016, 2017 y 2019, la Secretaría de Finanzas tuvo que regresar al Gobierno federal 11.6 millones de pesos.
La mayor parte de los recursos reintegrados a la Federación tiene que ver con remanentes de programas, donde no se aplicó la totalidad de los recursos por economías.
Por ley, en el caso de transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero siguiente.
Solo en el caso de que exista un convenio, los pagos respectivos deberán cubrirse conforme a su calendario de ejecución y, una vez cumplido el plazo respectivo, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.
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