TUXTLA GUTIÉRREZ.- Al menos cinco personas muertas, cerca de 20 casas quemadas y como 100 personas desplazadas, ha dejado el conflicto armado que se vive en Chenalhó, Chiapas, desde el pasado viernes, reportó el Comité de Derechos Humanos de Base “Digna Ochoa”, con sede en San Cristóbal de Las Casas.
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De acuerdo con la información proporcionada, los hechos de violencia se han registrado entre las comunidades Atzamilo y alrededores de Santa Martha; además, lamentó que las autoridades gubernamentales, hasta el momento, no hayan intervenido para evitar más tragedias.
Corroboró que un grupo armado de 60 personas atacó la comunidad de Atzamilo y sus alrededores desde el jueves 29 de septiembre, por lo que desde entonces mantiene un sitio y ataque permanente.
El Comité de Derechos Humanos advirtió también que estas situaciones las ha hecho saber a diferentes instancias, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros.
“Queremos manifestar que valoramos que hay graves omisiones por parte de funcionarios de los gobiernos federal y de Chiapas para resguardar la vida, seguridad e integridad de pobladores de Santa Martha, Chenalhó”, dejó entrever en un documento.
Incluso, recordó que desde hace años ha documentado el conflicto armado entre Aldama y Santa Martha, “y desde su primera intervención señalamos que es evidente la presencia de grupos armados con armamento de alto calibre en los dos municipios, que existían agresiones e intercambio de disparos y que una condición necesaria para alcanzar la paz en esos territorios era la desarticulación y sanción de los grupos armados que operan en la región”.
LATENTE LA MASACRE
En cuanto a la situación que se vive en la actualidad, ventiló que estarían en peligro otras 12 personas, es decir que podrían ser masacradas; incluso, reveló que, por el ambiente hostil, ni el Ejército, ni la Guardia Nacional ni otra instancia quieren entrar a ese territorio.
Según la información, el viernes 30 de septiembre por la noche, la Fiscalía General del Estado de Chiapas emitió un boletín en donde reconoce una persona muerta por arma de fuego que fue agredida el jueves 29 de septiembre, así como que manifiesta que ese día sostuvieron una reunión interinstitucional en donde “se acordó establecer puestos de control en entradas y salidas de la cabecera municipal de Chenalhó y recorridos disuasivos en diferentes puntos por parte de elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva.
En su relatoría, el Centro de Derechos Humanos explicó que este 3 de octubre por la noche, recibieron un mensaje preocupante de pobladores de Chenalhó, el cual se lee textualmente de la siguiente manera: “Buenas noches, lic., en Santa Martha ya hubo muchos muertos, nadie defiende la vida de los inocentes y seguro que va seguir muriendo gente, pero mi preocupación es quién defiende a los niños, mujeres, ancianos que son inocentes de lo que está pasando en Chenalhó”.
LOS PRIMEROS BROTES DE VIOLENCIA
Con base en el “Digna Ochoa”, el domingo 26 y 27 de junio pasado se generaron hechos violentos en la comunidad de Atzamilo, Santa Martha, en donde manifestaban que un grupo de 30 personas, entre agentes y autoridades del Sector Santa Martha, los agredieron con armas de fuego, apresaron personas, quemaron casas y pertenencias de 31 familias y las expulsaron de las tierras que ocupaban.
“Entendiendo que es un conflicto delicado, solo informamos y solicitamos la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población y de la Secretaría General de Gobierno. Teniendo información que se realizaron varias reuniones en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez”.
Las familias, dijo, huyeron hacia las montañas y posteriormente se refugiaron en Polhó, Chenalhó. Previo a la llegada de la relatora sobre desplazamientos forzados, agregó, “nos indicaron que eran 60 familias desplazadas de Santa Martha por un conflicto interno, que ya estaban en una mesa de diálogo con el gobierno de Chiapas y que se habían condiciones de las autoridades de la comunidad para su retorno, entre ellas renunciar a la tierra que tenían en posesión, la reposición de un vehículo, entre otras.
Una de las más importantes, aseguró, fue la del retorno con la firma de un pacto de civilidad en donde se compromentan a no involucrarse u organizarse en grupos que generen inestabilidad en el interior de los Bienes Comunales Manuel Utrilla Santa Martha y respetar en todo momento a las autoridades comunales.
“Esta información la adjuntamos en datos de personas en situación de desplazamiento interno forzado en Chiapas en el informe que entregamos a la relatora Cecilia Jiménez-Damarys en la reunión que sostuvo con víctimas y este Comité Digna Ochoa el 3 de septiembre de 2022”.
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