PUEBLA.- Eukid Castañón Herrera, quien fuera operador político del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, fue sentenciado a más de 7 años de cárcel por el delito de extorsión. Actualmente está preso en el penal de Gómez Palacio, Durango.
En febrero de 2020, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Eukid realizó llamadas telefónicas a dos ciudadanos para amenazarlos con ocasionarles daño físico y moral si no entregaban un inmueble a su pareja sentimental. La fiscalía informó que las víctimas se percataron de que personas identificadas como escoltas de Eukid comenzaron a vigilarlas como método de presión.
“Es una sentencia que no he visto, pero ya me habían dicho de su contenido, seguramente el sentenciado apelará y recurrirá a todos los canales para revertirla”, dijo este jueves el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Agregó que “se debe aplicar la ley hasta a los más poderosos, los más malos de malolandia, ese sí era malo; los otros que se quedaron son rateros”.
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Barbosa afirmó que Eukid “tiene muchos procesos y es materia del Poder Judicial resolverlos. No estoy enterado de cuáles son, pero sé que los tiene por muchas causas que fueron constitutivas de delitos y que son muy graves”.
Castañón Herrera fue vinculado a proceso el 8 de junio de 2020 por el delito de manejo de recursos de procedencia ilícita, que se sumó al que ya tenía por extorsión desde el 18 de marzo de ese mismo año. En el caso de recursos de procedencia ilícita la vinculación a proceso se dio tras la acusación que en su contra hizo la regidora de Atlixco, Julieta Camacho Mata, por operaciones con 150 millones de pesos.
Hace dos años la oficina de Eukid Castañón advirtió en un comunicado que el exdiputado panista es “el primer preso político de esta administración”, y afirmó que Barbosa “inició una clara persecución política, que ha sido ratificada”.
En noviembre de 2019 tramitó un amparo para impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congelara sus cuentas y las de sus empresas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El amparo fue contra el requerimiento 110/F/B/4974/2019 que el 27 de septiembre hizo la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidiendo que no se le abran nuevas cuentas, cancelar las vigentes e impedir que hiciera uso de los recursos.
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