PUEBLA.- Ricardo N se convirtió en el primer procesado en Puebla como presunto responsable del delito de violencia vicaria: el 16 de junio de 2016 recogió a Mauricio, su hijo menor de edad en el domicilio de su esposa. Aunque quedó de regresar al menor el 20 de junio de ese año, han pasado más de seis años sin que Andrea Lezama Bonilla, la madre, haya vuelto a verlo.
El Poder Judicial del Estado llevó a cabo la audiencia inicial en la cual vinculó a proceso a Ricardo acusado de los delitos de sustracción de menores y violencia familiar con la agravante de violencia vicaria en agravio de Andrea y de Mauricio, el hijo de ambos, delitos contemplados en la Ley Para el Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y en los Códigos Civil y Penal del estado de Puebla.
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La audiencia inicial la llevó a cabo durante más de cuatro horas la juez María Guadalupe Muñoz Pérez, en el Centro de Justicia Penal del Poder Judicial del Estado de Puebla, quien analizó el caso promovido por Andrea Lezama, escuchó los argumentos de ambas partes y determinó la medida cautelar de prisión preventiva.
Ricardo N, de acuerdo con el expediente, acudió a recoger a su hijo, entonces de un año y 10 meses de edad, al domicilio de su esposa en la colonia La Loma de la ciudad de Puebla, sin embargo, se lo llevó a Los Cabos, Baja California Sur.
En busca de volver a ver a su hijo Andrea Lezama se unió a la Colectiva Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria (Cam-Cai) de la que es vicepresidenta. Horas antes de que se realizara la audiencia dijo temer que Ricardo N. o su familia le hagan daño, ya que si fueron capaces de lastimar a su hijo separándolo de ella, son capaces de cualquier cosa: «si me pasa algo, díganle por favor a mi hijo que lo amo, que lo amo con todo mi corazón, que jamás lo abandoné y que hasta el último momento luché por él”.
El 15 de julio el Congreso local tipificó la violencia vicaria como un delito que se castiga con penas que va de 2 años y medio a 10 años con ocho meses de prisión en Puebla, un estado en el que, señala la Red Plural de Mujeres, se han registrado más de 30 casos de este tipo de violencia. La ley entró en vigor el miércoles 3 de agosto de 2022, tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y el caso de Ricardo N es el primero en el que se aplica.
A partir de esa fecha se considera violencia vicaria a “todo acto u omisión intencional con el objeto de causar daño a la víctima a través de prejuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de las hijas y los hijos, así como el daño o menoscabo del vínculo filial con la víctima. Es una manifestación de violencia por parte de quien mantiene o mantuvo una relación afectiva o sentimental de pareja con la víctima por sí o por interpósita, la persona utiliza a las hijas o hijos de la víctima como instrumento para causarle daño”.
“Yo estoy llena de muchas emociones. Tengo las palabras atoradas, simplemente quiero agradecerles mucho a todos”, dijo Andrea Lezama acompañada de su abogado Christian Hernández Arellano en una transmisión en vivo que hizo la organización Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria al término de la audiencia.
Agregó que con este caso todas las madres que se encuentran en la misma situación pueden darse cuenta de que sí es posible que trabajen sociedad civil y autoridades. “Es el primer paso, creo que lo podrían encarcelar. Estoy muy feliz, vamos a seguir luchando para que todos podamos estar con nuestros hijos e hijas”.
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