CUERNAVACA.- En 2017, la fiscalía de Morelos enterró, de manera ilegal, 85 cuerpos sin identificar en el cementerio Pedro Amaro, en Jojutla. Después de cinco años, comenzaron los trabajos de exhumación para identificar los cadáveres y entregarlos a sus familias.
Los trabajos de exhumación e identificación comenzaron la semana pasada. Durante los primeros dos días fueron hallados un cuerpo y una bolsa con restos de al menos cinco personas. La fiscalía no cuenta con datos para reconocerlos.
“No tienen número de carpeta de investigación, si es que abrieran una por los homicidios; las bolsas con fragmentos no cuentan con datos, como el día que las encontraron o cuándo los sepultaron en Jojutla”, señaló Angélica Rodríguez, madre de Viridiana Morales Rodríguez, estudiante universitaria desaparecida desde 2012.
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Los trabajos de exhumación se reanudaron la mañana del lunes 17 de octubre, después de cinco años de estar suspendidos, debido a que en esa área del panteón había cinco tumbas de particulares. En ese entonces, el ayuntamiento de Jojutla y la fiscalía estatal se comprometieron a reubicar dichos restos, a fin de continuar con la búsqueda de entierros ilegales.
Por presiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en una visita a Morelos en noviembre de 2021, un juez ordenó a la fiscalía de Morelos reabrir la fosa.
Angélica Rodríguez recordó que cuando comenzaron las exhumaciones, integrantes de las organizaciones de familiares de desaparecidos exigieron a la fiscalía y a la FGR mostrar el plan de trabajo con el propósito de que no las vuelvan a suspender.
En dicha fosa irregular, recordaron, se pretendía encontrar 35 cuerpos enterrados de forma ilegal en 2017, cuando gobernaba Graco Ramírez; sin embargo, a la fecha han descubierto 85 en dos etapas.
Acusaron que a los cuerpos “los basurizaron”, pues sólo los metieron como basura, porque nada los identifica. El primer caso de fosas clandestinas “oficiales” se descubrió en Tetelcingo, municipio de Cuautla, donde inhumaron cadáveres sin realizarles la necropsia de ley; algunos incluso tenían huellas de tortura o el tiro de gracia.
El caso más emblemático fue el de Oliver Navarrete Hernández, cuyo cuerpo estuvo ocho meses y 12 días enterrado, junto con 117 cadáveres sin reclamar en Tetelcingo, a pesar de que lo identificaron sus familiares, quienes lograron su exhumación en diciembre de 2014.
LA JORNADA
En los trabajos de exhumación, que comenzaron la semana pasada, participan colectivos, familiares de personas desaparecidas, trabajadores de las fiscalías General de la República y de Morelos, así como de las Comisiones Nacional de Búsqueda de Personas y su homóloga local.
Con una máquina retroexcavadora se quitó la tierra que cubría la fosa donde en 2017 se localizaron los restos de 85 personas.
Jael Jacobo, hermana de Pablo, desaparecido en Zacatepec el 12 de marzo de 2022, expresó: “Este momento histórico es resultado de la lucha de las familias de personas ausentes, quienes desde 2013 han persistido en la búsqueda de verdad, justicia e identificación de sus seres queridos en Jojutla, en Morelos y en todo el país”.
Amalia Alejandra Hernández Hernández, integrante del Colectivo de Desaparecidos Tetelcingo-Jojutla, acusó que la fiscalía estatal de inhumar, durante el sexenio del perredista Graco Ramírez (2012-2018), decenas de cadáveres sin identificar.
“En 2017 veníamos por 34 cuerpos y salimos con 35; después se acordó con otros grupos que había que rascar para descartar que hubiera más. Cuando terminamos, hallamos una tarima”.
“La fiscalía dijo que esa era la base; sin embargo, exigimos seguir con la búsqueda, pero exactamente abajo de la tabla estaban más restos humanos. Por eso la primera fase concluyó con 85 cuerpos”, recordó Amalia.
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