CUERNAVACA.- Inconsistencias en cifras sobre riñas, homicidios y suicidios ocurridos en 2021 y una evaluación apenas suficiente son los resultados obtenidos de las prisiones de Morelos, según el Diagnóstico Estatal de Reinserción Social, presentado por el ombudsperson Israel Hernández Cruz ante el Congreso local.
El hacinamiento, el autogobierno y la falta de servicios post-penales son las problemáticas más graves que enfrentan las autoridades de reinserción social, dijo el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM).
Las seis cárceles que se localizan en la entidad obtuvieron un promedio general de 7.19 de calificación, apenas tres décimas arriba del registrado en 2020, que fue de 6.77.
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La evaluación más alta la obtuvo el Centro Estatal de Reinserción Social Femenil “Morelos”, de Atlacholoaya con 7.8, mientras que el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla tuvo una calificación reprobatoria de 5.8.
A diciembre del 2021, fecha de término del diagnóstico, la población total de las seis prisiones del estado ascendía a 3 mil 929 personas, mil 402 enfrentaban entonces procesos penales y 2 mil 527 tenían sentencia.
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Esta sobrepoblación, aunada a la insuficiencia de personal y falta de capacitación para desempeñar sus funciones con respeto a la dignidad y los derechos humanos, explicó, se han convertido en un elemento que favorece la conformación de grupos de control al interior de las prisiones, mismos que terminan asumiendo las funciones que corresponden a la autoridad.
Dicha práctica conduce a una ingobernabilidad que deriva en la ilegal costumbre de cobros por cualquier servicio que preste la institución, e incluso facilita la existencia de privilegios al interior.
En este sentido, el ombudsperson urgió a las autoridades estatales a diseñar y ejecutar programas integrales de reinserción social en capacitación para el trabajo y que garanticen el trabajo remunerado.
Lo idóneo, añadió, es que incluyan actividades deportivas, culturales y talleres enfocados al libre desarrollo de la personalidad y un protocolo de liberación para un egreso digno.
Prisiones parte del estudio:
- Centro Estatal de Reinserción Social Femenil “Morelos”, de Atlacholoaya
- Centro de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes
- Centro Estatal de Reinserción Social de Jonacatepec
- Centro Estatal de Reinserción Social de Jojutla
- Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “Morelos” de Atlacholoaya
- Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla
¿DATOS MANIPULADOS?
En cuanto a las estadísticas relativas al número de riñas, homicidios y suicidios ocurridos en las prisiones, Hernández Cruz destacó la falta de coincidencia entre la información proporcionada por las autoridades de reinserción social y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal (SSPC).
“Situación que nos hace cuestionar la veracidad de lo expuesto por las autoridades locales”, dijo el ombudsperson al detallar los registros contrastantes.
Mientras que las autoridades estatales informaron sobre la incidencia de dos riñas, la SSPC contabilizó cinco. Difieren también las cifras por homicidios con un caso, esto es, el número dado a conocer localmente fue de 3 y de dos, de acuerdo al reporte federal.
En cuanto a suicidios, la autoridad penitenciaria de Morelos no registró un solo caso, en tanto que la SSPC dio cuenta de un caso.
De 12 recomendaciones emitidas por la CDHM relacionadas con los derechos de las personas en prisión, Hernández Cruz precisó que cinco de éstas si bien quedaron aceptadas por la autoridad competente, fueron incumplidas.
LAS MUJERES, EL SECTOR MARGINADO
Para el titular del organismo, las mujeres privadas de su libertad representan uno de los grupos sociales más marginados, entre otras causas porque no se les garantiza un derecho digno de maternidad y lactancia; la guardia, custodia, alimentación, ropa y salud pediátrica de los menores de tres años, y mucho menos el suministro de artículos para las necesidades propias de su género, entre otros.
“La cárcel no se vive de la misma manera si se es hombre en comparación con ser mujer, pues los estereotipos de género siguen existiendo en nuestra sociedad y en la cárcel, un espacio extremo en el que todo cuesta más y se intensifica, incluyendo la desigualdad y la violencia, el fenómeno se agudiza”, profundizó.
Para la CDHM otro de los factores en los que fallan las autoridades estatales con las mujeres es la reincorporación social, pues tras cumplir su condena se enfrentan al estigma de tener antecedentes penales, presentan problemas de salud física y mental por haber vivido violencia, privación y la desconexión de su familia.
De manera que al lograr su libertad se enfrentan a la discriminación, que les impide lograr una reinserción social efectiva.
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