TUXTLA GUTIÉRREZ.- Hace 23 años, el gobierno mexicano utilizó a grupos paramilitares para cometer 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4 mil 500 personas desplazadas de manera forzada solo en comunidades de municipios como Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, en Chiapas.
Por ello, este miércoles, el Estado mexicano, a través de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población, llegó hasta Sabanilla para reconocer su responsabilidad y ofrecer una disculpa pública a la familia de Antonio González Méndez, integrante de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desaparecido el 18 de enero de 1999 por parte de la Organización Desarrollo Paz y Justicia.
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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) advirtió que el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por esta grave violación a derechos humanos, pues la desaparición de Antonio, cuando él tenía 32 años, se dio en el marco de la guerra de contrainsurgencia emprendida para combatir la lucha por la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas chiapanecos.
“Después de la guerra frontal hacia las comunidades en resistencia y bajo la exigencia del pueblo de México de optar por la paz, el Estado mexicano cambió de estrategia impulsando una guerra integral de desgaste; para ello atacó a la población civil mediante la implementación de tácticas de guerra contrainsurgente”, reseñó en un documento.
De acuerdo con esa organización no gubernamental, una de las estrategias implementadas por el Ejército mexicano en ese entonces fue la ocupación de la zona de conflicto, así como la conformación de grupos paramilitares: los formó, financió y entrenó para exterminar al “enemigo interno”.
Rememoró que la Organización Desarrollo Paz y Justicia comenzó a operar en la región Norte de la entidad, pues sirvió como apoyo de las operaciones militares en contra de la población, como se estipuló en el documento Plan de Campaña Chiapas 94.
Por ello, el “Frayba” aseveró: “De tal manera que los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la población durante el tiempo prolongado de la guerra integral de desgaste se efectuaron con el impulso, permisibilidad y aquiescencia del Estado mexicano que, aun en la actualidad, sigue encubriendo impunemente estos crímenes, hasta que exista un mecanismo de esclarecimiento de la verdad y acciones de justicia en estos territorios agraviados”.
Recordó que acudieron en reiteradas ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el año 2019, emitió su Informe de Fondo en el que señaló al Estado mexicano de su responsabilidad por la falta de investigación en el caso de Antonio. Además, se tenía que reparar integralmente los daños ocasionados a él y a su familia.
En ese sentido, llamó al gobierno en turno a que muestre la voluntad de investigar de manera eficaz y diligente, para que se esclarezcan los hechos y se dé con el paradero, se identifique a los responsables y sean castigados.
(djh)