HERMOSILLO.- El 6 de agosto del 2014, la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 mil litros de metales pesados en el afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora. A seis años del desastre ecológico más grande del país, los más de 22 mil pobladores se quedaron solo con las promesas de justicia y un hogar contaminado.
Además, la contingencia sanitaria por covid-19 solo ha agravado sus problemas: la falta de pozos para agua potable y la carencia de médicos en los siete pueblos afectados.
Los pobladores de esta zona, reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador el incumplimiento de sus promesas hechas desde su campaña, en 2018 y su falta de tacto por no visitar los pueblos ni en su novena visita, que realiza este día por Sonora, donde se reunirá con la tribu yaqui.
“Algunos metales tardan hasta 6 mil años en degradarse”
La investigadora de la Universidad de Sonora (Unison) y defensora de los pueblos del Río Sonora, Reina Castro Longoria asegura que, a pesar de los análisis hechos “a modo” por Grupo México, donde indican que los niveles de contaminación están dentro de las normas, la presencia de metales pesados aún es alta en las comunidades de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi.
Para la doctora en Ciencias Biológicas, la empresa, propiedad del millonario Germán Larrea se ha lavado las manos con estudios poco fiables, donde se tomaron muestras en áreas lejanas a la cuenca por donde pasaron los contaminantes como en zonas rocosas, por donde no pasa el afluente de agua del río.
“La empresa hizo sus diagnósticos, pero no sobre el cauce donde pasó la contaminación, no en el río y con eso dijeron que no había contaminación, pero ¿cómo va a haber, si tomaron muestras de las rocas? No están ahí donde tomaron las muestras, están disueltos y fragmentados, están disueltos en el agua, en las plantas”, señala en entrevista con La Silla Rota.
La académica de la Unison también menciona un punto peligroso: los metales están en los seres humanos. Durante estos seis años, los habitantes del río siguen consumiendo agua, comiendo del ganado y de lo que siembran en los campos, que son regados con la misma agua del Río Sonora.
Castro Longoria asegura que metales como el plomo, uno de los que contenía el lixiviado de cobre derramado en la vertiente, tardan hasta 6 mil años en degradarse del medio ambiente.
“No sabemos en qué medida la contaminación ha descendido o está presente, hay metales como el plomo, que duran hasta 6 mil años, o el arsénico, hasta 20 años, también el fierro, aluminio, mercurio, cobre; está bien documentado el daño biológico a plantas, animales y al ser humano, quisiéramos que hubiera esa sensibilidad… pero no se ha visto”, lanza en entrevista.
La investigadora de la máxima casa de estudios en Sonora ha realizado algunos análisis por cuenta propia de algunos productos regionales, como los dulces de jamoncillo, la cebada, los berros, ajos y chiltepín; y todos han demostrado la presencia de estos metales.
“Vivimos con el temor de estar consumiendo los metales”
Héctor Canizales Valenzuela es habitante del municipio de Ures, uno de los siete pueblos afectados, y el más cercano a Hermosillo, ubicado a 77 kilómetros de la capital. Como algunos de los 22 mil pobladores, perdió todo después de la contaminación de Grupo México.
Él es docente jubilado y había emprendido un negocio de bacanora, la bebida típica de la región que se destila del agave, como el tequila. Su pequeña empresa prosperaba y en las tierras que le heredó su padre sembraba la planta.
Sin embargo, después del derrame de tóxicos en el afluente, los pozos agrícolas con los que se distribuía agua se clausuraron por parte de las autoridades, con la promesa de que, junto a la empresa minera construirían 36 pozos más. Esto no sucedió y el negocio de Héctor cerró.
“Empecé a domesticar mi agave y la empresita ahí iba y con esto de la contingencia, pues… tronó la empresa. Se vino el problema del agua, las sequías y la empresita de bacanora ya no existe”, comenta a La Silla Rota.
Además, vive todavía con el temor de sembrar en sus tierras y que estén contaminados, al igual que otros productores de la zona.
Recuerda muy bien el día que, como lo había hecho toda su vida, tomó la cafetera y abrió la llave para llenarla de agua, minutos después captó que después del derrame ya nadie podía consumir agua de los pozos, que era de las más puras de la región.
“Una mañana que iba a hacer café, agarré la cafetera y abrí la llave, en la mitad del camino me detuve, me dio miedo… es un daño psicológico, al principio mucha gente no quería ni lavar la ropa porque tenía miedo, no quería hacer comida con agua de la llave. Pero a eso le apuestan, al olvido… hoy todos ya usan esa agua de nuevo… agua contaminada”, expone.
No hay suficientes doctores en la zona del Río Sonora
Desde antes de la contaminación de Grupo México y después de ella, los pobladores de la zona han viajado a otros municipios más grandes para sus consultas médicas, ya sea a, al sur, Hermosillo, Cananea, al norte, o incluso cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
A pesar de las promesas de funcionarios que vienen y van, tanto del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, como de ahora Andrés Manuel López Obrador, los rancheros del río deben hacer lo mismo.
La Unidad de Vigilancia Epidemiológica (Uveas), prometida durante el mismo mes de agosto de 2014, meses después del derrame, nunca se concluyó.
Lo que sería una unidad especializada para atender casos de personas afectadas en su salud por la fuga de contaminantes de la presa de jales quedó en obra negra, en el municipio de Ures.
En 2017, el gobierno anunció el cierre del fideicomiso de 2 mil millones de pesos que se creó de recursos de Grupo México para resarcir el daño y atender a la población, pero aseguraron que nunca prometieron esa clínica.
La presencia de metales en la comida, el agua y el medio ambiente ha ocasionado que más personas se enfermen de cáncer, o que presentan daños hepáticos y algunos otros en la piel.
Solo queda un pequeño módulo donde un médico recibe a enfermos a cuenta gotas. Para muchos es gastar dinero que no tienen y sólo para que les receten pomadas, según el habitante de Ures, Héctor Canizales Vázquez.
“Una familia en Banámichi o Arizpe, con ronchas y problemas, y que vengan a Ures (donde se encuentra este módulo de salud), gasta 100 pesos en el camión y si vienen tes, son 600 pesos de ida y vuelta, y ¿con qué come esa gente?, ¿con qué vive el resto de la semana? Mucha gente no viaja y no viene, o comen en la semana o gastan en el pasaje”, reclama.
Esto se suma a la emergencia sanitaria por coronavirus, en donde la enfermedad que llegó desde China, no perdonó.
De acuerdo con las últimas cifras de la Secretaría de Salud en Sonora, en los municipios se han registrado 95 casos de covid-19: Baviácora 28, Ures, 27, Bacoachi 18, Arizpe, 11, Aconchi 6, San Felipe de Jesús 3, Huépac y Banámichi uno.
Y en cuanto a las muertes, se han contabilizado tres en Bacoachi, Arizpe y Ures.
Las promesas incumplidas de dos gobiernos federales
Durante estos seis años, los pobladores del Río Sonora han escuchado solo promesas, pero no han visto que se les cumplan. Pasearon por estos siete pueblos funcionarios de Enrique Peña Nieto y ahora, en diciembre del año pasado, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Les han prometido una reactivación económica, pozos para sustraer agua limpia, una clínica especializada para los enfermos y justicia para el responsable del derrame, Grupo México.
Para la académica de la Unison, Reina Castro, el presidente de la República ha defraudado, hasta ahorita, a los habitantes del río, a quienes no ha visitado en sus nueve giras de trabajo por Sonora, incluyendo la de este jueves con la reunión entre la etnia yaqui y su comitiva.
Considera que antes durante las precampañas y la campaña sí visitó los pueblos del Río Sonora, pero no como presidente del país.
“No vamos a dejar de hacer este llamado porque nuestra visión es luchar por el bienestar, la 4T no se ve en Sonora para el bienestar de la gente más vulnerable que está sufriendo por todas estas carencias, sí hay pobreza en Sonora y es en la cuenca del Río Sonora, la gente no tiene ni para comer ahorita. Es indignante que sean tan poco empáticos los que tienen en su mano el hacer el bien… y ahí vienen las campañas y entonces ahí sí van a ir a pedir el voto. La gente está cansada de promesas”, exclama la doctora.
También para Héctor Canizales es un tema de política y falta de tacto. Él recuerda muy bien la promesa de López Obrador en la plaza de Ures, donde les pidió su voto de confianza en que él sí haría justicia por ellos.
“Cuando andaba en la precampaña, nos dijo que nos esperáramos siete meses a ganar y una vez que ganemos resolvemos el problema del Río Sonora. Ya que ganó sí vinieron sus funcionarios y nos prometieron todo otra vez, en diciembre, pero hasta la fecha no hay nada… seguimos pidiendo por agua limpia, la atención a la salud y que terminen el hospital (Uveas)”, expresa.
Fernanda Hopenhaym, codirectora de Grupo Poder, una organización sin fines de lucro a nivel mundial que ha defendido a los habitantes del Río Sonora, por la vía legal, asegura que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reabrir el fideicomiso de Grupo México, con el fin de resarcir el daño, dio una luz de esperanza a los pueblos.
Sin embargo, el gobierno federal también lo ha atrasado, pues esta sentencia se dio el 15 de enero y ya han pasado siete meses sin tener resultados concretos.
“Cuando la sentencia salió favorable, sintieron esta esperanza, esta posibilidad que se les ponía de participar y que sea un proceso transparente y poder acceder a la justicia, pero ya pasaron más de seis meses y todavía está todo incierto. Estamos a la espera de ver en qué se traduce esta sentencia”, comenta a este medio.
En este marco del sexto aniversario del derrame de tóxicos en la cuenca, el gobierno federal reconoció que aún hay contaminación en la zona, por medio de un boletín de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Además, recordaron, precisamente, sobre esta sentencia de la SCJN donde afirman que los daños ascienden a los 2 mil millones de pesos que se usaron para el fideicomiso, por lo que lo que llaman a la empresa responsable a cumplir con los términos de reparación y las medidas ordenadas para octubre de este año, fecha aplazada por la contingencia derivada de covid-19
“Se encontró que se rebasaron límites relativos a la presencia de metales. Esto dio lugar al emplazamiento y notificación a la empresa el 9 de diciembre de 2019 para que realizara diversas medidas tendientes a la remediación del sitio y del posible daño causado”, señala el comunicado.
kach