Afectados por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, acudieron este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a protestar y a pedir justicia.
El acto también se realiza a pocos días de que se produzca un fallo del máximo tribunal del país sobre el desastre ecológico, responsabilidad del Grupo México, y que en caso de ser favorable a las comunidades afectadas buscaría definir los mecanismos para la reparación de los daños, y dar justicia y garantías de no repetición de otro derrame.
Los manifestantes llegaron desde las 11 horas a la SCJN y se instalaron cerca de la entrada principal para pedir justicia.
Este 6 de agosto se cumplen 5 años del derrame.
DATOS PARA ENTENDER LA TRAGEDIA
El derrame de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi en síntesis, de acuerdo con las organizaciones Comités de Cuenca Río Sonora y Poder:
• 40 millones de litros (o 40 mil metros cúbicos) de solución de sulfato de cobre acidulado fue lo derramado por la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto de 2014.
•Ese volumen equivale al de 12 albercas olímpicas llenas, o a un estadio de futbol de 20 mil espectadores lleno.
•Buenavista del Cobre es la cuarta productora de cobre más grande del mundo.
•Germán Larrea, dueño mayoritario de Grupo México, es el segundo hombre más rico de México.
•El desastre ha afectado a más de 22 mil personas, en siete municipios situados en la cuenca del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.
•Los potenciales afectados podrían ser hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.
•El derrame fue catalogado como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México.
•Según Profepa, Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, fue negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos, al evadir el cumplimiento de las normas ambientales relativas al manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera.
•A pesar de ello, Profepa impuso a Buenavista del Cobre una multa de apenas 23 millones de pesos, equivalente al 0.00016 por ciento de los ingresos de la minera ese año.
djh