La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en Sonora, recibió una notificación el pasado seis de mayo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se advierten varias inconsistencias expuestas en 42 quejosas del juicio, por el nuevo megaproyecto Nueva Presa de Jales, perteneciente a la empresa Buenavista del Cobre, cerca de la comunidad de Bacánuchi, Sonora.
Entre las inconsistencias, se convoca a la comunidad a informarse sobre la “autorización” ya dada del proyecto y no sobre el proyecto en sí mismo, pues limita la participación de la comunidad y obliga a las y los asistentes a que den “posibles sugerencias” en ese momento, sin nisiquiera tener un tiempo de reflexión. Nada se dice de lo que pasaría después de la reunión, es decir, si la autoridad va a tomar en cuenta lo que la comunidad decida sobre el proyecto.
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“Es el primer ejercicio de este tipo organizado por la Semarnat en el sexenio, y esperábamos que cumpliera con las pautas establecidas en el Acuerdo de Escazú; que observara los mayores estándares internacionales y que promoviera una participación activa, libre, informada y efectiva para esta comunidad que sufrió las consecuencias del peor derrame en la historia de la minería en México en 2014”, explica Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización que acompaña a los Comités de Cuenca Río Sonora en este proceso.
“En definitiva, esperábamos que Bacánuchi pudiera obtener información amplia, no sólo sobre la nueva presa de jales de Grupo México, sino del total de proyectos de expansión que la empresa pretende instalar en la región, además de expresar sus dudas y preocupaciones; llegar a conclusiones con suficiente análisis y, por supuesto, decidir si quiere el proyecto o no, y cómo", comentó.
En septiembre de 2018, se dio a conocer una histórica sentencia de la SCJN en la cual el Máximo Tribunal reconoció la violación del derecho a la participación de esta comunidad no indígena, frente a la construcción de la nueva presa de jales de Grupo México, e instruyó a la Semarnat a realizar una reunión pública de información para resarcir este daño y asegurar la participación plena de la comunidad en referencia al proyecto.
“La reunión pública de información debería reflejar, al menos, lo que estipula la SCJN. Con esta notificación claramente se observa una tendencia a disminuir la participación de la comunidad y a no darle la voz que la Corte ya le otorgó. De la Semarnat depende evidenciar el real compromiso del gobierno con la gente de Bacánuchi o armar una simulación para seguir favoreciendo a la clase privilegiada, en este caso, al grupo de Germán Larrea”, comenta Luis Miguel Cano, abogado de PODER y parte del equipo legal que acompaña a las comunidades del Río Sonora.
Las firmantes del juicio de amparo, a nombre de la comunidad de Bacánuchi, presentarán hoy una promoción al juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta (Sonora), para demandar la ilegalidad de la reunión convocada por la delegación estatal de Semarnat en las condiciones en que se presenta en la notificación y para pedir que se conceda una ampliación razonable del plazo para el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.
Para Fernanda Hopenhaym, de PODER, la Semarnat puede rectificar: “Tiene aún la oportunidad de revisar el procedimiento y llevar a cabo un proceso genuino de información y participación a favor de Bacánuchi”.
bl