Cuatro años estuvo prófugo Clotilde Manuel Espinoza Terrón, capitán en la Décimo Octava Zona Militar, desde que mató a balazos, frente a sus tres hijos, a Jessica, quien había sido su pareja, y también a su hermano.
Aunque el feminicidio ocurrió el 14 de agosto de 2014, desde finales de 2013 Jessica denunció violencia familiar en contra del miembro de las fuerzas armadas, con quien había vivido 14 años en unión libre y procreó tres hijos: de diez, siete y seis años; no obstante; las autoridades de Hidalgo, que tenían la obligación de velar por su integridad, incurrieron en omisiones que la dejaron en vulnerabilidad, lo cual documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEH) en la recomendación R-GV-0001-17, que dirigió el 10 de marzo de 2017 a la magistrada Blanca Sánchez Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; al entonces procurador Ramiro Lara Salinas, y al secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta.
Con base en el expediente que inició el organismo autónomo, tras la primera denuncia ella siguió viviendo en el mismo domicilio en Tulancingo, ya que la casa estaba a su nombre. A él lo detuvieron en mayo de 2014, pero a los dos días pagó una fianza y obtuvo su libertad.
El Juez penal de Tulancingo giró una orden de restricción, pero Jessica desconocía por cuánto tiempo era, ya que nunca se la entregaron, porque la agente del Ministerio Público (MP) siempre le dijo que regresara otro día, afirmó su hermana, cuyo testimonio es parte de la evidencia de la CDHEH. Pese a esta restricción, el 15 de junio de 2014 el capitán se metió a su casa y la golpeó mientras los niños observaban.
La familia presentó otra denuncia en el Ministerio Público de Tulancingo por las lesiones, pero sufrió dos agresiones más; en una de ellas la golpeó, la violó y le pegó con una pistola.
Por todas las agresiones que sufría, su hermana iniciaba un procedimiento ante el MP; sin embargo, Espinoza Terrón no era detenido.
En julio, el militar llevó a Jessica a casa de un amigo, y ahí la tuvo encerrada toda la noche con sus niños hasta que con engaños logró escapar. Él la violó, le pegó y la amenazó de muerte.
Cuando ella escapó con sus hijos, se dirigió a casa de su madre y fueron a presentar otra denuncia y dos días después fue a pedir ayuda a la dieciochoava zona militar; sin embargo, una secretaria le dio la dirección de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF estatal y de ahí las canalizaron a la Unidad Especializada de la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, donde acudió, junto su madre y su hermana.
En ese lugar, la directora le dijo que tenía que ir a valoración psicológica junto con sus hijos para ver si podía entrar a un refugio, adonde fue internada.
No obstante, el 6 de agosto de 2014 la familia recibió la llamada de una mujer, quien comentó "en tono agresivo" que al día siguiente fueran a la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, ubicada colonia Periodistas de Pachuca, a recoger a Jessica, porque ya no podría seguir en el albergue.
Con el argumento de que ella había ido a “mover” a las otras internas, no le permitieron seguir en el lugar, sin presentar pruebas de sus dichos. Siete días después, por la indefensión en la que la colocaron las autoridades, el militar la asesinó con un arma de fuego; también a su hermano.
En la recomendación R-VG-0001-17, la CDHEH expuso que el juez segundo penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa, condicionó el otorgamiento de la orden de aprehensión contra el militar al pedir la comparecencia de la víctima, quien se encontraba en riesgo de ser ubicada por su victimario, para “presumir la autenticidad de lo que el agente del MP suponía (el peligro que corría la víctima)”.
Del refugio, cuyo subsidio proviene de subsidios federales, señaló que por una semana recibió a la mujer y que se negó a proveerle protección por unos días más; asimismo, advirtió que “en su afán” de acreditar que la víctima no deseaba permanecer en el sitio de resguardo, el personal alteró el formato de egreso de quien moriría por la agresión armada de su pareja.
Desde marzo de 2017 exhortó a la Procuraduría a incrementar las técnicas de investigación para localizar y capturar a Clotilde Manuel Espinosa Terrón, quien contaba con órdenes de reaprehensión y aprehensión, emitidas por el juzgado segundo penal de Tulancingo de Bravo, dentro de las causas penales 94/2014 y 173/2014, respectivamente.
El militar fue detenido el 28 de marzo por agentes de la Policía de Investigación de Hidalgo y de Yucatán; posteriormente fue trasladado a Pachuca de Soto, y presentado ante el Juez Penal, quien dictó auto de formal prisión por los delitos de feminicidio y homicidio calificado.