VERACRUZ, Veracruz (La Silla Rota).- Por medio de un audio grabado desde el penal de Pancho Viejo, en Veracruz, el exsecretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, acusó tortura y amenazas de parte de funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y de la Fiscalía General del Estado.
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Además, el exmando policial, por medio de su abogado, admitió que pactó con la administración pasada entregar bienes inmuebles a cambio de que sólo lo procesarán por tres delitos no graves y no por las 20 denuncias con las que lo amagaban, entre ellas la de desaparición forzada.
El material fue presentado por la defensa del detenido en una rueda de prensa realizada en un hotel del centro de la ciudad de Veracruz.
Allí, el mismo Bermúdez asegura que entregó varios inmuebles entre ellos el rancho la Cartuja, en donde el mismo gobernador Yunes Linares grabó varios videos para presumir el aseguramiento.
El exsecretario de Seguridad Pública del estado afirmó que es víctima de un escarnio público que no sólo lo afectó a él, también a su familia, sobre todo su madre que tiene 80 años de edad.
Bermúdez Zurita es señalado por varios colectivos de búsqueda de desaparecidos como el principal responsable de desapariciones forzadas durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, sin embargo, no está procesado por ese motivo.
Sus abogados explicaron que la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias de Desaparición sólo presentó como prueba tres testimonios que lo señalan como participe, pero las entrevistas no procedieron porque fueron obtenidas fuera de la ley.
Además, ahora es él quien denuncia ser víctima de tortura, por parte de exfuncionarios del gobierno de Yunes Linares que terminó el 1 de diciembre de este 2018.
Arturo Bermúdez, detenido desde hace dos años, aseguró que el exdirector General de Readaptación Social, Raúl Platón de Cueto le quiso obligar a firmar una carta para acusar a Duarte de Ochoa de entregar dinero al entonces candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, carta que no firmó, por lo que fue remitido a una estancia, por cuatro meses, sin poder salir a caminar.
Pese a los señalamientos en su contra y de la policía que estaba a su mando, el extitular de la SSP ahora acusó a sus sucesores de violar ley en las investigaciones de desaparición forzada.
"La desaparición de personas es un delito repudiable, me uno al dolor que sufren los familiares que son víctimas de este delito", dijo el policía.
Señaló que los colectivos de búsqueda de desaparecidos son engañados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz pues ha dado impunidad a los que han confesado ese tipo de hechos.
El ex titular de Seguridad Pública dijo que han dejado libre a, por lo menos, 13 personas responsables por desaparición forzada a cambio de que lo señalaran a él para armar un "juicio mediático", en su contra.
El exjefe de la policía de Javier Duarte afirmó que 3 y 13 de abril de 2018 fue torturado por el ahora ex director de la Secretaría de Seguridad Pública, Gerardo Guzmán Morales, para obligarlo a entregar bienes por medio de las donaciones a funcionarios del gobierno estatal.
También señaló que ese mismo día fue torturado ante sus ojos al ex secretario de Salud del duartismo, Juan Antonio Nemi Dib, por lo cual accedió a firmar para evitar que lo sugieran golpeando.
Además, señaló que el 9 de mayo del 2018, un grupo de enviados de la Fiscalía General del Estado de Veracruz le pidió que firmara una acusación que aseguraba que el exgobernador Javier Duarte era el responsable de mandar asesinar un famoso DJ, por problemas sentimentales.
De nuevo, indicó que el 21 y 22 de noviembre, ya en el ocaso del bienio de Yunes Linares, regresó Platón de Cueto, ahora para pedirle que desistiera de todos los amparos que había interpuesto para recuperar sus bienes, sobre todo los del rancho la Cartuja.
Ahora, dijo que la amenaza fue que si no lo hacía iban a proceder de manera legal contra su esposa, hermanos y su mamá de 80 años por supuestos delitos contra la salud, por lo que accedió a las peticiones.
El exmando oficial señaló que todos los inmuebles que entregó fueron dados bajo la ilegalidad con el pretexto de que serían dados como acuerdo reparatorio.
Ante esto, los abogados de Bermúdez interpuso una petición de juicio político en contra del Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.
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