HIDALGO (La Silla Rota).- Pagos a empleados inexistentes, expedición de cheques a comisionados e impuestos evadidos, fueron los procedimientos que usaron funcionarios de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) en 2014 para ocasionar un probable daño a la Hacienda Pública por 20 millones 105 mil pesos, documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Hasta el momento, Pablo Pérez Martínez, entonces subsecretario de Administración Finanzas de la SEPH y encargado del manejo de estos recursos, es buscado para ejercer contra él una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en un desvió de 68 millones 795 mil 10 pesos entre 2012 y 2013. En su causa penal (354/2016) también está inmerso José Antonio Turrubiarte Delgadillo
Sayonara Vargas, titular de la dependencia confirmó que los recursos desviados correspondían a recursos federales que provenían del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Modus operandi
La Auditoría corroboró que el sistema educativo estatal pagó 4 millones 767 mil 700 pesos a ex empleados después de la fecha en que causaron baja definitiva o entró en vigor su licencia sin goce de sueldo.
En el transcurso de esa inspección, la dependencia presentó documentación que muestra pagos retroactivos por 2 millones 158 mil 700 pesos, los cuales correspondían a períodos de licencia o baja del personal, y por promociones; sin embargo, no pudo aclarar el destino de otros 2 millones 609 mil 43 pesos.
En ese ejercicio fiscal, en el que Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira tuvo, como secretario de Educación, la tutela de los ex funcionarios acusados de malversación, la SEPH realizó más pagos no financiables con recursos del Fondo de Aportaciones por 11 millones 41mil 800 pesos a trabajadores adscritos en los centros de trabajo, personal comisionado a otras dependencias en Hidalgo, Dirección de Programas Compensatorios, y personal comisionado de primaria otras dependencias.
En la auditoría 1067, el órgano fiscalizador expone que, aunque le presentaron pruebas de la cancelación de cheques o transferencias electrónicas por 6 millones 595 mil 800 pesos, no se acreditó el destino de 4 millones 446 mil siete pesos, ni de los intereses generados por estos movimientos bancarios.
En el rubro “Gastos de Operación y Pagos a Terceros Institucionales”, la Auditoría da cuenta que la Secretaría a cargo de Cuatepotzo Costeira, que antes fungió como coordinador del despacho del entonces gobernador José Francisco Olvera Ruiz, hizo pagos extemporáneos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y aportaciones de seguridad social (ISSSTE), “lo que generó recargos, intereses y actualizaciones por 12 millones 453 mil 912 pesos, los cuales no son financiables con recursos del fondo; asimismo, no pagó el ISR del período de diciembre 2014”.
Incluso, el organismo federal recomendó ejercer su facultad de comprobación fiscal para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también audite a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
Profesores fantasma
Otra irregularidad fue que la ASF no localizó a 34 empleados en sus supuestos centros de trabajo, por quienes, no obstante, se emitieron cheques por un millón 883 mil 643 pesos. De 596 mil 643 pesos, la autoridad no pudo aclarar el gasto.
Durante la inspección a la cuenta pública, la Auditoría aplicó cien cuestionarios a profesores y 50 a padres de familia para conocer su percepción respecto de la calidad educativa y la gestión escolar en la entidad: 49.3% de los docentes afirmó que la escuela no dispone de adecuadas instalaciones y considera que el equipamiento insuficiente para impartir sus clases.
El informe sobre el probable agravio financiero fue recibido por José Antonio Turrubiates, actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, como medida cautelar, mientras sigue el proceso en su contra por probable peculado.
kach