CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el ataque de policías municipales a normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en Iguala, los intentos del gobierno federal y estatal por restituir la paz y la tranquilidad en la entidad han fallado, y en ocasiones las estrategias abonan a incrementar la tensión social.
A mediados de noviembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que el gobierno federal no permitiría que un grupo de ciudadanos vulnere la paz social de las mayorías, en clara referencia a los bloqueos carreteros y las manifestaciones violentas en Guerrero.
El funcionario federal expresó, “no podemos permitir que unos cuantos asumiéndose lastimados como lo estamos todos los mexicanos, asumiéndose en la lucha de justicia como la queremos todos los mexicanos generen más violencia y lastimen a mas mexicanos”
El 10 de noviembre el gobierno federal trascendió que se impulsaría el reforzamiento del programa “Nos Mueve la Paz” en Guerrero para avanzar en el rescate social de la entidad, debido a los diversos episodios de violencia y la corrupción de cuerpos policiacos municipales.
El programa que tiene el principio de que un secretario de Estado se haga responsable de ayudar en la recuperación de una entidad lastimada por la delincuencia; Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, es la encargada de trabajar en Guerrero y coordinar las acciones que realizan ocho secretarías más, junto con el gobernador Rogelio Ortega.
Sin embargo, no se aplicó, se dividió en dos programas, uno anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto y el segundo por el secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El 4 de diciembre el presidente Enrique peña Nieto convocó a “superar” el episodio de Iguala para que sea el desarrollo lo que permita al país propiciar la paz y armonía entre la sociedad. Presentó un plan para la reactivación de Guerrero, como meses antes los hizo con Michoacán, la Estrategia Emergente para la Reactivación Económica de Guerrero, manera particular de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, afectados por las marchas, protestas y bloqueos por el caso Ayotzinapa.
La parte de la seguridad, la anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al firmar el Convenio de Implementación del Mando Único, dijo que se reforzarán las acciones para hacer frente a los crímenes, a los delitos que más lastiman a la sociedad y se protegerá el libre tránsito en las vías de comunicación.
“Y lo hacemos para que a la brevedad los habitantes de Tierra Caliente gocen de las condiciones necesarias para poder llevar su vida cotidiana sin violencia”, añadió.
Pero de poco han servido estos anuncios, en la práctica la realidad es otra, sólo se ven despliegues policiacos y se busca transformaciones a partir de decretos y convenios, a fuerzas de papel.
El reforzamiento de la seguridad ya tuvo su primer desencuentro el 14 de diciembre, ya que Policías Federales se enfrentaron con normalistas en Chilpancingo cuando se pretendía colocar un templete para un concierto en apoyo a Ayotzinapa, lo que dejó un saldo de 7 elementos y 14 personas heridas.
El enfrentamiento evidencio el desconocimiento de los elementos federales de un protocolo para la contención y disuasión de eventos masivos, así como la poca disposición a mediar y negociar con su contraparte.
Por su parte, el gobernador Rogelio Ortega, sigue en su papel de no confrontarse con los manifestantes, antes de hacerlo dijo que prefería renunciar al cargo, por lo que la policía estatal, sólo vigilará a la distancia y evitará pérdidas
Aseguró que no habrá ni castigo ni represión contra los maestros y normalistas que han cometido actos vandálicos.
“No lo vamos a hacer, porque prefiero mejor que vayan con esa violencia simbólica contra la infraestructura, contra los inmuebles, a que haya la pérdida de una vida humana. Siempre habrá tolerancia y convocatoria al dialogo franco, abierto y propositivo con ellos”, señaló.
Se acerca la temporada vacacional decembrina, y aunque el secretario de Gobernación aseguró que no se permitirían bloqueos carreteros y que la seguridad está garantizada, los padres de familia y los normalistas no han descartado que no se realicen este tipo de manifestaciones. Las estrategias de ambas partes parecen apuntar claramente a una confrontación en días próximos.
Basta recordar que el 12 de diciembre de 2011 cuando normalistas de Ayotzinapa realizaban un bloque en la autopista del Sol para demandar el aumento de la matricula escolar y una audiencia con el entonces gobernador Ángel Aguirre, fueron desalojados por la Policía Federal, lo que terminó con la vida de dos jóvenes estudiantes, caso que sigue impune en Guerrero. Un escenario que podría repetirse porque no hay una estrategia clara de seguridad ni un acercamiento que de tranquilidad a los padres y normalistas para evitar este tipo de manifestaciones.
jlr