Con tres votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue aprobada en marzo de 2021. Esta reforma da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas del sector eléctrico, pero los expertos en el sector energético ya alertaron del impacto legal y millonario que se viene, a partir de la resolución del poder judicial.
La Segunda Sala concedió el amparo a las empresas Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V., para que no les sea aplicada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
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Esto es, el máximo tribunal sentó un precedente para miles de amparos promovidos por privados en contra de los cambios legales impulsados en 2021, que permiten despachar al sistema eléctrico primero la energía generada por la CFE, relegando hasta el final a las energías renovables.
"Después de meses de retrasos, la discusión del proyecto del Ministro Laynez para invalidar la aplicación de las reformas a la LIE se retiró debido a recursos legales interpuestos por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, el proyecto del Ministro Perez Dayán sí se votó", destacó el IMCO.
El Ministro Javier Láynez propuso, el año pasado, a la Segunda Sala de la Corte confirmar el amparo que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó en noviembre de 2021 a seis empresas privadas de energías limpias, en contra de los siete artículos fundamentales de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el Gobierno para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad.
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Además, entre los cambios también se eliminaban las subastas para adquirir el mejor precio por la energía generada a través de contratos públicos, las figuras de autobasto para vender electricidad, así como los certificados de energía limpia.
¿Qué implicaciones tiene la resolución de la Suprema Corte?
De acuerdo con Gonzalo Monroy, experto en el sector energético, la CFE "está en un problema enorme". Explicó que un efecto de los amparos es que la paraestatal por ley tiene que contratar la nueva energía a través de subastas.
"Por ende, las nuevas centrales que están en construcción NO tienen asegurado su despacho. Hacerlo sería violatorio de los amparos. Los directivos de CFE están a milimetros de daño patrimonial de miles de millones de dólares".
Y es que, en 2021, la filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Energía dio a conocer los seis proyectos de generación que licitaría en esta administración y que deberán entrar en operaciones a más tardar en mayo de 2024. En total, son seis centrales de ciclo combinado a gas natural con una capacidad conjunta de casi 6% de la generación actual, que serán 4,322 megawatts instalados en Baja California, Baja California Sur, Veracruz y Yucatán, que conforme a los precios unitarios de este tipo de proyectos de la CFE tendrán un costo conjunto de alrededor de 35,000 millones de pesos.
¿Que necesita el sector eléctrico para ser más competitivo?
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México requiere políticas públicas que promuevan un sector energético más confiable, más limpio y con precios competitivos.
"La política energética que ha impulsado el Gobierno Federal desde 2018 va en sentido opuesto de la tendencia global de transición energética, en la que las energías con menores emisiones ocupan un papel cada vez mayor. Aún más, contraviene las inversiones que México tanto necesita para garantizar un suministro de energía confiable, limpio y asequible para ciudadanos y consumidores", dijo el IMCO.
Para el país es esencial contar con mercados energéticos regulados, empresas productivas del Estado exitosas y finanzas públicas sanas que detonen la competitividad de la economía. Las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico del país dependen de un sector energético con competencia e inversión pública y privada.
El IMCO propone:
- Reanudar e incrementar la frecuencia de las rondas de hidrocarburos.
- Promover la figura de los farm-outs entre Pemex y operadores privados.
- Rediseñar el funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para financiar la transición energética.
- Desarrollar una estrategia para que las refinerías procesen productos de mayor valor agregado y para reconfigurar las instalaciones para petroquímica.
- Facilitar el otorgamiento de permisos de importación de combustibles.
En materia de gas, los investigadores del IMCO proponen que el país debe aprovechar las ventajas del gas natural como combustible de transición. Del mismo modo, se requiere promover la competencia en el mercado de gas licuado de petróleo (GLP) para incentivar un mejor servicio que sea asequible para los hogares mexicanos sin que represente una carga para las finanzas públicas.