Estados Unidos y Canadá solicitaron a México consultas de resolución de disputas por política energética en el marco del T-MEC.
Según la Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, Las consultas se relacionan con ciertas medidas de México que socavan a las empresas estadounidenses y la energía producida en los EU a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
El gobierno estadounidense acusó que estos cambios de política afectan los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable.
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Al respecto, José María Lujambio, experto en temas de energía advirtió que, los argumentos de nuestros socios comerciales se esperan muy sólidos y la evidencia resultará incluso abrumadora, por lo que es altamente probable que México perdiera si se llegara a la etapa contenciosa del mecanismo de solución de controversias del T-MEC, con las graves consecuencias que ello supondría para los sectores exportadores.
Claves para salir bien librado:
-La Secretaría de Economía y el Secretario de Relaciones Exteriores deberían evitar perder mucho tiempo explicando a sus contrapartes el Capítulo 8 del T-MEC. Éste se refiere sólo al llamado upstream del subsector de los hidrocarburos y, por su escueto contenido, poco agregaba desde el primer momento al orden jurídico mexicano. Pues bien, ninguna de las acciones de política energética sometidas a consultas por los socios comerciales del T-MEC tiene que ver con el upstream de los hidrocarburos.
-El primer tema que sí duele a nuestros socios comerciales es el despacho prioritario de la energía eléctrica generada por la CFE, es decir, las reglas que constituyen el corazón de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021. Los otros Estados parte del T-MEC consideran que ello incumple diversas obligaciones bajo el tratado, entre ellas, la de otorgar el mismo trato a los bienes y servicios estadounidenses o canadienses que a los mexicanos.
-Actualmente continúan su curso cientos de juicios de amparo iniciados por las empresas privadas afectadas que operan o desarrollan centrales eléctricas. Antes de la discusión de la acción de inconstitucionalidad, la Corte dispuso el aplazamiento de la resolución de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados en competencia económica a los recursos de revisión interpuestos contra algunas sentencias que ya han amparado a las quejosas. Dicha orden de aplazamiento permanecerá en vigor hasta que la propia Corte emita un acuerdo general plenario al respecto.
-Se debe enviar un claro mensaje de respeto a la independencia judicial de los seis magistrados que integran los dos tribunales colegiados especializados. Los magistrados no deberían sentir la más mínima presión política por revocar las sentencias de amparo ya emitidas por los jueces de distrito.
-Con la mira puesta en salvar al país de la controversia comercial internacional más importante de su historia, el Estado mexicano debería preferir que los magistrados retomen las consideraciones de la mayoría de los ministros y reconozcan que la propia ley configura el despacho prioritario para CFE, con el consecuente desplazamiento de sus competidores en el mercado relevante, por lo que no hay necesidad de esperar a su aplicación en niveles normativos inferiores para amparar a las quejosas.
De esta forma, las empresas quejosas en estos juicios de amparo, incluyendo las de inversiones estadounidenses o canadienses, quedarían protegidas ante el trato desigual que les impone la ley.
"No creo que fuera necesario que la Corte ejerciera su facultad de atracción de los recursos de revisión por su importancia y trascendencia", según Lujambio.
-"Las autoridades del sector energético deberían reconocer frente a sus colegas de economía y relaciones exteriores que en los últimos años han protagonizado un conjunto variopinto de inconsistencias, parcialidades y arbitrariedades: ventanillas cerradas y suspensiones indefinidas de plazos en la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de EnergÍa (CRE) con el pretexto de la pandemia, agotado ya mucho tiempo; trámites perdidos en el limbo de la oficialía de partes electrónica de la CRE"
-Si el gobierno mexicano fuera capaz de comprometerse a cumplir la ley, y mostrara avances concretos en las próximas semanas, no debería meterse en los aprietos de una fase contenciosa en la que el Estado mexicano tendría que defender sus actuaciones en decenas de procedimientos individuales.
-Otro tema bajo consulta consiste en el aplazamiento de la obligación de suministrar diésel de bajo azufre, otorgado sólo a Pemex. Se alega que la CRE no actuó de forma imparcial al otorgar este aplazamiento únicamente a Pemex, en perjuicio de empresas que no son propiedad del Estado.
"El crudo mexicano es rico en azufre al igual que productos derivados de su refinación como el diésel y el combustóleo. Cuando estos se queman, el bióxido de azufre que se emite a la atmósfera contribuye a externalidades ambientales y de salud pública muy graves como, por ejemplo, la lluvia ácida. A pesar de ello, el gobierno mexicano ha pospuesto durante décadas las inversiones necesarias para desulfurar los petrolíferos que Pemex ofrece en el mercado nacional y global", dijo.
-Una vía de solución podría encontrarse si Pemex ofreciera un programa para adelantar algunos meses la fecha de cumplimiento con los estándares internacionales de contenido de azufre, y que a su vez el gobierno estadounidense se comprometiera a financiar al menos parte de la modernización requerida en las refinerías del país.
-Impedir el acceso en igualdad de condiciones a la red de transporte de gas a aquellos usuarios que no deseen contratar con empresas del Estado, limita la entrada de nuevos competidores e impone una intermediación obligatoria que podría elevar los precios.
Los usuarios del sistema integrado de transporte de gas conocido como Sistrangas son varias decenas de comercializadores, distribuidores que también venden el gas, así como grandes usuarios finales. Algunas de estas empresas se animaron a presentar demandas de amparo y, como era de esperarse, ya han obtenido suspensiones definitivas en los juzgados de distrito.
Nueces
- Frente a las consultas con Estados Unidos y Canadá, lo mejor que podría hacer México para evitar mayores daños es que la Sener dejara sin efectos a la brevedad el oficio de requerimiento al Cenagas
- El Cenagas debería dar marcha atrás a cualquier acto de implementación
- La CRE sólo tendría que guardar para el recuerdo cualquier borrador de modificación a la regulación de acceso abierto que hubieran empezado a redactar para atender el exhorto de la Sener
- El interés nacional sustentado en la prevalencia del Estado de derecho y en el cumplimiento de los compromisos internacionales ya contraídos, no necesariamente coincidirá con los intereses político-electorales del gobernante en turno ni con los intereses económicos de las poderosas empresas estatales