El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede considerar que un préstamo de dinero es un ingreso que se debe acumular para efectos de la Ley del ISR.
Un error muy común que detecta el SAT cuando realiza una auditoría son los depósitos de los cuales no se puede acreditar de manera legal su origen.
Si un préstamo no está bien documentado, cuando el SAT pida al contribuyente una aclaración o realice una visita domiciliaria y considere que en lugar de un financiamiento fue un ingreso, les podría cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta, además de actualizaciones y recargos.
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De acuerdo con la ley, la autoridad fiscal cobraría el 16% del IVA, y si se trata de una persona moral pagará el 30% de ISR.
En el caso de las personas físicas se les aplica una tarifa que es progresiva, y además, como las autoridades podrían aplicar multas que pueden ir del 50 al 75% del monto del depósito, con actualizaciones y recargos, de acuerdo con un artículo de El Financiero.
Cuando se realice una transferencia electrónica debes escribir en concepto “préstamo” y cuando se abone o se liquide: “pago préstamo”.
Depósitos sin acreditar
Desde la óptica del derecho fiscal, el artículo señala que el tema de prestar dinero toma una relevancia muy importante. Esto se debe a que dependiendo de las características del préstamo, el SAT puede considerar que un préstamo de dinero es un ingreso que se debe acumular para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR).
Dinero en efectivo
A partir 2014, en el artículo 55 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, existe la obligación por parte de los bancos y otras instituciones financieras, de informarle al SAT sobre aquellas personas que en el mes reciban más de 15, 000 pesos en efectivo (billetes, monedas) en sus cuentas.
Sin embargo, NO se trata de un impuesto, de acuerdo con Pamela Castro, contadora especialista en impuestos.
Dijo que, se trata de un reporte que le permite tanto al banco como al SAT, identificar a quienes reciben cantidades grandes de efectivo para poder rastrear posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita o en su caso, verificar que estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales.