La presidenta Claudia Sheinbaum, aclaró que el Gobierno Federal no participará en la venta ni en la comercialización de boletos para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se disputarán en territorio mexicano. Durante su conferencia matutina del lunes 22 de diciembre, la mandataria subrayó que la distribución de las entradas corresponde exclusivamente a la FIFA y a los propietarios de los estadios sede, por tratarse de un “asunto privado”.
Sheinbaum explicó que ni la Presidencia ni ninguna dependencia federal estarán involucradas en la venta de accesos para los encuentros que se celebrarán en el Estadio Azteca, el Estadio Jalisco en Guadalajara y el estadio de Monterrey, sedes confirmadas para el Mundial 2026.
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Sin embargo, la presidenta precisó que el Estado sí tendrá un papel en la supervisión del proceso, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El objetivo, dijo, será evitar abusos, garantizar transparencia y proteger los derechos de los consumidores durante la adquisición de los boletos.
¿Cómo evitarán la reventa en México?
En ese contexto, el titular de la Profeco, Iván Escalante, recordó que la reventa de boletos es ilegal en México, a diferencia de lo que ocurre en otros países sede como Estados Unidos y Canadá. Por ello, señaló que la FIFA desarrolló una plataforma de intercambio, la cual contará con el acompañamiento de la Profeco para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional. Este sistema permitirá a los aficionados intercambiar boletos adquiridos previamente por otros partidos, sin posibilidad de obtener ganancias económicas.
¿Habrá exención de impuestos?
Sheinbaum también desmintió versiones sobre supuestos beneficios fiscales excesivos otorgados a la FIFA. Explicó que, tras una revisión de acuerdos firmados entre 2015 y 2018, la Secretaría de Hacienda redujo las exenciones fiscales, pasando de varios años a solo uno. Aclaró que estos beneficios aplican únicamente a las personas y entidades directamente involucradas en la organización del torneo, y dentro de los límites del marco jurídico vigente.