En días recientes, durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue clara, firme y directa: México no aceptará la participación del ejército de Estados Unidos en territorio nacional para combatir al narcotráfico. “Hemos dicho que no, orgullosamente”, afirmó. La frase no es menor. Encierra una postura histórica de defensa de la soberanía nacional, pero también abre un debate mucho más profundo sobre lo que realmente significa combatir el narcotráfico en América del Norte.
Porque la pregunta central no es si Estados Unidos debe intervenir militarmente en México. La pregunta real es: ¿Estados Unidos está dispuesto a asumir su parte del problema?
Durante décadas, el discurso dominante en ciertos sectores políticos estadounidenses ha intentado simplificar el fenómeno del narcotráfico. Según esa narrativa, el problema está al sur de la frontera: carteles violentos, producción de drogas y territorios sin control. Pero esa visión ignora deliberadamente dos factores fundamentales sin los cuales el narcotráfico simplemente no tendría la escala que hoy tiene: el mercado consumidor estadounidense y el flujo masivo de armas provenientes de ese mismo país.
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México enfrenta una violencia brutal alimentada por organizaciones criminales cada vez más sofisticadas. Pero esas organizaciones no operan en el vacío. Operan dentro de una economía criminal binacional.
Las cifras son contundentes. Diversos estudios y reportes oficiales señalan que aproximadamente el 75% de las armas de fuego utilizadas por grupos criminales en México provienen de Estados Unidos. Muchas de ellas son armas de alto poder que cruzan la frontera de manera ilegal a través de redes de tráfico que operan con sorprendente facilidad. Algunas incluso provienen de fabricantes que producen armamento originalmente diseñado para uso militar.
Es decir, mientras México combate a los grupos criminales en su territorio, esos mismos grupos se arman con productos comprados, traficados y distribuidos desde el otro lado de la frontera.
Es difícil hablar de una lucha conjunta contra el narcotráfico cuando una de las partes enfrenta a organizaciones criminales que están abastecidas por el propio mercado del país vecino.
Pero el problema no termina ahí. El otro gran motor del narcotráfico es la demanda. Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado consumidor de drogas en el mundo. Millones de personas consumen opioides, fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras sustancias cada año. Esa demanda genera ganancias multimillonarias que alimentan la estructura financiera de los càrteles.
En términos económicos, el narcotráfico funciona como cualquier otro mercado: hay oferta porque existe una demanda enorme.
Si el consumo en Estados Unidos no disminuye de forma significativa, la presión para producir, transportar y distribuir drogas seguirá existiendo. Y mientras ese incentivo económico permanezca intacto, nuevos grupos criminales surgirán incluso si los actuales son debilitados.
Por eso la postura del gobierno mexicano es relevante. Decir “no” a la presencia de tropas estadounidenses no significa negarse a cooperar. Significa algo mucho más importante: exigir una cooperación basada en corresponsabilidad.
México ha pagado un precio altísimo en esta guerra. Decenas de miles de vidas perdidas, comunidades afectadas por la violencia, instituciones sometidas a una presión constante y enormes recursos públicos destinados a seguridad. Es un esfuerzo que lleva más de tres décadas.
Pero ese esfuerzo no puede ser unilateral.
La lógica de enviar tropas estadounidenses a México parte de una premisa equivocada: que el problema está localizado únicamente en territorio mexicano. En realidad, el fenómeno es profundamente transnacional.
Las armas cruzan de norte a sur. Las drogas cruzan de sur a norte. El dinero del narcotráfico circula por sistemas financieros internacionales.
Pretender resolver este problema únicamente con operaciones militares en México es ignorar la mitad —o más— de la ecuación.
Si Estados Unidos realmente quiere contribuir a una solución, hay tres frentes donde su acción sería mucho más efectiva que cualquier despliegue militar.
El primero es el control del tráfico de armas. Durante años, México ha pedido medidas más estrictas para evitar que armamento de alto poder llegue a manos del crimen organizado. Esto implica mayor supervisión a vendedores, controles más rigurosos, investigaciones sobre redes de tráfico y cooperación judicial real.
El segundo es el combate al lavado de dinero. Las ganancias del narcotráfico no se quedan enterradas en la sierra. Se mueven a través de bancos, empresas fachadas y sistemas financieros que muchas veces operan dentro de Estados Unidos o pasan por su sistema bancario.
El tercer frente es quizás el más complejo: reducir el consumo de drogas dentro de la propia sociedad estadounidense. Eso requiere políticas de salud pública, prevención, tratamiento de adicciones y una reflexión profunda sobre las causas sociales que alimentan esa demanda.
Ninguna de estas tareas es sencilla. Pero todas son indispensables. La relación entre México y Estados Unidos es una de las más importantes del mundo. Comparten más de 3,000 kilómetros de frontera, un intercambio comercial que supera los 800 mil millones de dólares al año y una integración económica que afecta directamente a millones de trabajadores en ambos países. Precisamente por esa cercanía, los problemas también son compartidos.
El narcotráfico no es un problema exclusivamente mexicano ni exclusivamente estadounidense. Es un fenómeno regional que requiere soluciones regionales.
Enviar tropas puede ser un gesto político llamativo, especialmente en tiempos electorales. Pero no resolverá las raíces del problema. Lo que sí podría marcar una diferencia real es que Estados Unidos asuma con la misma intensidad la responsabilidad de frenar el flujo de armas y reducir la demanda de drogas.
México está haciendo su parte. Sus fuerzas armadas, sus instituciones de seguridad y sus comunidades enfrentan diariamente las consecuencias de esta violencia.
Lo mínimo que puede exigirse a su principal socio comercial, aliado estratégico y vecino inmediato es que haga lo mismo. La seguridad en América del Norte no se construirá con intervenciones unilaterales ni con discursos simplistas. Se construirá con responsabilidad compartida.
Porque si una sola parte carga con el peso de esta lucha, la batalla está perdida desde el inicio.