Recientemente terminé de leer “The Backslider: Why Leaders Undermine Their Own Democracies” de la politóloga Susan C. Stokes. El libro aborda un fenómeno cada vez más visible en el siglo XXI: la erosión gradual de la democracia desde dentro del propio poder político. Esta erosión no es inherente sólo a países en desarrollo, pues la tendencia se ha observado tanto en democracias frágiles como en sistemas institucionales consolidados, desde México y Ecuador hasta Estados Unidos y Reino Unido.
Stokes explica que el deterioro democrático rara vez comienza con un golpe abrupto: se da cuando líderes políticos aprovechan coyunturas favorables para llegar al poder: errores estratégicos de la oposición, crisis económicas o caídas de popularidad de los partidos tradicionales. Sin embargo, detrás de estas oportunidades aparece una variable económica clave: el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de la desigualdad.
En sociedades más desiguales, sostiene la autora, aumenta la probabilidad de que surjan liderazgos dispuestos a debilitar las reglas democráticas para consolidar el poder. La desigualdad además de generar frustración social, también da paso a condiciones políticas que facilitan la aparición de proyectos personalistas. Según su investigación, en países con altos niveles de desigualdad la probabilidad anual de retrocesos democráticos puede alcanzar el 32%, mientras que en países más avanzados ronda el 9%. México, con un índice de Gini cercano a 43 en 2022, es jugador principal en esa discusión.
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El proceso suele desarrollarse en dos frentes. El primero es vertical, dirigido contra la ciudadanía y el espacio público: ataques constantes a medios independientes, campañas de desprestigio contra voces críticas y una narrativa política que busca polarizar a la sociedad entre “pueblo” y “no pueblo”, generando el famoso enemigo en común.
El segundo frente es horizontal, enfocado en las instituciones que funcionan como contrapesos del poder ejecutivo. En este terreno se busca desacreditar organismos autónomos, debilitar al poder judicial o reformar las reglas electorales bajo el argumento de “democratizar” estructuras supuestamente corruptas o elitistas.
En México, desde 2018, varias de estas dinámicas han aparecido con claridad. El enfrentamiento permanente con medios críticos en las mañaneras, que continúan al día de hoy, el discurso polarizante y las reformas institucionales presentadas como proyectos de regeneración política forman parte de ese proceso.
La reforma al poder judicial es quizá el ejemplo más ilustrativo. Vendida como una estrategia para combatir corrupción y despilfarro, sus críticos advierten que podría facilitar la llegada de perfiles leales al proyecto político dominante, debilitando criterios técnicos y trayectorias profesionales. Esta lógica es propia de los liderazgos que erosionan la democracia: suelen privilegiar la lealtad sobre la capacidad o experiencia.
El debate sobre posibles reformas electorales y los cuestionamientos recurrentes al Instituto Nacional Electoral apuntan en la misma dirección: reducir la autonomía de los contrapesos institucionales.
Stokes cierra con una advertencia inquietante. Cuando un golpe de Estado destruye una democracia, todo espacio para resistir desaparece de inmediato. Pero cuando el deterioro ocurre gradualmente desde el poder, ese espacio todavía existe, aunque sea por un tiempo. Por lo que queda en todos los que valoramos la democracia -o aquellos que temen la autocracia- utilizar ese margen con coraje y creatividad.