La gestión de los recursos hídricos en México atraviesa un punto de inflexión. El acceso al agua no es solo un motor esencial para la productividad económica, sino un derecho humano fundamental que el Estado está obligado a garantizar. No obstante, la trayectoria presupuestaria de la inversión en el sector muestra una disparidad entre los objetivos de seguridad nacional y la asignación de recursos.
México enfrenta una crisis hídrica que afecta de forma diferenciada a las regiones del país. Actualmente, el 13.7 % de las cuencas (104 de 757) observan una disponibilidad crítica. Esta vulnerabilidad física impacta de manera directa en el bienestar social: de acuerdo con la ENIGH 2024, aunque el 84.8 % de los hogares cuentan con conexión a la red pública, la exclusión formal y la intermitencia del servicio dejan a 35 millones de personas sin agua de calidad y cantidad suficiente.
Esta precariedad es el resultado de más de una década de desatención presupuestaria. Tan sólo entre 2013 y 2021, el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como proporción del PIB pasó del 0.26 % al 0.12 %. A lo anterior, se suma una infraestructura que reporta pérdidas de hasta el 50 % por fugas en los sistemas de captación y distribución.
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Frente a este rezago, la actual administración articuló en el Plan México una inversión de 186 mil 567 millones de pesos para el período 2025-2030. No obstante, aunque parece un monto elevado sigue siendo limitado pues representa el 0.08 % del PIB anual, en promedio, lo cual está lejos del umbral del 1.3 % al 1.5 % del PIB sugerido por la CEPAL para garantizar la seguridad hídrica en la región.
Para 2026, la inversión física de Conagua está orientada a la creación y rehabilitación de activos, que concentrará el 70 % del presupuesto de la dependencia. Proyectos estratégicos como el Plan Integral para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y la tecnificación de 240 mil hectáreas de riego sustentan la actual política de inversión.
El éxito de esta política no dependerá únicamente de la ejecución de obra pública, sino de la implementación de indicadores de resultados que transformen la inversión en disponibilidad real de agua. Sin un incremento sustancial en el techo presupuestal y una planeación que considere la resiliencia climática, el sector continuará operando bajo una lógica de reacción y de rendimientos decrecientes, donde la infraestructura nueva operará bajo restricciones presupuestarias crecientes.
Ante la crisis hídrica se requiere de una inversión pública que deje de actuar como variable de ajuste y se convierta en la base de una seguridad nacional efectiva y permanente. Si te interesa saber más, lee la investigación completa en ciep.mx
Katherine Olvera Juárez*
Estudiante de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó su servicio social en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el área de Apoyo en el Desarrollo de Política del Sector Petrolero, donde participó en el análisis y sistematización de información para la formulación de propuestas en materia energética. Sus áreas de interés incluyen la macroeconomía y la economía conductual. Actualmente se desempeña como investigadora en temas de Energía y Medio Ambiente, con especial énfasis en la importancia de que la transición energética incorpore criterios de justicia y equidad social. Le interesa impulsar una política fiscal que promueva una transición energética orientada al desarrollo sostenible.