El silencio de los pinos en Tapalpa no se quebró aquella mañana de domingo 22 de febrero con un estruendo, sino con una palabra que, en el papel, debería ser ley: "Entréguese". Sin embargo, la orden fue ignorada y el intercambio de fuego escribió el desenlace que hoy conocemos.
El pasado martes 10 de marzo, el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo reconstruyó los últimos minutos de Nemesio Oseguera Cervantes. Presentó una narrativa que transita entre el deber militar y la cruda realidad del fuego cruzado. Según el alto mando, no se buscaba un cadáver, sino un detenido; sin embargo, el armamento y la determinación de "El Mencho" escribieron un guion muy distinto sobre la tierra húmeda de Jalisco.
La crónica oficial nos habla de dos actos teñidos de luto: primero, las cabañas; luego, la espesura del bosque. La operación le costó la vida a tres efectivos militares; tres familias rotas en el cumplimiento de una orden. El General fue claro: "Si se está muriendo nuestra gente, tienen derecho a defenderse". Es una frase que justifica el uso legítimo de la fuerza, pero que también desnuda la vulnerabilidad institucional frente a grupos que no conocen de códigos ni de rendiciones. El hecho de que se brindaran primeros auxilios al agresor antes de subirlo al helicóptero intenta proyectar a un Ejército apegado a protocolos; un esfuerzo por humanizar el caos incluso en el umbral de la muerte.
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La frialdad del acta de defunción 3830
Tras el humo del combate, surgen las preguntas inevitables: ¿Dónde murió realmente Oseguera? ¿Por qué el acta de defunción número 3830 sitúa el deceso a las 10:30 horas en el municipio de Tapalpa y no a bordo de la aeronave militar que, supuestamente, lo trasladaba aún con vida?
Esta discrepancia no es un tecnicismo menor. El documento, expedido el 28 de febrero de 2026, es frío: "Conjunto de traumatismos penetrantes en tórax, abdomen y miembros inferiores". Para la narrativa forense, el corazón de Oseguera dejó de latir en el sitio del conflicto. Fijar el deceso en el lugar de los hechos quizá simplifica la jurisdicción, pero alimenta el escepticismo de quienes buscamos transparencia total. En ese terreno, la Fiscalía General de la República (FGR) parece no haber pasado el examen de la congruencia. En un primer comunicado (10/26), fechado el 23 de febrero, dicen claramente que el Ministerio Público Federal "ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida en su traslado a la Ciudad de México".
¡Es claro! No entendemos el porqué redactaron el acta de defunción de esa manera.
Esa mañana, Trevilla sostuvo que el personal de Sanidad Militar determinó la urgencia de una evacuación. "Estaban muy graves", afirmó. Se solicitó un helicóptero y, según su relato, el capo falleció en el trayecto a la Ciudad de México. Sin embargo, ante la punzante duda de la reportera Reyna Haydee Ramírez sobre evidencias visuales, el discurso se volvió pétreo:
— “¿Y se toman fotos? ¿Cómo puede saber el pueblo que no lo mataron de otra manera?” —inquirió la sonorense con agudeza periodística.
— “La Fiscalía hizo toda la necropsia de ley... es la manera en que se puede comprobar que se apega a la ley” —respondió el General de manera categórica.
— “¿Pero ustedes sí tienen pruebas de cómo fue, no?” —insistió ella.
— “Todo se entregó a la FGR” —sentenció Trevilla, cerrando el tema.
El teatro del descuido
Días antes, el martes 3 de marzo, el periodista Jorge Chaparro, de Meganoticias, puso el dedo en la llaga: ¿por qué las escenas del crimen de alto perfil parecen puertas giratorias? Cuestionó el acceso indiscriminado a las propiedades ligadas al capo, tanto en Tapalpa como en el Rancho Izaguirre; sitios que debieron ser santuarios del rigor ministerial terminaron convertidos en sets de grabación.
La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue un deslinde inmediato hacia el órgano autónomo: "Tiene que explicarlo la Fiscalía", sentenció. Según la mandataria, aunque la Defensa realizó el operativo, el resguardo legal era tarea de la FGR. El quid del asunto fue que tal resguardo nunca existió pero durante semanas guardaron silencio; el argumento posterior de la institución resulta pueril.
La lógica quebrada
Tras casi dos semanas de silencio desde que lo pidió la presidenta, la FGR respondió con 23 líneas en el comunicado 141/26, fechado el 16 de marzo; una pieza que conviene retener. Sobre ella, hice un comentario en la red social YouTube.
El núcleo del mensaje no es la captura, sino la invalidación de las pruebas encontradas por terceros. La Fiscalía establece que la urgencia del traslado de Oseguera impidió el resguardo inmediato y admite que, al no haber vigilancia, "personas ajenas" ingresaron a los inmuebles, contaminando la escena y rompiendo la cadena de custodia.
Aquí es donde la narrativa oficial se desmorona: la institución presume una "eficiencia" que choca de frente con la realidad, pues admite haber dejado seis inmuebles desprotegidos el tiempo suficiente para que la custodia se esfumara. Si el enfrentamiento ocurrió en "campo abierto", ¿por qué no se resguardó el perímetro de las fincas? Ese vacío de autoridad fue llenado por la urgencia de reporteros y civiles, quienes documentaron lo que el Estado prefería mantener en la sombra: las presuntas nóminas de la corrupción.
Ese es, precisamente, el oficio sagrado del periodismo de investigación. Me tocó analizar este fenómeno conversando con mi amigo Bernardo Barranco en el programa Sacro y Profano de Canal 11: "La religiosidad de El Mencho".
Ahí, y gracias a la agencia Reuters, nos asomamos a un altar donde las veladoras aún conservaban el rastro fresco de la cera derretida; una devoción interrumpida. Allí, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Martín Caballero, San Judas Tadeo y San Chárbel se erigían como un escudo simbólico con el que el michoacano pretendía, inútilmente, frenar el avance de su propio destino.
Entre las pertenencias destacaban misivas del círculo íntimo, escritas con la calidez del puño y letra; además del Salmo 91 pidiendo protección, comenté el porqué no usar el Salmo 51 que se refiere a una oración de arrepentimiento.
¿Error o diseño?
Casi un mes después, la FGR nos advierte, casi con alivio, que esa evidencia es ahora "basura legal". Pero, ¿cómo se explican que en el comunicado 104/26 señalen claramente que "personal ministerial, pericial y de Policía Federal Ministerial (PFM) viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos"? En ese mismo texto reconocen haber llevado "a cabo las diligencias necesarias con motivo de las investigaciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos".
Incluso precisan que el Gabinete de Seguridad puso a disposición de la Fiscalía Especializada "armamento diverso, que incluye fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, así como a dos posibles integrantes de una organización criminal".
No sabemos por qué la FGR no aseguró el inmueble ni resguardó la cadena de custodia, si ellos mismos reconocen haber viajado al lugar de los hechos. ¿Por qué dejarlo sin custodia?
Pero hay un dato adicional. Una nota fechada en Tapalpa el 26 de febrero, firmada por los reporteros Gustavo Castillo García y Juan Carlos G. Partida, de La Jornada, el texto describe el caos y abandono repentino en el interior de las fincas tras el operativo. Se detalla un escenario de "huida a tropel" con pertenencias personales, comida a medio consumir y mobiliario desordenado.
Destaca la opulencia y el simbolismo religioso del lugar, y lo más relevante a nivel judicial es el hallazgo de la "narconómina": peritos localizaron documentos que detallan pagos desde 10 mil hasta cientos de miles de pesos, dirigidos a personajes identificados mediante claves en diversas partes del país.
O sea, que sí resguardaron esas evidencias; los reporteros no mienten.
¿Entonces por qué cambiar las cosas ahora? Algo no gustó en el trabajo del periodismo de investigación, hasta hoy no sabemos qué fue.
Cuando el periodista es solo "persona"
Por otro lado, al llamar a los colegas simplemente "personas", la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy evita el conflicto directo con la libertad de expresión, pero construye un "chivo expiatorio" perfecto. La institución intenta convencer de que la culpa no radica en la ausencia de peritos o en el abandono del Ministerio Público, sino en la "incómoda" curiosidad de quien se atrevió a mirar lo que nadie quería que se viera.
El comunicado del 16 de marzo de la fiscalía es una pieza de orfebrería retórica; la persona que lo redactó no se fijó en el anterior del 23 de febrero, ya que afirma que la presencia de estas "personas" fue lo que "alteró y contaminó la escena". Al elegir un término tan genérico, negándose a nombrarlos como periodistas, reporteros o comunicadores, la fiscalía dispara en dos direcciones. Primero, intenta criminalizar el oficio —lo cual es grave— y, al despojarlos de su identidad profesional, los reduce a intrusos comunes que irrumpieron en una propiedad bajo una custodia que, en los hechos, nunca existió. Es una narrativa perversa: culpar a los medios de contaminar lo que los peritos nunca pisaron por miedo o incapacidad.
Muchas preguntas siguen sin responder y la titular de la Fiscalía no ha dado la cara en la mañanera, como sí la dio —con sus asegunes— el exfiscal Alejandro Gertz Manero. Al final, en México la justicia no siempre se pierde en el juicio; a veces se escapa por la puerta que alguien, muy convenientemente, olvidó cerrar.
La FGR hoy está reprobada. Queda en el aire por qué la institución sitúa la muerte de “El Mencho” en Tapalpa y no en la aeronave militar
PD. Al parecer, la luna de miel con los partidos aliados ha terminado. La derrota del Plan A fue un golpe seco, y lo que hoy emerge con el Plan B no es una alianza de convicciones, sino un matrimonio por contrato; uno con cláusulas de rescisión estrictas y vigencia limitada. Todo se reduce a un objetivo pragmático: asegurar que, en 2027, el nombre de Claudia Sheinbaum en la boleta electoral sea el combustible necesario para alcanzar esa esquiva mayoría calificada.