Hace unas semanas, la atención sobre las políticas migratorias estadounidenses estaba enfocada en los incidentes en el estado de Minnesota. Las circunstancias han cambiado.
La conversación sobre la migración, la pertenencia a algún grupo étnico, la sociedad y la identidad nacional fue capturada por el Super Bowl. Esta discusión general es un medio para conocer las ideas circulantes e identificar sus coincidencias y diferencias, muchas veces impregnadas de errores y prejuicios. Por ejemplo, dentro del espectro social conservador, el espectáculo del estadounidense Bad Bunny fue objeto de llamados para un operativo migratorio por la presencia de tanto latino en el lugar. Por otro lado, dentro del grupo progresista, se escuchan a activistas llamando traidores a agentes de ICE de origen latino. Aquí hay una confusión coincidente. Hay que recordar que la nacionalidad y la pertenencia a un grupo étnico son cosas distintas.
De ahí sale la importancia, como he comentado anteriormente, de observar los procesos judiciales relacionados con estos temas. En esos espacios coinciden, y a veces chocan, las percepciones sociales y los principios legales formales.
Te podría interesar
Por ejemplo, en el caso de Liam Ramos, aquel niño de cinco años que quedó en custodia de ICE junto con su papá, el Juez federal que escuchó el caso del habeas corpus (algo parecido a un amparo) ordenó la liberación de ambos al considerar que su detención no se justificaba legalmente. Lo interesante del caso es que el juez, al emitir su sentencia, la imprimió añadiendo una foto del niño junto al espacio para su firma.
Otro momento altamente interesante fue el ocurrido en la Corte Federal en Minneapolis, cuando el Juez Jerry Blackwell “regañó” a la Abogada del Departamento de Justicia Julie Le -precisamente en otro proceso de habeas corpus- diciéndole que la abrumadora mayoría de los cientos de detenidos por ICE que le había tocado analizar, habían sido de personas que se encontraban de manera legal en el país, y que por lo tanto no existía justificación para su detención, o para que el gobierno no ejecutara inmediatamente las órdenes judiciales para su liberación. La respuesta de la abogada fue, en resumen, que su trabajo era horrible; que su representado (ICE) no le hacía caso cuando transmitía las órdenes de la Corte; que al no ser ella de raza blanca también temía por la detención arbitraria de su familia; que había sido una estupidez aceptar ese trabajo; y que ojalá la Corte ordenara su arresto para poder esconderse de sus obligaciones. ICE despidió a la abogada. Si bien hay severos cuestionamientos éticos sobre la conducta de la abogada en su trabajo, el incidente es otra ventana a cosas que casi nunca conocemos.
No menos importante será leer con detenimiento las decisiones y el análisis de los casos relacionados con las muertes de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, ocurridas en incidentes separados con agentes de ICE. De lo contrario, se corre el riesgo de interpretar ligeramente dichas conclusiones. Por ejemplo, si las autoridades deciden no ejercer acción penal contra los agentes involucrados, seguro habrá quien piense que ello es la confirmación de que los agentes federales tienen la facultad de aplicar fuerza letal sobre cualquier manifestante. Por otro lado, si se decide llevar a juicio a los agentes, habrá quien imagine que eso es una reivindicación del derecho de todo manifestante a encarar oficiales o asomarse a un operativo de las autoridades. Ambas conclusiones equivocadas. La autoridad debe seguir protocolos para aplicar de manera escalonada la fuerza, y los particulares no tienen un derecho propio a intervenir en operativos policiales.
Igual de importante será el desarrollo del caso de la maestra estadounidense Marimar Martinez, a quien agentes de ICE en Chicago le dispararon en cinco ocasiones por estar usando su vehículo de manera agresiva contra ellos. Incluso, fue arrestada al salir del hospital. Sin embargo, la Corte desestimó su acusación por que los videos del incidente no corroboraron la historia dada por los agentes. Se inició una nueva investigación.
Menos conocido es el caso del estadounidense Ruben Ray Martinez, quien en marzo de 2025 fue muerto por agentes de ICE en la Isla del Padre, TX, al no detener su vehículo en un retén. Hay una investigación pendiente.
Hay similitudes en estos casos, pero también grandes diferencias. Los detalles definirán la conclusión en cada uno. Es necesario atender a los criterios de hecho y de derecho que se establezcan en estas investigaciones, y potenciales juicios, para ayudarnos a distinguir la frontera entre los derechos de las personas y las facultades de las autoridades.