Con la reforma político-electoral de 2014, el Legislativo determinó que ahora la nueva institución electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), construida con los cimientos del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), tuviera atribuciones adicionales, una de ellas la relativa a la fiscalización electoral ya no solo para las elecciones federales, también para las elecciones locales.
La fiscalización constituye una piedra angular en nuestro sistema democrático ya que su objetivo es que la autoridad electoral revise y fiscalice el origen y destino de los recursos que son utilizados por las y los aspirantes, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, a las candidaturas independientes, así como a los partidos políticos y/o coaliciones.
Bajo este contexto, además de las elecciones judiciales que se desarrollaron en este año, tuvimos elecciones locales en los estados de Durango y Veracruz. En Durango se renovaron sus 39 presidencias municipales, las 39 sindicaturas de mayoría relativa, y las 327 regidurías de representación proporcional. En Veracruz, se renovaron las 212 presidencias municipales; las 212 sindicaturas de mayoría relativa y 524 regidurías de representación proporcional, así como 106 regidurías de primera minoría. En total, 1,459 cargos de elección popular estuvieron en disputa.
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En este sentido, el pasado 28 de julio en una sesión del Consejo General el INE, su autoridad máxima de deliberación y decisión, analizó y aprobó los Dictámenes consolidados de la revisión que hiciera de los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes que compitieron en estas elecciones a los cargos de las presidencias municipales en dichas entidades federativas.
El INE reportó que fueron revisados 1,314 informes que correspondieron a 1,291 candidaturas de partidos políticos y coaliciones, así como de 16 candidaturas independientes: 200 de Durango y 1,114 del estado de Veracruz.
Esta revisión se tradujo en la revisión de ingresos por un monto de 224 millones 965 mil 404.22 pesos por gastos que ascendieron a la cantidad de 225 millones 129 mil 018.89 pesos. Consecuentemente, el INE impuso sanciones por 7 millones 515 mil 802 pesos en Durango y 21 millones 414 mil 829 pesos para el estado de Veracruz.
Estas sanciones derivan de la facultad que tiene el INE, a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, no solo de la revisión documental, sino del trabajo constante en campo, del monitoreo de la propaganda electoral registrada y observada tanto en la vía pública como en internet, el monitoreo permanente a medios de comunicación, visitas de verificación, entre otras.
Es de llamar la atención que, entre las irregularidades encontradas durante el periodo de las campañas electorales, es decir, en el espacio en el que las y los candidatos buscan al electorado para presentarse ante ellas y ellos, mostrar sus propuestas y conducirse como personas íntegras dignas de la confianza ciudadana para recibir su voto, el INE encontró la presentación extemporánea de avisos de apertura de cuentas bancarias, diferencias de egresos, gastos no reportados a la autoridad electoral, la no presentación de informes de campaña, entre otros.
Queda claro que la fiscalización, entonces, es un elemento fundamental de transparencia y de rendición de cuentas de todas las personas, partidos políticos y coaliciones que participan en los procesos electorales; sanciona a quienes violentaron la norma electoral; garantiza la consolidación de nuestra democracia y permite a la ciudadanía confiar en su autoridad electoral.
No obstante, y ante la anunciada reforma electoral muchos aspectos deben analizarse para fortalecer la fiscalización electoral de lo que hablaremos en otra ocasión.