El derecho a la educación es un pilar fundamental para el desarrollo personal y profesional de cada individuo. Sin embargo, cuando los padres optan por educar a sus hijos en casa (home schooling), surgen desafíos relacionados con la regulación, certificación y acceso a herramientas educativas. Un reciente fallo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Nuevo León(1), pone de relieve la importancia de garantizar el acceso equitativo a la educación, independientemente del método de enseñanza elegido.
En septiembre de 2021, los padres de un menor de siete años solicitaron a las autoridades educativas de Nuevo León el temario del examen que su hijo debía presentar para reincorporarse al sistema escolar tradicional. A pesar de que la ley contempla la posibilidad de presentar un examen global de conocimientos, las autoridades se negaron a proporcionar el material solicitado, dejando a los padres sin una guía clara para preparar al menor.
Tras agotar varias instancias, los padres recurrieron a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, que ordenó a la Subsecretaría de Educación Básica entregar la información. No obstante, la dependencia no acató la resolución, lo que llevó a los padres a promover un juicio de amparo en defensa del derecho a la educación de su hijo.
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El Tribunal Colegiado determinó que la negativa de las autoridades educativas violaba el derecho fundamental del menor a la educación.
Argumentó que, si bien los padres tienen la libertad de optar por la educación en casa, el Estado sigue siendo responsable de proporcionar herramientas que permitan a los menores acceder y reincorporarse al sistema educativo sin barreras injustificadas. En consecuencia, ordenó a las autoridades entregar el temario requerido y notificó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para garantizar la protección del menor.
Este caso abre un debate sobre el equilibrio entre la autonomía de los padres en la educación de sus hijos y la responsabilidad del Estado en garantizar que todos los menores tengan acceso a una educación de calidad. Si bien el home schooling es una alternativa legítima, su regulación debe garantizar que los niños reciban una formación adecuada y que puedan reincorporarse al sistema educativo sin obstáculos administrativos.
Las autoridades educativas deben modernizar sus procesos para adaptarse a la realidad de la educación en casa, estableciendo mecanismos claros para la certificación y reincorporación de los estudiantes. La falta de transparencia y de procedimientos definidos no solo afecta a las familias que eligen este modelo educativo, sino que también debilita la garantía del derecho a la educación.
El fallo del Tribunal no solo beneficia a esta familia en particular, sino que sienta un precedente importante para todas aquellas que enfrentan dificultades similares. Al final, la educación es un derecho y una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, y su acceso no debe depender de la modalidad elegida por cada familia.
1. Queja 227/2022