Luego de una elección inédita en nuestro país por el que la ciudadanía pudo votar por diversas personas para distintos cargos del Poder Judicial de la Federación, el pasado 26 de junio en la reanudación de la sesión que el 18 de junio se había declarado en receso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la validez de la de la elección de magistradas y magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como de juezas y jueces de Distrito, realizó y emitió la sumatoria nacional de las elecciones y procedió a la asignación de las personas que obtuvieron el mayor número de votos, en forma paritaria, para los cargos descritos.
Con esto el INE concluyó con la declaración de validez de cada uno de los seis tipos de elección y ahora le corresponderá entregar las constancias de mayoría a estos juzgadores de estos cargos el próximo 3 de julio del año en curso.
No obstante, vale la pena destacar algunos aspectos registrados durante el desarrollo de la sesión de su Consejo General, su máximo órgano de decisión, que resultaron por demás interesantes.
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De entrada, el INE procedió a la verificación de un total de 847 expedientes de las personas candidatas a juzgadoras que obtuvieron el mayor número de votos; 462 correspondieron a personas para magistraturas de Circuito y 385 para jueza o juez de Distrito.
De este universo el INE determinó que 46 personas candidatas no eran elegibles a estos cargos; 24 correspondientes al cargo magistratura de Circuito y 22 al cargo de jueza o juez de Distrito.
Los motivos fundamentales para esta determinación del INE se basaron en que estas personas no cumplieron con los promedios mínimos para el grado de licenciatura y, de la especialidad requeridos en la Constitución, luego de una revisión por parte de las áreas técnicas de dicha institución. No obstante, las personas que se sientan afectadas por esta determinación podrán recurrir al órgano jurisdiccional respectivo a impugnar lo que a su derecho convenga y será esta instancia quien resuelva, en definitiva.
Sin embargo, de confirmarse lo resuelto por el INE dejaría una alerta importante a este ejercicio que se lleva a cabo en nuestro país por primera vez: la posible participación de personas candidatas a juzgadoras que no cumplieron la ley.
Ahora bien, existe otro proceso de revisión a cargo del INE que observaremos en los próximos días: el resultado que el INE presente sobre el proceso de fiscalización practicado a las y los candidatos que participaron en este proceso electoral judicial.
La fiscalización consta de la revisión del origen, monto y destino de los recursos que utilizaron las personas candidatas a un cargo judicial de acuerdo con la información comprobatoria que debieron registrar en su oportunidad, en el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MECIF).
Asimismo, el INE revisa, de acuerdo con la normativa electoral que, para esta elección judicial, las personas candidatas no hayan recibido o utilizado recursos de origen público o privado de terceros; la no intervención de partidos políticos; que no hayan rebasado los topes establecidos, entre otros.
Es importante referir que, para el caso de la fiscalización practicada a los partidos políticos en las elecciones en donde es renovado el poder Legislativo, por ejemplo, el INE ha detectado diversas inconsistencias que van desde la omisión de información hasta diversas infracciones a la legislación electoral.
Para el caso de esta elección judicial la máxima sanción que el INE podría interponer sería la cancelación del registro de la candidatura, aún si fue entregada la constancia de mayoría respectiva.
Como podemos observar, queda aún mucha historia de este primer ejercicio electivo de las personas juzgadoras.