El caso Televisa Leaks no solo encendió alertas sobre posibles campañas de desinformación orquestadas desde dentro de una televisora. También abrió una discusión más compleja —y peligrosa— sobre el impulso de regular la verdad en el entorno digital.
El caso conocido como Televisa Leaks reavivó uno de los debates más incómodos del ecosistema digital: ¿quién debe hacerse responsable de los contenidos que circulan en redes sociales, especialmente cuando se trata de desinformación orquestada con fines de ataque? Y más aún: ¿qué tan útil —o peligrosa— puede ser la tentación de regular “la verdad”?
Los señalamientos presentados por Aristegui Noticias abrieron una caja de Pandora que excede al medio y a la televisora señalada. En uno de los ejemplos más graves, se mostró cómo se posicionó en redes una falsa historia sobre un abuso sexual cometido por el hijo de una figura pública, acompañada de videos con supuestos padres de la víctima —que no lo eran. El montaje, si bien posteriormente desmontado, tuvo impacto real. Y por un momento, pareció verdad.
Te podría interesar
Y ese es, quizá, el mayor riesgo: que los ataques digitales no se sientan como tales. Que pasen por verdaderos. Que se parezcan tanto a lo verosímil que nadie se detenga a comprobarlos. Por eso, en escenarios como este, la mejor protección no proviene de regulaciones estrictas ni de filtros automáticos, sino de algo mucho más elemental y a la vez más difícil de garantizar: una ciudadanía con visión crítica, con capacidad de análisis, con herramientas para desconfiar, verificar y debatir. Apostar por la alfabetización mediática no es un lujo, es una defensa.
Lo que deja al descubierto Televisa Leaks no es solo la existencia de posibles campañas coordinadas de desinformación, sino algo más inquietante: la facilidad con la que un ataque puede disfrazarse de verdad. Cuando los contenidos se presentan con la estética, el tono y la lógica de lo verosímil, incluso quienes defienden la información verificada pueden caer en la trampa. Y si la mentira se parece demasiado a la verdad, la tentación de regular todo se vuelve casi inevitable. Pero ahí es donde reside el verdadero dilema: ¿cómo evitar los daños sin instalar un régimen que ponga en riesgo la libertad de expresión?
Aquí surge una precisión jurídica fundamental: estos actos no ocurrieron bajo el paraguas de una concesión de radiodifusión, ni en medios regulados como tales, sino en redes sociales y a título personal. Esto implica que ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones ni las defensorías de audiencias tienen competencia directa para intervenir o sancionar, por más preocupante que sea el contenido.
Tampoco hay, hasta ahora, evidencia de que los mensajes hayan sido difundidos a través de cuentas institucionales o en espacios formalmente vinculados a una concesión. Esto no significa impunidad, sino una precisión de alcance: el daño puede y debe ser investigado desde otras materias —por ejemplo, en lo civil, penal o incluso electoral— pero no bajo la lógica de la regulación de medios tradicionales.
Este caso también permite advertir el riesgo de una respuesta impulsiva: querer regular preventivamente lo que se publica en redes sociales, como si existiera una autoridad capaz de dictaminar en tiempo real qué es verdad y qué no. La paradoja es clara: la misma lógica que podría usarse hoy contra una operación digital, podría mañana ser usada para censurar denuncias legítimas.
La solución, si es que hay una, no está en ampliar competencias regulatorias con ambición punitiva, sino en fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y —sobre todo— el debate público informado. Lo que sí debe estar claro es que ninguna estrategia de ataque debería salir gratis. Pero eso no significa que cualquier expresión polémica o falsa pueda ser prevenida por diseño. Sería ingenuo pensarlo. Y peligroso intentarlo.