Un sistema democrático necesita alimentarse permanentemente de varios elementos para sostenerse, mantenerse viva, consolidarse y establecerse como un auténtico sistema de vida de todas y todos los que vivimos en sociedad.
México tiene un sistema democrático y entre los principales pilares que la sostienen se encuentran el que las personas cuenten con derechos y obligaciones; existe un pleno Estado de Derecho con las normas suficientes para ello; que exista una óptima participación en los asuntos de gobierno y en la renovación del poder público que se materializa a través de elecciones libres y auténticas; que las instituciones del estado sean sólidas, entre otros aspectos.
Un componente fundamental, como lo es en toda sociedad, es que tenga los controles suficientes para prevenir y erradicar la corrupción que es un elemento que gangrena el desarrollo pleno de un país, vuelve inestable a la democracia y, sobre todo, irrumpe el Estado de Derecho y la confianza ciudadana.
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El INEGI, presentó apenas el pasado 4 de diciembre, sus estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción que Naciones Unidas lo estableciera, a partir de 2003 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de su prevención y combate. (1)
De los resultados revelados por el INEGI destacan los siguientes aspectos:
Durante el primer semestre de 2025, 45.2% de las personas de 18 años y más que viven en áreas urbanas y que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, fueron víctimas de corrupción. La mayor prevalencia se dio en hombres (49.9%) que en mujeres (36.8%).
Las empresas también han sido víctimas de corrupción. En 2023 169 mil 769 empresas, que representa un 3.5% del total de ellas, fueron víctimas de corrupción, siendo las empresas medianas las más afectadas por actos de corrupción.
Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron, asimismo, un índice de Percepción de la Corrupción 2024 en donde destaca que México, en una escala de 0 a 100, donde 100 es la mejor calificación, obtuvo 26 puntos. Países punteros fueron, Dinamarca (90/100), Finlandia (88/100), Singapur (84/199), entre otros.
De 2012 a 2024 la tendencia de percepción en México ha empeorado, pues de obtener 35 puntos en 2012, en 2024 tuvo 26 puntos, es decir, 9 puntos menos.
Las claves que ambas instancias dictaminan para entender la corrupción en México es la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de las reformas en materia de transparencia, anticorrupción y al Poder Judicial; casos emblemáticos de impunidad como los de Odebrecht, Segalmex, entre otros; bajos niveles de sanción en materia de responsabilidades administrativas, y los crecientes casos de corrupción que involucran al crimen organizado; empresas “fantasma” que pudieran estar controladas por el crimen organizado y que incluso, pudieran ser contratadas por el gobierno.
En materia político electoral, el INE ha destacado públicamente que la corrupción genera un deterioro de las democracias. Así, desde la fiscalización que la autoridad electoral realiza a los recursos que reciben las personas candidatas, así como los partidos políticos ha advertido una serie de actos presuntamente relacionados con financiamiento ilegal, incluso con la posible intervención de grupos del crimen organizado.
Todos estos y otros más, relacionados con las multas que el INE ha impuesto en diversos momentos erosionan nuestra democracia y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía que es la columna vertebral de la democracia.
¿Qué se necesita? Leyes más estrictas como, por ejemplo, fortalecer la fiscalización y las atribuciones del INE en esta materia; sanciones más severas para las y los servidores públicos a los que se les demuestre actos de corrupción; un programa nacional de cultura cívica que permita reestablecer una comprensión y sensibilidad del daño que la corrupción trae a las democracias, entre otros aspectos.
Al final, queda en manos del Legislativo generar las leyes que la sociedad necesita y demanda.
(1) El INEGI describe que los datos se basan en la información de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 2020-2025; la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014-2024; el Censo Nacional de Gobierno Federal, y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2024.