Este año hemos sido testigos de varias elecciones presidenciales en América Latina y el Caribe, destacando el caso de México, República Dominicana, Panamá y, próximamente, Uruguay. En todas estas contiendas, ha quedado en evidencia la importancia de evaluar y proponer nuevas formas de abordar la seguridad ciudadana, uno de los problemas que más preocupan a las personas de la región. Los elevados índices de violencia, la debilidad institucional y la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad demandan políticas públicas que no solo mitiguen la inseguridad, sino que también ataquen las causas estructurales que la generan.
Las soluciones rápidas y cortoplacistas —como el aumento de presencia militar en las calles o el endurecimiento de penas— han demostrado ser insuficientes. Es imperativo adoptar un enfoque integral y estratégico, uno que, como señala el profesor Mark Moore, de la Universidad de Harvard, considere las complejidades del problema desde tres dimensiones clave: la viabilidad técnica, la viabilidad política y la capacidad de implementación. Este enfoque se conoce como el Triángulo Estratégico de Políticas Públicas, una herramienta crucial para diseñar políticas que respondan a las realidades locales y a las expectativas de los ciudadanos.
Para abordar la inseguridad en América Latina y el Caribe, es necesario un entendimiento profundo de las causas subyacentes de la violencia. Por ejemplo, es fundamental reconocer las desigualdades económicas, la exclusión social y la falta de oportunidades como factores que impulsan a muchos jóvenes hacia el crimen. Además, políticas como la creación de unidades de análisis criminal y la profesionalización de las policías deben ser evaluadas rigurosamente para asegurar su efectividad y enfoque técnico adecuado.
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Por otro lado, ninguna política puede ser implementada sin el apoyo de actores clave. En el contexto regional, donde la seguridad es un tema polarizador, los líderes políticos deben trabajar para generar consensos amplios que respalden las reformas necesarias. Esto incluye no solo a los partidos políticos, sino también a actores de la sociedad civil, el sector privado y, especialmente, a las comunidades más afectadas por la violencia. La confianza pública en las políticas de seguridad se construye mediante la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero esos dos elementos, el de apoyo político y enfoque técnico adecuado, son insuficientes si no existen las estructuras adecuadas para ejecutarla. En muchos países de la región, las instituciones de seguridad y justicia están fragmentadas, mal financiadas y carecen de los recursos humanos y tecnológicos para implementar reformas profundas. Fortalecer las capacidades institucionales es una tarea indispensable. Esto incluye la capacitación de los funcionarios de seguridad, la mejora de la infraestructura tecnológica y la adopción de sistemas de gestión basados en datos. En este sentido, proyectos integrales de modernización institucional pueden ser pasos importantes.
Un enfoque basado en el Triángulo Estratégico nos invita a ver la seguridad no solo como la ausencia de crimen, sino como un bien público que debe generar valor para toda la sociedad. Esto implica un cambio de paradigma: en lugar de políticas reactivas, necesitamos políticas preventivas que promuevan el desarrollo social y económico. Es decir, abordar la seguridad desde una perspectiva centrada en las personas, donde los derechos humanos, la inclusión y el bienestar social se convierten en pilares centrales de la política pública.
La discusión sobre cómo mejorar la cooperación interinstitucional, utilizar mejor los datos para la toma de decisiones y priorizar la reforma policial es un primer paso importante. Sin embargo, la clave del éxito radica en que las políticas de seguridad sean parte de un enfoque más amplio que incluya inversiones en educación, empleo y salud, creando un entorno donde la violencia no sea la única opción para los más vulnerables.
Los cambios en las administraciones de los gobiernos latinoamericanos y caribeños brindan una oportunidad para repensar las soluciones. Adoptar un enfoque estratégico, basado en el Triángulo de Políticas Públicas, permitirá diseñar reformas que no solo sean técnicamente viables, sino que también cuenten con el apoyo político necesario y puedan ser implementadas de manera efectiva. Solo así se podrá garantizar una sociedad más segura.